Por primera vez en la historia, la CIJ declara que los países que no cumplen con su deber climático pueden ser responsables jurídicamente. Vanuatu, la pequeña nación del Pacífico que lideró el desafío, celebra una victoria que podría redefinir la justicia ambiental global.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, ha establecido en un dictamen que las naciones tienen obligaciones legales vinculantes para proteger el sistema climático.
La decisión, calificada como un punto de inflexión para la justicia climática, afirma que la inacción podría constituir un «acto internacionalmente ilícito», abriendo la puerta a que los países más afectados exijan reparaciones.
En una opinión consultiva unánime, los jueces declararon que el cambio climático representa una «amenaza urgente y existencial» de proporciones planetarias. El tribunal determinó que todos los Estados tienen el deber, bajo el derecho internacional, de tomar las medidas necesarias para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente.
Esta responsabilidad no se limita a los acuerdos climáticos existentes como el Acuerdo de París. La Corte argumentó que las obligaciones se extienden a través de todo el «cuerpo del derecho internacional», incluyendo los tratados de derechos humanos y el derecho ambiental consuetudinario. Asimismo, el fallo consagra el «derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible» como un derecho humano fundamental, esencial para el disfrute de otros derechos básicos.
Un camino hacia la rendición de cuentas
La sentencia establece un precedente para la rendición de cuentas, especialmente para los mayores emisores históricos. El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, señaló que las consecuencias legales por el incumplimiento de estas obligaciones pueden incluir la «reparación íntegra» a los Estados perjudicados, ya sea mediante restitución, indemnización o satisfacción.
Para que se concedan reparaciones, deberá demostrarse en cada caso un «nexo causal suficiente, directo y cierto» entre el acto ilícito de un Estado y el daño sufrido por otro. La Corte también subrayó que los países deben regular a las empresas bajo su jurisdicción para controlar el daño causado por sus emisiones, sin importar dónde ocurra ese daño.
Este proceso de dimensiones históricas fue impulsado por Vanuatu, una nación insular del Pacífico Sur que, a pesar de ser uno de los países más vulnerables a los impactos climáticos, es responsable de una fracción mínima de las emisiones globales. La iniciativa, que comenzó en 2019 con un grupo de estudiantes de derecho del Pacífico, logró un apoyo sin precedentes en la Asamblea General de la ONU y culminó en esta consulta a la CIJ.
Ralph Regenvanu, ministro de cambio climático de Vanuatu, celebró la decisión como una «opinión muy fuerte» que superó las expectativas y que proporcionará una mayor influencia en las negociaciones climáticas futuras. El Secretario General de la ONU, António Guterres, la calificó como «una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes para marcar la diferencia».
Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son legalmente vinculantes, su peso moral y jurídico es poderoso, se espera que este fallo inspire y fortalezca los litigios climáticos en todo el mundo y presione a los gobiernos a adoptar medidas más ambiciosas, transformando el debate sobre el clima de una cuestión de voluntad política a una de obligación legal ineludible.
Un número cada vez mayor de casos (solo en 2024 se presentaron 226 nuevas demandas) en su mayoría relacionados con acusados gubernamentales pero también corporativos, están llegando a tribunales superiores como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, según un informe reciente del Grantham Research Institute sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, con sede en Londres, que ahora encuentran un considerable respaldo en este dictamen del CIJ.
También hay científicos encarcelados o enjuiciados por diferentes protestas de acción climática en diferentes países, entre ellos España, a los que ahora el máximo tribunal de Naciones Unidas les da la razón en sus reivindicaciones y abre la puerta al recurso de sus respectivas causas.
