La operación Talgo, es decir, la participación de la Sepi, el brazo inversor del Estado, en el consorcio vasco que encabeza Sidenor para tomar el 29,7% del capital del fabricante de trenes, entra en su recta final. Al menos en su primera fase. La intención del Gobierno es que el próximo Consejo de Ministros del martes día 29 (el último del curso antes de las vacaciones de verano) apruebe que la Sepi conceda un préstamo de 75 millones al Consorcio, según aseguran fuentes de Hacienda al corriente de la operación.
Este préstamo, que previsiblemente se estructurará como convertible en acciones (lo que, también previsiblemente, puede dar a Sepi entre un 5% y un 10% del capital de Talgo), se unirá a otro crédito de 75 millones aportado por el propio consorcio, que además de Sidenor, integran el Gobierno vasco a través de su fondo Finkatuz, y las fundaciones de las cajas Vital y Kutxa. Con esos 150 millones, el Consorcio podrá afrontar vencimientos cercanos de deuda por valor de unos 190 millones, es decir, que salvaría una situación que se está volviendo muy complicada para Talgo desde el punto de vista financiero.
Paralelamente, esta participación de Sepi en la operación desbloqueará la firma de la compra al fondo Trilantic del 29,7% del fabricante de trenes, que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, había paralizado pese a tener firmado un preacuerdo desde febrero. Los medios consultados estiman que esta firma formal tendrá lugar entre septiembre y octubre.
Una delicada situación
A las complicaciones financieras para Talgo derivadas de su elevada deuda se añade la complicada situación de la cuenta de resultados y de la gestión de las multas por el retraso en la entrega de pedidos. Sobre los resultados, Talgo cerró 2024 con unos números rojos de 108 millones tras haber tenido que provisionar la multa de 116 millones que Renfe le impuso por atrasos en la entrega de trenes Avril.
Esta sanción, que estuvo a punto de tirar por la borda las negociaciones de Jainaga con el Estado, se solucionó a través de un aplazamiento de los pagos por el que el abono de la multa comenzará a hacerse efectivo en 2033 y se pagará a plazos hasta 2040. Ahora, desde el Estado y desde el Gobierno vasco se está en conversaciones con la alemana Deutsche Bahn, que en 2023 realizó el mayor pedido de la historia de Talgo por valor de 1.400 millones. Bahn ha amenazado con imponer también sanciones por el retraso en la entrega de trenes, aunque desde los actores que participan en las negociaciones se confían en poder reconducir la situación.
Cuidar a los socios de Gobierno
Desde el Gobierno vasco se sostiene que están «al 95%» convencidos de que el Consejo de Ministros del Gobierno central aprobará la participación de Sepi: «Si no ocurre esto, tenemos un problema -advierten- porque a los socios de legislatura hay que cuidarlos». Esta participación de Sepi, desde el punto de vista del consorcio, no solo es crucial para salvar el primer match ball del pago de deudas, sino sobre todo para facilitar las próximas renegociaciones de deuda de Talgo, cuyo volumen de deuda es de unos 400 millones.
La reunión definitiva para desbloquear toda esta situación se produjo en el encuentro bilateral del pasado día 15 de julio entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En ella, de hecho, la primera exigencia de Pradales, antes de hablar o negociar cualquier otra circunstancia, fue obtener el compromiso de Sánchez de que el Estado apoyaría al consorcio vasco.
