El Gobierno ha aprobado la firma del convenio de cooperación entre la Agencia Catalana del Consumo del Departamento de Empresa y Trabajo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Lleida, para dar continuidades a las ocho de las comunidades.
Desde el año 1993, con la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña (JACC) y la de Barcelona, y posteriormente las de Badalona, Vilafranca y Terrassa (año 1994), Hospitalet y Lleida (en 1995) y Sabadell y Mataró (1998), Cataluña ha llevado a cabo una tarea importante para la resolución de conflicto.
Dada la larga y fructífera experiencia con el arbitraje de consumo, el Gobierno mantiene la apuesta por este mecanismo no judicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas o profesionales, en el marco de la compra de productos y la contratación de servicios.
El pasado 27 de mayo, ya se dio luz verde a la renovación del convenio para dar continuidad a la JACC, que desde su constitución ha resuelto cerca de 78.000 casos por laudo arbitral y actualmente tiene 9.167 establecimientos adheridos de toda Cataluña.
El arbitraje de consumo
El arbitraje es un sistema de resolución extrajudicial de conflictos en el que las partes someten la controversia a la decisión que tome un órgano arbitral. Las juntas arbitrales de consumo de toda Cataluña son los órganos competentes para realizar los arbitrajes de consumo.
Por su parte, las empresas adheridas al sistema arbitral de consumo aceptan que los futuros conflictos que puedan plantearse con sus clientes se resuelvan por medio del arbitraje, evitando tener que recurrir a la vía judicial. Además, desde el pasado 14 de febrero, a consecuencia de la aprobación del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, las empresas que forman parte del mismo ya no pueden excluir determinadas reclamaciones por razón de materia, cuantía o territorio.
El arbitraje ofrece beneficios tanto a los consumidores como a las empresas o profesionales que se acogen a él: es un mecanismo voluntario y conciliador que genera confianza, es gratuito y sencillo, garantiza la imparcialidad y es de obligado cumplimiento.
