Caídas en las eléctricas tras el rechazo al llamado «decreto antiapagón» del Gobierno. En estos momentos, Solaria, Endesa, Naturgy y Redeia firman descensos de entre el 1% y el 2%. Otras energéticas como Acciona Energía también ceden, mientras que Iberdrola permanece suspendida por la CNMV tras anunciar una ampliación acelerada de 5.000 millones.
El Real Decreto-Ley 7/2025 fue tumbado ayer por 183 votos en contra y 165 a favor. Como viene siendo habitual, PP, Vox y UPN votaron en contra, pero a su rechazo se sumó el voto negativo de Junts, el de los cuatro diputados de Podemos, el del BNG y el de Chunta Aragonesista, que rompió la disciplina de voto de Sumar.
Según apuntan fuentes de ‘El País’, el PP estaría de acuerdo con el decreto «a nivel técnico», pero ha votado en contra porque «pueden pesar más razones de índole política». Por su parte, Podemos ha defendido que «es fundamental atar en corto al oligopolio eléctrico» y ha afirmado que con este decreto las posibilidades de que se vuelva a producir un nuevo apagón «son exactamente las mismas» que sin él. Sumar ha criticado que la formación morada «pone un poco más fácil a la ultraderecha, a los negacionistas y a los retardistas adoptar decisiones que van en contra de lo que necesitamos en Europa y en el planeta». «La transición no les importa», ha sentenciado Verónica Martínez, portavoz parlamentaria de Sumar.
De su lado, el sector ha mostrado su enfado con el rechazo al decreto. Asociaciones como Aelec, que junta a grandes empresas eléctricas como Endesa e Iberdrola, ha defendido que la ley «supone un avance importante en la implementación de propuestas contenidas en el informe, orientadas a corregir debilidades del sistema y mejorar su resiliencia». También ha mostrado su apoyo al decreto la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a asociaciones de fabricantes de automóvil (ANFAC), de papel (ASPAPEL) o de la alimentación (FIAB).
El texto iba más allá de establecer medidas de refuerzo para evitar nuevos apagones en el sistema eléctrico y de garantizar el cumplimiento de los distintos agentes con sus compromisos. De hecho, incorporaba una batería de medidas de apoyo al sector renovable, como el impulso al almacenamiento de energía (facilitando permisos y eliminando evaluaciones ambientales adicionales), amplificación de plazos para proyectos con permisos a punto de caducar o la electrificación de la demanda, entre otros.
Asimismo, el texto introducía cambios normativos para que las plantas renovables también puedan contribuir a controlar la tensión del sistema y, en consecuencia, ser retribuidas por ello. Pero también activaba los pagos por capacidad, una demanda de las grandes energéticas, que quieren que sus centrales que dan respaldo (nuclear, ciclos combinados…) pudiesen cobrar por estar disponibles. También aliviaba la luz de la industria electrointensiva, clave en regiones despobladas.
En cifras, el rechazo a este decreto pone en riesgo 200.000 millones de inversión en el sector eléctrico español. Así lo afirma la consultora PwC en un reciente informe, en el que también establece que las medidas recogidas en el decreto ley podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW.
«Suponiendo conservadoramente que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria (fuente banco España) tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros», explica PwC.
Los analistas de Renta 4 Banco valoran negativamente esta noticia, ya que también deja en el aire otras iniciativas como la supervisión reforzada de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), inspecciones periódicas y el desarrollo de agregadores de demanda. También pone freno a apoyos fiscales y administrativos para autoconsumo, puntos de recarga y almacenamiento, que reducían plazos y costes.
Este bloqueo, explican, podría llevar a la no ejecución de «importantes» inversiones en energías verdes y refuerzo de las redes «debido a la incertidumbre que se genera», ya que las empresas «tendrán que seguir operando con la regulación actual con unos procesos más complejos».
«No aprobar el decreto supone una mayor burocracia, menos incentivos, mayor riesgo técnico para el sistema e incertidumbre inversora y podría llevar a la pérdida de importantes niveles de inversión que se trasladen a otras geografías«, concluyen estos analistas.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles que el Gobierno volverá a presentar el «decreto antiapagones» y ha garantizado que «lo vamos a sacar adelante porque es una gran prioridad y porque nos jugamos muchas cosas». También ha defendido que el Ministerio de Transición Ecológica trabajó con todos los agentes implicados para la redacción de este decreto para establecer unas «medidas absolutamente necesarias» para el desarrollo económico del país.