A junio de 2025, Suma tiene pendiente gestionar 255 millones de deudas para los ayuntamientos alicantinos. La cantidad se reparte de manera desigual, pues el grueso responde a impagos por parte de las personas que viven en la provincia y el resto, entre los no residentes. El director del organismo dependiente de la Diputación de Alicante, José Antonio Belso, explica que «aproximadamente una quinta parte» responde al exterior, es decir, que la balanza queda repartida en 200 millones y 50 millones, de que 10 de ellos, a su vez, se circunscriben a ciudadanos de las provincias de Valencia y Castellón.
La gestión de esas deudas es un proceso que, cuando sale de la división provincial, se torna más complejo y costoso cuando entra en la vía ejecutiva, porque resulta imprescindible la colaboración de la Agencia Tributaria Española (AEAT). La «caza» del infractor requiere de mayor preparación, pues el canal tributario tiene unas exigencias de datos (cómo se presentan) y de peaje. «Nuestro foco está puesto en el servicio que prestamos a los municipios», comenta el responsable de Suma, «y nuestra tasa de éxito ronda entre el 27 – 30 % en el cobro de las deudas que es un porcentaje alto». No obstante, la previsión para esta cantidad se sitúa en el 5 %; lo que no significa que se renuncie en ningún momento, según asegura Belso.
El problema es que el procedimiento a partir del acuerdo con Hacienda es el mismo para una multa de tráfico de 40 euros que para un embargo de miles de euros. La propuesta para romper el actual obstáculo la ha situado Suma en automatizar el envío de deudas a cobrar vía Agencia Tributaria. Para entenderlo es pasar de un sistema semi manual que ahora se hace rellenando fichas a uno que conecte las operativas de ambas entidades. Con este paso, el director de Suma espera que se mejoren los resultados para los municipios.
Procesos y análisis
En realidad, el beneficio de este paso está del lado de las arcas públicas, porque cada paso que se da dentro de la maquinaria nacional, al igual que la autonómica, tiene un coste. Fuentes de Suma explican que cada apremio que se presenta tiene un coste de 3 euros, que sí se puede repercutir al infractor; luego cada gestión suma un 3 % de lo recaudado y si el organismo provincial se equivoca en algún dato se le sanciona. Así que la automatización puede reducir errores y agilizar gestiones. En juego, por tener una referencia, 50 millones.
No obstante, el director de Suma subraya que tras la notificación, si es el caso de una multa de tráfico, pues lo habitual es que la persona pague para aprovechar la bonificación del 50 %. Otra cosa son las grandes deudas derivadas de bienes inmuebles y donde el deudor también lo es de Hacienda. «Aquí la ley marca unas prioridades en el cobro y la primera en recibir la cantidad es la propia Hacienda», comenta, lo que supone que a veces se han hecho gestiones y Suma, que actúa en nombre de una entidad local, se ha visto relegada a la cola.
Ampliar la colaboración con la AEAT es positivo para que se reduzcan las deudas, si bien, el trabajo previo de notificación es el que permite que la deuda no caduque y se puedan analizar los casos en los que ya se pasan a fases posteriores como el embargo.
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