La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acaba de dictaminar que los estados tienen la obligación legal de actuar frente al cambio climático. Detrás de lo que muchos ya llaman «el juicio climático del siglo» no hay grandes bufetes de abogados ni letrados de renombre internacional. Lo que hay es un grupo de jóvenes activistas que, desde una de las regiones más vulnerables del planeta, decidieron hacer lo impensable y llevar a todos los gobiernos del mundo ante la más alta instancia de justicia de Naciones Unidas para denunciar que, hasta ahora, nadie ha hecho lo suficiente para frenar el avance de la crisis climática y que, debido a ello, hay comunidades enteras sentenciadas a desaparecer bajo los efectos de la subida del nivel del mar, las inundaciones extremas aupadas por el cambio climático o las hambrunas provocadas por las oleadas de calor y sequías. ¿Pero quiénes son los activistas que han impulsado esta causa? ¿Por qué decidieron presentar su caso ante el tribunal de La Haya? ¿Y qué esperan conseguir tras esta resolución judicial hasta ahora inédita?
Esta historia arranca en 2019, en las pequeñas y amenazadas islas del Pacífico, donde un grupo de 27 jóvenes estudiantes de derecho empezaron a debatir sobre el «riesgo existencial» que suponía para ellos, así como para otras comunidades del sur global, que los gobiernos del mundo no actuaran ante el avance de los desastres climáticos. Su queja era, por un lado, que la inacción climática está acelerando fenómenos extremos como la subida del nivel del mar y, por otro lado, que la falta de medidas de adaptación exponía a sus hogares a la desaparición completa en cuestión de años. Los quejidos de estos jóvenes acabaron dando lugar a la platarforma ‘Pacific Island Students Fighting Climate Change’ (PISFCC) y al objetivo, hasta entonces impensable, de llevar su causa ante la Corte Internacional de Justicia. «Vimos cómo nuestras comunidades estaban siendo engullidas por el océano y entendimos que teníamos que actuar porque nadie más está dispuesto a defendernos», recuerda Vishal Prasad, uno de los fundadores del movimiento.
«Vimos cómo nuestras comunidades eran tragadas por el océano, y entendimos que teníamos que actuar»
Lo que comenzó como un movimiento local de jóvenes del Pacífico pronto se convirtió en una campaña global a la que se sumaron cientos de jóvenes de países del sur global como, por ejemplo, de Bangladesh, México, Kenia, Filipinas, Costa Rica y el Caribe. Así nació la coalición World’s Youth for Climate Justice (WYCJ), una red internacional que llevó la iniciativa a nuevas alturas y reafirmó la necesidad de elevar su lucha hasta el más alto tribunal de Naciones Unidas. Durante más de seis años, cientos de estos jóvenes de esta red han trabajado para recopilar información sobre los estragos climáticos en sus respectivas regiones, así como los problemas humanitarios derivados de ello, para construir así «argumentos jurídicos sólidos» para presentar ante el tribunal. «Estos jóvenes convirtieron el derecho en una herramienta de cambio y su rabia en una estrategia para lograr un cambio real», resume una fuente cercana al proceso.
La voz de Vanuatu
La propuesta, iniciada por estos jóvenes activistas del Pacífico, fue presentada de forma oficial ante el tribunal de Naciones Unidas de La Haya por el gobierno de Vanuatu, una pequeña nación insular que, como muchas en su región, vive bajo la amenaza directa del aumento del nivel del mar. En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la solicitud de Opinión Consultiva a la Corte de La Haya sobre esta causa. Desde entonces, un centenar de estados y decenas de organizaciones sociales han participado en el proceso. Durante las audiencias orales, celebradas en diciembre de 2024, se reunieron a representantes estatales, pueblos indígenas, científicos, juristas y activistas de todo el mundo. Según destacan los impulsores de esta causa, fue la primera vez que en este tribunal de Naciones Unidas se habló de justicia climática desde una perspectiva de derechos humanos, equidad global y justicia intergeneracional.
Es la primera vez que el tribunal de Naciones Unidas habla de justicia climática desde una perspectiva de derechos humanos, equidad global y justicia intergeneracional
El veredicto emitido este miércoles por el tribunal internacional de La Haya no es jurídicamente vinculante, pero sí podría marcar un punto de inflexión en la lucha global contra el cambio climático. Los especialistas afirman que podría abrir la puerta a nuevos litigios nacionales, aumentar la presión sobre los países más contaminantes y reforzar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como derecho humano fundamental. «Este caso marca un antes y un después», explican desde World’s Youth for Climate Justice. «Es la primera vez que el máximo tribunal de justicia del planeta pone en el centro a las víctimas del cambio climático. Y todo fue gracias a los jóvenes», destacan desde la entidad.
Suscríbete para seguir leyendo
