tres decretos y tres leyes, pero con deberes para septiembre

El Congreso -todavía- de los Diputados baja el telón este martes a un curso político más prolífico de lo que pudiera parecer entre tanto fango. Sus señorías apuran un último día ajetreado de votaciones con un menú bien cargado, pero del que se han descabalgado algunas iniciativas punteras del Gobierno. Pese a los intentos de Sumar por meterle un par de marchas a su proyecto para reducir la jornada laboral, habrá que esperar al próximo periodo de sesiones para comprobar si finalmente se somete a su primer examen parlamentario. Lo mismo ocurre con otros dos articulados de calado como la ley para reformar el acceso a la carrera judicial – bautizada como Ley Bolaños – o Movilidad Sostenible para minimizar daños antes del parón estival. Así las cosas, se clausurará un periodo de sesiones con la convalidación de tres decretos-ley, dos reformas del Reglamento de la Cámara y tres textos que proceden del Senado.

Entre el ruido de las acusaciones de corrupción bidireccionales, varios grupos parlamentarios trabajaban fuera de foco para empujar las últimas iniciativas antes de que el curso político eche el cierre. Sumar puso toda la carne en el asador durante este último mes de julio con la esperanza de que su proyecto estrella, la reducción de jornada laboral, se sometiese al menos al primer escrutinio de la Cámara Baja antes de las vacaciones. Los magentas se remangaron para la difícil tarea de seducir a Junts para, como mínimo, iniciar el trámite parlamentario de su articulado. Había cierto optimismo en las conversaciones con los juntaires para acelerar los plazos. Sin embargo, los de Yolanda Díaz se dan un poco más de tiempo para percutir en la persuasión de la derecha catalana y enviar el articulado al debate de totalidad para evitar que unan sus votos junto a los de PP y Vox para neutralizar la iniciativa.

Junto a la reducción de jornada, se preveía que a este último Pleno aterrizase la Ley de Movilidad Sostenible. El Gobierno tenía esperanzas de remitir el texto al Senado entre los meses de junio y julio, pero el veto de Podemos en Comisión, inspirado por el caso Cerdán, liquidó las opciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mismo camino seguirá la Ley Bolaños. El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dio orden la semana pasada para paralizar su proyecto por el descuelgue – de nuevo – de Junts per Catalunya, que exige desde Waterloo la inclusión en su articulado de un Consell de Justicia de Catalunya. O lo que es lo mismo, un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la catalana. En el tintero también se quedan las reformas de seguridad y navegación aérea, así como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Ambas, pendientes para septiembre.

Tres decretos clave y uno con suspense…

La caída de las iniciativas anteriores diluye la tensión que se esperaba para este último Pleno del curso, pero el decreto antiapagones copará el martes buena parte de los titulares. El texto que confeccionó el Ministerio de Transición Ecológica, y que aprobó el Gobierno el pasado mes de junio, en está en peligro de muerte. Aagesen busca la convalidación de una iniciativa cuyo objetivo es minimizar el impacto de un gran apagón como el que padeció España el pasado 28 de abril. Hasta la fecha, parecía recabar todos los apoyos posibles, pero Podemos quiere ponerle un poco de perejil al plato principal del menú.

Los morados han anunciado este lunes que sus cuatro diputados se desmarcarán del decreto antiapagones porque entienden que su efecto sería inocuo para evitar “ningún apagón a futuro”. Subrayan que no delimita obligaciones a las eléctricas para desarrollar sistemas de compensación que impidan caídas de tensión, así como la ausencia de sanciones para castigar “comportamientos temerarios o codiciosos” de las empresas. En suma, un decreto que “no toca ni un pelo al oligopolio energético” y que no cambia el escenario si cae.

El descabalgamiento de los morados dejaría la vida del decreto-ley en manos del Partido Popular de y Vox, habida cuenta de que como mucho aspiraría a un total de 175 votos a favor si se da por hecho el respaldo de Junts – guardan el sentido de su voto -, del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y de la diputada de Compromís Águeda Micó. Frente a ellos se situarían conservadores, ultraderechistas, UPN y el propio Podemos, empatando con sus ‘noes’; lo que provocaría, en virtud del Reglamento de la Cámara, una repetición de la votación hasta en tres ocasiones. En el caso de tablas en el tercer asalto, se da por desechado “el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate”.

El resto, se presuponen convalidados, comenzando por la actualización de las entregas a cuenta para este ejercicio a las comunidades autónomas y ayuntamientos con un montante de 147.412 millones de euros y 28.734 millones, respectivamente. A pesar de que el Partido Popular ve “absurdo” votar por una iniciativa que, a su juicio, debería estar aprobada automáticamente con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se prevé problemas en este sentido; máxime cuando el Gobierno ha puesto toda la carne en el asador en cuestiones autonómicas en este sprint final. El decreto-ley de ventajas fiscales a eventos será el último de este trío de iniciativas.

Senado y Reglamento

Dentro de este Pleno Escoba, se incluyen también las iniciativas que han regresado a la Cámara Baja tras las enmiendas aprobadas por el Senado y que, toda vez se supere la sesión del martes, quedarán listas para entrar en vigor previa publicación en el BOE. Entre ellas destaca la Ley de Seguros del Automóvil, la controvertida Agencia Estatal de Salud Pública – decayó en marzo por el veto de PP y Junts – y la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Al margen, quedan pendientes dos reformas del Reglamento de la Cámara. La más mediática, la que se orienta al coto a la entrega de credenciales a pseudomedios, saldrá adelante con el respaldo del bloque de la investidura tras superar con facilidades el debate de totalidad hará dos semanas; con lo que el código de conducta del Congreso verá la luz y su aplicación será posible a partir del próximo periodo de sesiones, en el mes de septiembre. Por otro lado, PSOE y Sumar buscan la revisión del lenguaje inclusivo que también contará con el beneplácito de la mayoría y que, además, no pasará por el Senado, así que también se prevé su aprobación en el último pleno del curso político.