La falta de medios en la protección de menores en Aragón sigue provocando incomodidad entre los profesionales del sector. Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han denunciado este miércoles que no alcanzan a entender «como el Gobierno de Aragón sale un día en prensa diciendo que faltan medios y personal para atender a los menores que llegan a Aragón, al mismo tiempo que vuelven a cerrar otro centro de menores».
La denuncia llega solo dos horas después de que la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, haya reiterado el mensaje de que el sistema autonómico está «desbordado» y lamentara que se tienen que enfrentar a perfiles para los que no existen recursos adecuados. Según los sindicados, en los últimos meses se han cerrado varios recursos de diferentes grados de protección, comenzando por el centro que se encontraba en Ateca, luego dos centros en Zaragoza «y ahora vuelve a cerrar un cuarto centro en la ciudad de Zaragoza». En total, calculan que en dos años se ha pasado de 26 recursos en toda la comunidad a solo 21.
El portavoz de CGT, Héctor García, ha señalado que nunca se habían producido «tantos cierres de centros en tampoco tiempo» y además han denunciado que les resulta inexplicable «que eche la persiana de nuevo y se despida a toda la plantilla a través de un ERE en un momento de máxima necesidad de profesionales en el sector«. La empresa que lleva el convenio también gestiona otro espacio para menores en Huesca.
Por parte de UGT, Angélica Mazo ha indicado que se encuentran «atónitos» pues la situación les parece «oportunismo mediático” ya que hasta el propio Gobierno de Aragón reconoce que se necesita más personal y más recursos, pero se cierra un centro con 20 plazas y 15 trabajadores. «Esta situación solo lleva a la pérdida de puestos de trabajo confundir y fomentar la intolerancia hacia los menores. Necesitamos más educadores, más recursos y más medios”, alertan.
Jesús Esteban de CCOO, advierte que el sector de protección y reforma no puede convertirse en un “circo mediático” y reitera que el derecho a la educación social de los menores no debe ser cuestionado ya que es un servicio esencial realizado por profesionales.
Desde la plataforma señalan que el Gobierno de Aragón debe asegurar los recursos suficientes para tener en Aragón un sistema de protección y reforma de menores «digno» y que cerrando centros lo único que se consigue «es generar inestabilidad entre los trabajadores que ven como en cualquier momento una decisión política puede dejarlos sin empleo tras haberse formado en un sector en el que se necesita más personal». Los sindicatos calculan que el sector da empleo a unos 600 profesionales.
Por parte del Gobierno de Aragón han indicado que unos de los recursos «sigue disponible para las necesidades presentes y futuras» y que el otro fue cerrado «por recomendación técnica del servicio de menores por no obtener los resultados y objetivos requeridos desde el servicio», sustituido por otro centro de hasta veinte plazas plazas.
Respecto al centro de Ateca, desde el Gobierno de Aragón recuerdan a los sindicatos que lo cerró la jueza de Calatayud, era un centro privado con el que el Ejecutivo aragonés solo tenía plazas concertadas y, se sustituyó por un centro propio contratado a través de un contrato de emergencia y que, a petición de la entidad que lo gestiona, va a ser sustituido por otro cuya a licitación se está preparando.
Además, argumentan que durante el año 2024 se abrió un nuevo centro de 26 plazas en un municipio de la provincia de Zaragoza.
