Los responsables de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE desde el pasado 30 de junio, dejarán de informar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de las visitas que recibe el exdirigente socialista.
El pasado 16 de julio, la UCO solicitó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias información detallada sobre las personas que visitan a Cerdán en la cárcel.
«Por ser de interés para las investigaciones», la UCO pidió «ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan«.
La petición incluía los registros de visitas de particulares, pero también el listado de abogados que han accedido al centro penitenciario para comunicar con el exnúmero 3 del PSOE.
Instituciones Penitenciarias, que empezó a informar a la UCO de esas visitas, se dirigió al magistrado instructor del Tribunal Supremo, poniendo en su conocimiento el oficio de los agentes que actúan como policía judicial.
Leopoldo Puente dictó una resolución en la que indicó que Instituciones Penitenciarias «debe actuar en los términos que considere normativamente conducentes».
Señaló que, en todo caso, la información que las autoridades penitenciarias proporcionasen a los investigadores sobre las visitas a Cerdán tiene que ser «quién y cuándo las realiza, no, naturalmente, relativas a su contenido».
Ayer, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, comunicó a Puente la marcha atrás.
En un escrito en el que alude expresamente a la resolución del juez, la Administración penitenciaria ha acordado «dejar sin efecto el cumplimiento que se venía haciendo relativo a la solicitud de la UCO» de obtener información sobre las visitas a Santos Cerdán.
La petición de la UCO causó un enorme malestar en los abogados de la defensa, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, que han aludido a esta situación en la vista celebrada esta mañana en la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
Los letrados estaban valorando dirigirse al Colegio de Abogados para que se pronunciase sobre la legalidad o la corrección de esa petición, que interpretan como una indebida vigilancia a la labor de la defensa.
