Fernando Romay, sobran las presentaciones, jugó 17 temporadas en el Real Madrid y otras dos en Ferrol y Zaragoza, fue internacional en 174 partidos, en dos Juegos Olímpicos, y no ha dejado de trabajar desde que se retiró de las canchas en 1995. Tiene 65 años y todavía, según recoge el informe de su vida laboral, le faltan cinco para poder jubilarse con la pensión máxima.
Jordi Sans, ‘Chiqui’, formó parte de la selección española de waterpolo en cinco Juegos Olímpicos, de Los Ángeles 84 a Sídney 2000, 18 años como internacional en total, los últimos ya compaginando su deporte con trabajos de gestión que no ha dejado de ejercer. Va a cumplir 60 años y calcula que, cuando llegue el momento, le faltarán «dos o tres» para cobrar la pensión máxima.
Son solo dos ejemplos, hay decenas más. Cientos, incluso, muchos de ellos bastante más críticos. «Salvador Gómez, lo cuento porque él lo hace, que ahora tiene 57 años, solo ha cotizado durante 13 por diversas circunstancias. Pero es que fue parte de la selección, dedicándose de sol a sol al waterpolo, durante 17 años. Y ahora mismo no se podría jubilar dignamente, tendría que trabajar hasta los 80 años para poder hacerlo», expone Sans.
Fernando Arcega y Fernando Romay, junto a la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en un homenaje por los 30 años de su plata en Los Ángeles 1984. / ARCHIVO
Trabajadores, pero no para la Seguridad Social
Todos estos héroes olímpicos, medallistas en mundiales y europeos en los años 80 y 90, deportistas de todo tipo y nivel cuya dedicación era plena están ahora, en 2025, alcanzando o ya rebasando la edad de jubilación siendo víctimas de un sistema que les impedía contribuir a la Seguridad Social… y beneficiarse de ella. «Si tenía que llevar a mi hijo al hospital de La Paz, al lado de mi casa en Madrid, que es público, sabía que me llegaría al tiempo una factura», recuerda el histórico pívot gallego.
Para la Seguridad Social, es como si no hubieran trabajado durante todos esos años defendiendo los colores de España, estando en nómina de clubs. Siendo deportistas profesionales, en definitiva, aunque la normativa no les otorgara ese reconocimiento y les negara la protección social.
¿Pero por qué estaban en esta situación? Responde el propio Romay: «No cotizábamos porque no nos dejaban, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos no podías ser considerado deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social. Ojo, sí tributábamos, y no poco, pero se nos consideraba ‘amateurs compensados’. Yo no pude cotizar como deportista hasta 1993 [dos años antes de retirarse], que fue cuando el COI abrió la puerta de los Juegos a los profesionales en el baloncesto».
Para participar en los Juegos Olímpicos no podías ser considerado deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social
Vivían estos deportistas, todos menos los futbolistas de élite que sí eran profesionales, en una especie de limbo legal (ni siquiera tenían un epígrafe propio para sus tributaciones, lo hacían como «artistas y toreros») que ahora, tantos años después, pone en riesgo la calidad de su vejez. «Simplemente queremos jubilarnos con dignidad», reclama Sans, recordando que la pensión máxima en la actualidad exige 36 años cotizados. Y para quien se retirara después de los 30 años (prácticamente todos), las cuentas no salen.
De las conversaciones entre ellos sobre esta situación surgió una iniciativa colectiva para buscar una solución. Se articuló a través de la Fundación Blanca Fernández Ochoa (el papel de su hermana Lola y el de la gimnasta Almudena Cid ha sido determinante en este proyecto), con el apoyo del sindicato UGT y con el Gobierno como un interlocutor que se ha hecho cargo del problema y que busca los mecanismos legales para solucionarlo lo antes posible.
Deportistas y miembros del sindicato UGT, en una reunión sobre este problema. / UGT
El problema, claro, empieza por la dificultad para saber cuántos son los afectados y cuántos años de cotización como deportistas necesitaría cada uno de ellos para poder jubilarse con todas las garantías. Porque, coinciden Romay y Sans, ellos no piden que se les reconozcan todos los años dedicados al deporte, no es necesario, bastaría con que las cuentas les salgan para poder cobrar la pensión máxima que les corresponde.
1.004 deportistas ya identificados
El Gobierno está en ello, inmerso en un proceso complejo que arrancó con un formulario para identificar a los afectados. Se hizo llegar a las federaciones nacionales y estas lo distribuyeron entre sus deportistas potencialmente afectados. En total, 1.004 deportistas lo cumplimentaron. Sus respuestas, cada una con su casuística, están ahora en fase de estudio y servirán para cuantificar la magnitud de la potencial solución.
