El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, no tiene intención de que la investigación que tiene entre manos exceda la contratación por parte de empresas de gases industriales con el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, por eso está procediendo a rechazar la personación como acusación particular de todos aquellos rivales políticos que se sienten perjudicados por los correos con los que el que era político del PP era informado por su jefe de gabinete de la situación fiscal de cada uno de ellos.
Según el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado rechaza la personación del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, como también ha hecho con la del ex director del Fondo Monetario Internacional y exministro durante el Gobierno del José María Aznar, Rodrigo Rato. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la única admitida, pero en calidad de acusación popular, no particular, es la que ejercerá el PSOE, que a diferencia de otros partidos y organizaciones solicitó personarse en 2023, a raíz de las informaciones publicadas por esta redacción.
El juez rechaza la personación de Monedero, porque niega la existencia de delito alguno, al entender que a Montoro, como ministro de Hacienda, le «corresponde la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la Agencia Tributaria«. Y como tal «está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT, por lo que el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas». Aunque el juez admite que los datos fiscales «indudablemente tienen carácter reservado», agrega que las personas que accedieron a ellos estaban «legalmente autorizadas» para conocer los correos electrónicos incluidos en la causa.
En una línea similar a la que mantuvo el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en sus discrepancias con la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, el magistrado señala que «la información transmitida por medio de los correos analizados no constituye el objeto del delito, al tratarse de datos que, aunque reservados, no se encuentran en ficheros, soportes, archivos o registros, y, además, las personas que disponen de dicha información, sí estarían autorizados para conocerla».
Destaca que «en parte de los correos se informa, no solo de asuntos que afectan al señor Monedero, sino de diferentes cuestiones», a través del correo corporativo del ministerio, en una «información en la que participan exclusivamente el jefe de Gabinete» -Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo Martínez Izquierdo, socio mayoritario de Equipo Económico- y el ministro Montoro, y «no se comparte con terceros».
De esa forma, el juez al frente del caso Montoro elimina, al menos de momento, la posibilidad de ahondar en los correos electrónicos en los que Montoro era informado de la situación tributaria de distintas personas. Entre los correos que recibió el ministro sobre la situación tributaria de distintas personas figuran los Pujol. En uno de esos mails, Montoro reprende a sus subordinados porque no haber sido informado de uno de los informes entregados en la Audiencia Nacional en relación con la familia del expresidente catalán, lo que llevaría a que también le fuera comunicado lo que se trasladó al mismo tribunal en relación con la caja B del PP y la contabilidad paralela que llevaba el que había sido su tesorero, Luis Bárcenas.
«Archivos de Podemos»
En su recurso, la representación de Monedero da la oportunidad al magistrado de rectificar por sí mismo la decisión, porque ignora que los mensajes intercambiados entre Montoro y Martínez Rico van encabezados por un «archivos de Podemos», que dan lugar a pensar que la situación fiscal del fundador de la formación se utilizaría en su contra. La impugnación destaca que la información facilitada al ministro en relación con la próxima cita ante la Agencia Tributaria de Monedero fue esgrimida por la entonces portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En opinión, de Monedero con los datos facilitados no se «está tratando de coordinación fiscal sobre actuaciones que pudiera coordinar el ministro», que «no es competente, según la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda». Menos aún lo sería «un jefe de Gabinete, a quien le están absolutamente vedados el acceso a tales datos y menos aún, que no quepa instruir si dichos datos fueron facilitados a terceras personas una vez que eran manejados dentro de una actividad destinada a investigar a otras opciones políticas con la clara finalidad de perjudicar políticamente a los mismos».
El recurso ha sido presentado ante el propio juez Rus y en caso de ser rechazado, como suele ser el destino de todos los de reforma, se interpondrá en apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona.
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