Pedro Sánchez busca oxígeno en el último pleno del Congreso del curso político. Con los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE parcialmente eclipsados por los disturbios en Torre Pacheco y el estallido del caso Montoro, el Gobierno trata de cerrar este periodo de sesiones con una victoria contundente que sirva para unir al bloque de la investidura y demuestre que aún queda legislatura por delante. Sin embargo, el Ejecutivo llega a esta cita clave con amenazas de Podemos, la incertidumbre habitual que suele impone Junts a cualquier votación y presionando al PP para evitar que una fisura con sus aliados acabe en una derrota en el hemiciclo.
Para medir el apoyo de los socios parlamentarios y, por tanto, de viabilidad de la legislatura, en el Gobierno suelen pedir que se mire justo a las votaciones que tienen lugar en el Congreso. Atender a los «datos y los resultados», más allá del relato que en el caso de algunos socios se ha endurecido tras el caso Cerdán. Por eso, en el Ejecutivo se pusieron como meta para alejar fantasmas sobre la ruptura de la mayoría de investidura y acabar el curso haciendo pleno en la última votación del curso político.
«Hemos conseguido aprobar nada más y nada menos que 36 leyes y, durante este mes de julio, seguramente podamos aprobar siete leyes más», replicaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a la petición de una cuestión de confianza por parte de Coalición Canaria y a la que se sumó el PNV como uno de los escenarios para salir de la crisis por la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública en el PSOE. Esas siete leyes pueden acabar siendo ocho si el Gobierno logra el respaldo a todas las iniciativas que se debaten este martes. Además, los socialistas ya se han encargado de paralizar la tramitación de otras cuatro normas para no tener que enfrentar ninguna derrota.
Dos votaciones en el aire
Sin embargo, Sánchez no las tiene todas consigo. El Gobierno lleva a votación tres reales decretos y, al menos por el momento, solo parece tener aseguro los votos para uno de ellos, el que declara diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público. A 24 horas de la votación, el Ejecutivo no da nada por perdido, pero no deja de mirar al PP después de que Podemos haya anunciado que votará en contra de la convalidación del decreto ‘antiapagón’, lo que obliga a lograr el respaldo del PP o, al menos, su abstención. En las últimas semanas, el sector energético y la gran industria han puesto una presión nunca antes vista en los populares para que den el visto bueno al texto. Sin embargo, los conservadores siguen sin aclarar su voto.
Y en el aire está también el real decreto que actualiza las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Junts, que hace un año tumbó la senda de estabilidad para mostrar su rechazo a la financiación que recibe Catalunya, no desvela que votara. «Seguiremos trabajando para que salga aprobado«, confiaba la portavoz del PSOE y secretaria general del grupo parlamentario, Montse Mínguez, tras la ejecutiva socialista este lunes. Eso sí, también aquí elevaba la presión sobre los conservadores al señalar que están en juego «más de 150.000 millones para las comunidades autónomas y más de 28.000 para los ayuntamientos».
«¿El PP se atreverá a votar en contra?», añadían fuentes de la cúpula socialista a modo de reto, argumentando que se visibilizarían dos modelos contrapuestos, el de los recortes y el de gestionar “sin dejar a nadie atrás”.
Tejer acuerdos
En Moncloa, por su parte, aseguran que la dificultad para armar mayorías sigue siendo la misma que desde el inicio de la legislatura, sin cambios sustanciales tras el estallido del escándalo por el caso Cerdán. La intención de los socialistas, con todo, pasa por apurar las conversaciones con los socios hasta el último momento para intentar asegurar las votaciones. Si la alternativa de PP y Vox al actual Gobierno ha actuado habitualmente como pegamento, ahora se suma el caso Montoro.
Así, el Gobierno cuenta con salvar los tres decretos y aprobar la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la cual contiene la reforma para que la deducción del actual SMI para que no tribute sea permanente; la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública; la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en materia de arrendamiento de viviendas; y las reformas del reglamento del Congreso para reescribirlo con lenguaje inclusivo y establecer una serie de normas básicas de comportamiento ante el acoso a periodistas de agitadores ultras.
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