El siguiente paso, explican fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) es que Seguridad Social desarrolle una «pasarela», una norma que reconozca a esos deportistas el derecho a abonar las cotizaciones que no pudieron pagar en su momento y que se les reconozca así su trabajo. Un proceso burocrático que tiene sus propios tiempos, por lo que el Gobierno no se ve en disposición de dar plazos, más allá de valorar de que es «cuestión de meses» y de garantizar que se hará.
Seguridad Social desarrollará una norma que reconozca a esos deportistas el derecho a abonar las cotizaciones que no pudieron pagar en su momento y que se les reconozca así su trabajo
Realizar una criba justa tampoco es sencillo, porque el requisito más objetivo, el de quién fue Deportista de Alto Nivel, no sirve, dado que esa figura legal se creó en 1997. El planteamiento del Gobierno es identificar a quien respondiera entonces a los requisitos que ahora se exigen, mucho más fácil decirlo que hacerlo. «Con deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, ciclismo o fútbol es más sencillo; con otras disciplinas es más complicado, hablamos de épocas en las que no hay archivos digitalizados. Se va a tener que realizar un estudio muy minucioso», asumen desde el CSD.
El Gobierno, en todo caso, realza su compromiso con solucionar este problema. También el de «ayudar económicamente» al abono de esas cotizaciones pasadas, una vez exista una norma que lo permita, para lo que ya exploran las fórmulas legales más adecuadas que permitan hacerlo. «Si recoges una sola declaración mía, que sea la de mi profundo agradecimiento a la ministra Pilar Alegría y al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, por cómo están gestionando este asunto», solicita Romay.
Jornada sobre la problemática de las jubilaciones de los deportistas en el Congreso, con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes. / CSD
El fútbol paga las cotizaciones
En la actualidad, este problema ya no existe, al menos sobre el papel. En 2007, se aprobó un Real Decreto Ley que reconocía a los Deportistas de Alto Nivel (un listado anual regulado por el CSD) el derecho a cotizar como autónomos a la Seguridad Social. «El problema era que algunos deportistas de disciplinas minoritarias cobraban tan poco que no se podían permitir esas cuotas», comenta Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Empleo de UGT.
Ante esa nueva dificultad, el fútbol salió al rescate. En 2015 se aprueba el decreto que blinda la venta conjunta de los derechos de TV de Primera y Segunda División. En él, se recoge que un 1% del montante total (alrededor de 15 millones de euros anuales en la actualidad) se entregará al CSD para que lo destine a ayudas a la protección social de deportistas autónomos, para que abonen sus cuotas de la Seguridad Social.
El 1% de los derechos de TV de LaLiga se destina a pagar las cuotas de autónomos de deportistas de otras disciplinas
«Esas ayudas se articularon como pagos ‘a posteriori’. Es decir, los deportistas tienen que adelantar el dinero de las cuotas durante un año y luego tienen que solicitar al CSD su abono. Volvemos al mismo problema, algunos de ellos no se podían permitir anticipar esos pagos. Eso ha provocado que una parte de ese dinero no se haya gastado, que se haya quedado en una bolsa. Lo que le proponemos al Gobierno es que ese dinero se utilice para las cotizaciones de esos deportistas que están a punto de jubilarse», desarrolla la dirigente de UGT. Fuentes del CSD afirman que es una de las posibilidades que se encuentran sobre la mesa. En 2025, está previsto que solo se consuman para ese fin, a tenor de la demanda (entre 700 y 800 deportistas), 1,8 millones de los cerca de 15 disponibles.
El futuro Estatuto del Deportista
En definitiva, sigue existiendo un problema. Para empezar, la cotización sigue sin ser obligatoria para todos los deportistas, algo que se prevé que quede corregido una vez se apruebe el Estatuto del Deportista, un texto que desde el mes de noviembre se viene trabajando en una subcomisión del Congreso. La idea es obligar a que aquellos que no están trabajando por cuenta ajena, en nómina de un club o similar, tengan que cotizar como autónomos. Como cualquier otro trabajador, vaya. Otro debate, largo, será quién debe pagar esa cuota: el deportista, su club, su federación, el CSD…
Cuando ganábamos una medalla, enseguida nos llevaban a una recepción en Moncloa o la Zarzuela. Y estaba muy bien, pero lo que queremos es que ese trabajo se nos reconozca en nuestras pensiones
«Cuando ganábamos una medalla, enseguida nos llevaban a una recepción en Moncloa o la Zarzuela. Y estaba muy bien, pero lo que queremos es que ese trabajo se nos reconozca en nuestras pensiones. No nos dejaban cotizar y ahora no nos da para una pensión digna en muchos casos», resume Sans, uno de los 64 deportistas presentes en el grupo de Whatsapp ‘Jubilación Justa’. Ellos, representantes de muchos más compañeros, aguardan que llegue la solución que les permita jubilarse dignamente.
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