El Consell ha convocado las ayudas «para las actuaciones de apertura de fosas y exhumaciones de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura». Así lo publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat, una resolución que no solo pone en marcha el procedimiento para otorgar 200.000 euros incluidos en los presupuestos para 2025, sino que supone el estreno de la ley de Concordia (recurrida en el Tribunal Constitucional) para este tipo de actuaciones.
Los acuerdos entre PP y Vox para ambos proyectos legislativos tienen este martes su traslación en el Diari Oficial con cambios sustantivos en la convocatoria de estas subvenciones. En este sentido, la principal modificación es que estas ayudas (de hasta 200.000 euros) quedan limitadas a ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones (instituciones que antes no aparecían entre posibles beneficiarios) dejando fuera a las asociaciones memorialísticas, foco de las críticas de la ultraderecha durante años.
Esta exclusión ya se pactó en los presupuestos que los voxistas apoyaron al Consell y ahora se plasma en el DOGV. Las organizaciones de memoria han sido uno de los frentes más críticos con el Ejecutivo autonómico, especialmente tras la aprobación de la ley de Concordia. Por su parte, la inclusión de las corporaciones provinciales es también una novedad. Las tres están actualmente gobernadas por el PP, aunque en una de ellas, en la de Valencia, son sus socios de Ens Uneix quienes dirigen el área encargada de la memoria democrática.
Entrega de los restos de las fosas de los fusilados por el franquismo en el Cementerio de Paterna. / J. M. López
La comparativa no es solo respecto al último programa de subvenciones activado por el Botànic sino también por el Consell que encabeza Carlos Mazón. Hace 13 meses publicó un decreto en el que se aprobaban las anteriores bases de subvención y estas entidades sí que estaban incluidas. También aparecían referencias (hasta 63 veces) a la expresión «memoria democrática», un término que la ultraderecha ha denostado para hablar de la guerra civil y la dictadura y del que no hay referencia en la actualidad.
Sin ejecución previa
Aquellas bases aprobadas directamente por Presidencia fueron a escasos días de que se convalidara la ley de Concordia en las Corts, lo que ha supuesto un vuelco en este tipo de políticas y frenó la resolución de esa subvención. De hecho, en 2024, el Ejecutivo autonómico se quedó en mínimos de ejecución del presupuesto destinado a memoria democrática, con solo 369.000 euros autorizados a final de año de los 1,18 millones presupuestados; cantidad que, por otra parte, ya era un recorte del 65 % respecto al año anterior, el último del Botànic.
Así, un año después, la convocatoria de este martes no tiene ni una sola mención a la «memoria democrática». De hecho, en las 30 páginas del DOGV, la palabra memoria solo aparece en cuatro ocasiones y en tres es para vincularla a la justificación económica que se ha de presentar. «Recuperar nuestra memoria colectiva es la forma más firme de consolidar nuestro futuro de convivencia, concordia y paz, así como una manifestación de cultura democrática», señala en la explicación del texto como referencia más próxima.
Puntos por familiares vivos
En su lugar, aparece citada hasta en 7 ocasiones la palabra «concordia», ley sobre la que se basa la convocatoria de estas subvenciones. Con todo, según se explica en la resolución, las bases señalan que el procedimiento de concesión de estas subvenciones es «para actuaciones de localización, verificación, delimitación de fosas, exhumación, estudio antropológico, custodia e inhumación de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura» y se tramitarán en régimen de «concurrencia competitiva».
Es decir, se asignarán una serie de puntos y a partir de ahí se repartirá el dinero previsto para gastar: 200.000 euros. Entre las distintas calificaciones, con un máximo de 25 puntos, se otorgarán 5 para los proyectos que tenga familiares vivos hasta el cuarto grado así como otros 5 puntos para quienes cumplan con la «viabilidad técnica y económica» del proyecto. También se señala, entre otros motivos de puntuación, el riesgo de deterioro de los restos de las víctimas, con 2 puntos.
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