Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en 2018 en Níjar (Almería) por Ana Julia Quezada, ha vuelto este miércoles al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería como perjudicada en la causa que investiga unas supuestas amenazas proferidas desde prisión por la condenada. Tras ratificar su denuncia, ha pedido que se llegue «al fondo de esta cuestión» y ha reclamado medidas que le permitan sentirse «más segura», ante una situación que le obliga, ha dicho, a vivir «con miedo» y a «no poder retomar de alguna manera mi vida».
Ramírez presentó la denuncia el pasado 31 de diciembre tras recibir llamadas desde números ocultos y alertas indirectas sobre un posible deseo de represalia por parte de Quezada, quien cumple prisión permanente revisable en el centro penitenciario de Brieva (Ávila). El origen del enfado estaría relacionado con la paralización de un documental que la condenada pretendía grabar desde prisión.
«Me he ratificado en la denuncia que puse inicialmente, así como he contestado a todas las preguntas que se me han hecho», ha afirmado a las puertas del juzgado. «Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular», ha declarado.
«Yo ya no puedo más»
Ramírez ha señalado que, tras interponer la denuncia, comenzó a recibir nuevas llamadas en otro número de teléfono, algunas procedentes del extranjero, y ha explicado que, según varias fuentes que no se conocen entre sí, la asesina de su hijo estaría molesta con ella. «A mí me llegan indicios de que puede manejar dinero, que tenía colaboración con funcionarios y con personas del exterior», ha advertido.
La madre del pequeño Gabriel ha explicado que no aparece ya en actos públicos y que intenta reducir al máximo sus salidas. «La medida más básica que estoy tomando es alejarme de mis estudios y recluirme en mi casa y en entornos seguros», ha manifestado.
Asimismo, ha insistido en que no debería permitirse la emisión del documental que Quezada pretendía protagonizar desde prisión. «Espero que si alguien lo emite, sean los jueces o el Estado quienes lo frenen, porque la ley es muy clara: ningún condenado en sentencia firme puede salir a público con un documental ganando dinero por contar una nueva versión de los hechos». «Yo ya no puedo más», ha confesado.
La pareja de Quezada, también investigada
La juez ha citado también como investigada a la pareja actual de Ana Julia Quezada, M.A.R.Q., a la que Ramírez ha aludido al afirmar que tiene «indicios de que no le caigo muy bien» y que podría tomar «represalias». «Tendrá que ser el juez quien valore si se toman medidas contra ella o no», ha añadido.
Durante la jornada ha declarado también un testigo propuesto por la acusación, una persona que trabaja en un servicio de Tarot y que habría advertido a Ramírez sobre las amenazas.
La letrada de la acusación, Verónica Guerrero, ha señalado que este testigo ha corroborado lo dicho ante la Policía y ha aportado «material audiovisual» con supuestas amenazas, que será entregado al juzgado en un pendrive. «Ha hecho una labor excelente poniéndose en contacto con Patricia y contándole todo lo que estaba recibiendo», ha valorado la abogada.
Quezada ha comparecido por videoconferencia desde prisión, pero, según Guerrero, se ha negado a responder al juez, mientras que su pareja se ha acogido a su derecho a no declarar, al no haber tenido acceso completo a las actuaciones.
Protección de datos y nuevas diligencias
La causa fue inicialmente archivada de forma provisional, pero se reabrió tras un recurso de la acusación y la solicitud de nuevas pruebas. El juez instructor ha adoptado como medida de protección la anonimización de todos los datos personales de Patricia Ramírez en la causa, tanto en Almería como en Ávila. La propia denunciante ha agradecido esa medida y ha subrayado que el juzgado «está tomando interés» en el caso.
La investigación sigue abierta para determinar si Quezada pudo haber emitido amenazas a través de terceras personas, con o sin medios ilícitos dentro de prisión. También se indaga en el posible uso irregular de teléfonos móviles y en la implicación de personas del entorno de la condenada.
