La defensa de Equipo Económico acaba de hacer su primer movimiento tras el levantamiento -después de siete años- del secreto de las diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.
La causa, en la que tienen la condición de investigados el exministro del PP Cristóbal Montoro y ocho exaltos cargos del Ministerio Hacienda, se refiere a presuntos pagos ilícitos que empresas del sector gasista habrían hecho a la consultora Equipo Económico, fundada en 2006 por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.
La defensa de los socios de Equipo Económico, también investigados, ha presentado un recurso de apelación directo en el que pide a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare nulos los correos electrónicos incautados por los Mossos d’Esquadra en una causa diferente y que dieron origen al ‘caso Montoro’.
En otro escrito, la defensa solicita que se le comunique todo lo que ha hecho el Juzgado con posterioridad al último tomo cuyo secreto se ha levantado y que termina en julio de 2024.
Los abogados ignoran todavía, por tanto, lo que se ha realizado en el seno del proceso durante el último año, en particular el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue encargado por el juez instructor Rubén Rus en octubre de 2023 y se refiere a los pagos realizados a Equipo Económico.
El informe de la Guardia Civil resulta «vital», dice la defensa, para conocer la naturaleza de los pagos recibidos por Equipo Económico «y si estos responden a los espurios fines que se indican por los investigadores o son o si, por el contrario, nos encontramos, únicamente, ante una serie de meras conjeturas, insinuaciones e interpretaciones sesgadas cuya falsedad se pondría de manifiesto una vez comprobado que no se ha producido en absoluto ningún ‘desvío de estos fondos’ para dádivas, retribuciones o comisiones ilícitas a funcionario o autoridad alguna».
El escrito afirma que en los 18 primeros tomos «solo encontramos informes plagados de falsedades, opiniones sesgadas y deformaciones interesadas de la realidad» y urge conocer el resultado del análisis por la UCO de los pagos recibidos por Equipo Económico «como honorarios».
Los ‘mails’ del origen
El recurso de apelación a la Audiencia de Tarragona se refiere a los ‘mails’ de los que nacieron las diligencias, hallados por los Mossos durante la entrada y registro a la empresa Messer Ibérica de Gases.
En ellos, dos directivos de la compañía debatían el «trato discriminatorio» que se había dado al sector gasista en la regulación del impuesto de electricidad y la posibilidad de modificarla. «La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro», se lee en esos correos.
Messer estaba siendo investigada en unas diligencias referidas a un presunto delito contra la ordenación del territorio en relación con la construcción de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell.
El Juzgado había autorizado la entrada y registro en la mercantil para aprehender datos que «se limitarán exclusivamente al examen de aquellas carpetas, archivos, ficheros (…) que pudieran tener una relación directa con los hechos objeto de concreta investigación en la presente causa”.
«En el supuesto de que en el curso de la diligencia se descubrieran hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta a la que es objeto de la presente autorización, deberá comunicarse inmediatamente«, añadió el juez.
Según el recurso, los Mossos se incautaron de correos electrónicos «sin considerar» su relación con la causa, «sin restricción alguna, ya fuera temporal o con palabras claves para la búsqueda» y «referidos a un período temporal diferente al de la construcción de la citada planta».
«Es enormemente llamativo», señala, «que tratándose de la construcción de una nave en 2009 se acepte con normalidad y sin filtro alguno, la aprehensión de unos correos que datan de finales de 2013».
Tampoco se produjo la «inmediata» comunicación al Juzgado en caso de aparición de «hechos nuevos»: la existencia de los correos sobre Equipo Económico no se puso en conocimiento del Juzgado hasta más de cinco meses después.
Y en ese momento el juez se limitó a deducir testimonio y abrir las diligencias del ‘caso Montoro’, pero «sin autorizar la incautación de correos no comprendidos en la autorización inicial».
«La aprehensión del correo electrónico que, se nos dice, constituye un ‘hallazgo casual’ no se encontraba amparada por la resolución judicial habilitante de la entrada y registro en la sede de la empresa Messer y tampoco se solicitó al Juzgado de Instrucción la ampliación de tal resolución habilitante», afirma la defensa.
«Por el contrario», añade, «una vez hallados los documentos, los agentes realizaron al margen del más mínimo control judicial una investigación paralela y prospectiva durante más de cinco meses antes de dar cuenta a la autoridad judicial, transcurriendo, todavía, tres meses más antes de que el Juzgado los admitiese».
Todo ello vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías que protegen los artículos 18 y 24 de la Constitución.
El resultado, a juicio de la defensa, es que la incautación e incorporación a la causa de los correos electrónicos que dieron origen al caso «deberían ser declarados nulos».
