El ‘régimen del terror’ en los centros de menores inmigrantes de Canarias podría tener un nuevo episodio. Y es que el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este jueves el cierre del centro de Arinaga, gestionado por la asociación Quórum Social 77, donde se da alojamiento a 148 personas.
Como consecuencia, la Policía Canaria, tras una macrooperación en la que ha registrado en profundidad el centro, ha detenido a la presidenta de Quórum Social 77, Delia García; y a su director de centros, Juan Enrique Quintana.
De manera que, por el momento, las instalaciones han quedado totalmente clausuradas. Del mismo modo, el operativo ha incluido seis entradas y registros, dos de ellas en centros de acogida de Arinaga y Firgas, así como en la sede de la propia ONG.
Según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias, todos estos acontecimientos constituyen una extensión de la denuncia que provocó en mayo la clausura de otro centro para 45 chicos de la misma asociación en Santa Brígida (Gran Canaria), el Fortaleza I, por malos tratos a los menores que pueden constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.
Por lo tanto, el operativo de este jueves constituye el segundo capítulo de una serie de investigaciones policiales que, desde mayo, tienen puesta la lupa sobre esta organización. Aunque la actual investigación ha sido declarada secreta por el juez.
Tal y como informó EL ESPAÑOL en mayo, durante cuatro años el centro La Fortaleza I, fue el destino final de los menores más problemáticos del archipiélago.
En aquel momento, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló que su departamento había puesto en manos de la Fiscalía testimonios de niños del centro Fortaleza I que relataban malos tratos e insultos racistas, así como informes médicos de los pediatras que los atendieron.
Pero entonces, dijo que no le constaba que los responsables de Quórum Social 77 fueran conocedores de lo que ocurría en ese recurso del municipio de Santa Brígida.
Aunque ahora, la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que los detenidos son su máxima responsable, la presidenta Delia García, y otro relevante miembro de la asociación, Juan Enrique Quintana, director de dos centros de menores.
Quintana es una figura menos conocida. Además de uno de los líderes de esta ONG, milita en el PSOE de Gáldar, un municipio de 24.500 habitantes ubicado en Gran Canaria.
En 2022 fue elegido secretario de Acción Social del partido en la Ejecutiva local socialista. Aunque en los últimos años, se había volcado más con sus labores en los centros de menores.
Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de la presidenta de esta ONG sale a la palestra. Durante la macrooperación policial en el centro La Fortaleza I, en mayo, tras estallar públicamente el caso, envió un audio a todos los recursos que tenía activos en Canarias: «Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. No quiero ni una encendida«.
Para los investigadores, esto fue un intento de evitar que se documentaran futuras situaciones de maltrato. La instrucción fue cumplida por los trabajadores sin dejar rastro. «¿Cómo puede una presidenta ordenar eso y luego decir que no sabía nada?», se pregunta una fuente de la Consejería de Derechos Sociales.
Aunque el Gobierno canario se pronunció quitando hierro: «Se trata de unos pocos trabajadores concretos», dijo la consejera Candelaria Delgado. «La ONG ha colaborado y ha apartado a los implicados«.
Quórum Social 77 gestiona 31 centros con 1.925 menores inmigrantes no acompañados en toda Canarias, y ha recibido más de 131 millones de euros procedentes de dinero público.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado que la comunidad autónoma lleva meses advirtiendo de que el número de menores a los que tutela, unos 5.500, le sobrepasa.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha ampliado que «con tantos menores y durante tanto tiempo» es difícil que los controles sirvan. A su vez, ha calificado que los delitos investigados son «de mucha gravedad», en unas declaraciones que recoge EFE.
Ahora, todas las investigaciones deberán esclarecer si el centro de menores inmigrantes no acompañados de Arinaga lo tenía todo en regla o si, de un modo similar a como se presume que ocurría en La Fortaleza I, se daban casos agresiones físicas y racismo institucional.
