El PP votó ayer en contra de la convalidación del Real Decreto ley de medidas para fortalecer el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril en la Península. Un texto que, además, incluía medidas estratégicas para que Canarias pudiese paliar la emergencia energética que el Ejecutivo autonómico decretó en octubre de 2023. Entre ellas contemplaba la instalación de baterías de emergencia en el Archipiélago, una solución clave para evitar apagones como los que afectaron a La Palma hace mes y medio, así como a El Hierro y la Gomera en 2023 o a Tenerife en 2020.
Con este rechazo, el PP vuelve a oponerse en Madrid a una iniciativa que el Gobierno de Canarias, del que los populares forman parte, considera estratégica, evidenciando así –una vez más– la existencia de dos posturas dentro del partido. Por un lado, la que se impulsa desde la vicepresidencia autonómica, alineada con los intereses del Archipiélago; y por otro, la que marca la dirección nacional desde Génova, más centrada en desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en atender las necesidades ciudadanas.
Esta doble alma no es nueva y lleva casi dos años quedando patente en la gestión de la crisis migratoria, una materia en la que el PP de Alberto Núñez Feijóo no deja de poner de manifiesto su bipolaridad.
El ‘no’ del Partido Popular fue defendido, precisamente, por Guillermo Mariscal, diputado por la provincia de Las Palmas, que no suele prodigarse mucho en la tribuna. En su intervención, calificó el plan antiapagones del Gobierno como «un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas» y añadió que su partido no respalda «una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía y la confianza de todo un país».
Lo hizo pasando por alto que en Canarias, donde le votaron para ocupar su escaño, los apagones son una amenaza real y que el decreto contemplaba la instalación de grupos electrógenos de emergencia en las Islas capaces de acelerar la recuperación del sistema en caso de apagón total. Así, Mariscal rechaza en Madrid lo que su compañero de filas y consejero de Transición Energética del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, propuso desde las Islas a través de CC.
Además de las baterías antiapagones, otra de las propuestas clave que el Gobierno de Canarias consiguió incorporar al real decreto ley para afrontar la emergencia energética declarada en el Archipiélago fue la aceleración de los trámites para autorizar instalaciones portátiles temporales destinadas a la producción y almacenamiento de electricidad en situaciones críticas.
Además, la norma rechazada ayer en el Congreso incluía la posibilidad de que la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) pudiera conectar instalaciones de I+D+i para desarrollar proyectos piloto enfocados hacia la construcción de aerogeneradores flotantes para energía eólica marina. También, y a propuesta de Coalición Canaria, el decreto habría modificado el artículo 53 de la Ley del sector eléctrico –referido a las autorizaciones administrativas– para incluir expresamente las instalaciones de almacenamiento.
La bipolaridad de los populares, o la evidente discrepancia entre Génova y su cúpula regional –que está por ver cómo repercute en el Gobierno autonómico–, la aprovechó ayer el PSOE canario para señalar que el PP «actúa en contra de los intereses de Canarias». El ministro Ángel Víctor Torres, también líder de los socialistas isleños, agregó que el PP «ha decidido y preferido que es mejor que el Gobierno de España tenga una derrota que la seguridad de los canarios».
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