El informe de la Policía Nacional sobre la búsqueda de Irene Rodríguez, la niña que desapareció con su madre el 27 de mayo de 2023, ha destapado la existencia de una red llamada «Madres protectoras» que la ayuda a esconderse de la justicia española.
El oficio de la UFAM Central (Unidad de atención a la Familia y la Mujer) entregado al juez de Alcalá de Henares, y adelantado por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, señala «una serie de similitudes respecto al modus operandi utilizado por estas tres progenitoras maternas sustractoras», en alusión a María López (la madre de Irene), Verónica Saldaña, y a una mujer catalana llamada María Antonia Alonso.
Irene desapareció junto a su madre nueve días después de que un juez diera la custodia al padre de la niña. / CEDIDA POR LA FAMILIA
Sin vacunas ni colegio
Los tres casos tienen en común, según el informe policial, que «a los progenitores paternos les ha sido decretada la custodia exclusiva o provisional de sus hijos» por vía judicial. Eso ocurre, según la Policía, porque «estas madres protectoras… tienden a descuidar la salud de sus hijos (son contrarias a las vacunas homologadas, optan por la alimentación vegana no proporcionando alimentos básicos excusándose en que son perjudiciales, no les procuran las condiciones de higiene mínimas y en muchos casos consideran que la escolarización de sus hijos es prescindible)».
Además, ese grupo de madres protectoras «han presentado denuncias por delitos cometidos en el ámbito de violencia de género” contra los padres de sus hijos. Sin embargo, las valoraciones de riesgo de los expertos fueron de «nivel no apreciado o bajo». De forma que ninguna de ellas obtuvo una orden de protección ni medidas cautelares «que impidan cualquier contacto de sus hijos con sus padres».
Abusos sexuales
Dos de las tres madres protectoras señaladas en el informe de la policía, Verónica Saldaña y María Antonia Alonso, presentaron además «denuncias contra la libertad sexual hacia sus hijos por parte de sus padres». El informe de la UFAM Central señala que esas denuncias han sido «sobreseídas por falta de pruebas que acrediten la existencia de delito y/o responsabilidad penal en los denunciados».
Todas las madres protectoras acabaron llevándose ilegalmente a sus hijos, de forma que, subraya la policía, «tienen reclamaciones por órganos judiciales españoles», ya sean órdenes de búsqueda, detención, personación o ingreso en prisión, «motivo por el que se trasladan fuera de España». El informe indica que «se trasladan a países que jurídicamente hace que sea más difícil perseguir este tipo de delitos» y señalan expresamente a Suiza, «que dificulta enormemente la restitución de menores».
Sin teléfono ni cuentas
En su fuga, «las sustractoras» como define la policía a esas madres, «se deshacen del teléfono y cuentas bancarias, obtienen uno nuevo y hacen uso de VPN para no poder ser localizables». Tampoco se empadronan en los lugares donde se ocultan «para no dejar ningún tipo de registro».
Verónica Saldaña, que se fue de España con sus dos hijos en 2021 y consiguió que la justicia suiza le diera derecho a quedarse allí con ellos, sería, según el informe, quien estaría dando cobertura económica y asistencia jurídico social «a personas que trasladan a sus hijos a Suiza para eludir a las autoridades españolas». En octubre de 2022, el ex marido de Saldaña llegó a llevarse a sus hijos por la fuerza y fue detenido en Francia, cerca de la frontera con España. Los niños fueron devueltos a la madre.
El oficio de la Policía concluye informando al juez que se ha trasladado esa información a la Consejería de España en Suiza y también a la «Magistrada de Enlace en Suiza, la cual se ha mostrado bastante interesada en la presente causa».
