Hasta el último minuto del último turno de palabra ha habido que esperar para saber si el Real Decreto 6/2025 iba a salir aprobado en el Congreso. Hasta ese momento, el Gobierno de España y el Consell, tan enfrentados habitualmente, han podido compartir sensación de angustia. Los primeros se jugaban una posible derrota parlamentaria en el último pleno del curso y los segundos, 1.323 millones para unas arcas necesitadas. Al final, ambos han podido respirar con la posible incomodidad mutua de que ha sido el voto del PP el que ha salvado al Ejecutivo central.
Tras varios días de presión por parte de la izquierda y tras varios días del PP esquivando mostrar su posición, el Congreso ha dado visto bueno al real decreto que actualiza las entregas a cuenta que el Gobierno central envía mensualmente a las autonomías y a los ayuntamientos en función de la recaudación de 2025, al alza respecto a 2024, tras no contar con los presupuestos para este año con los que se hubiera hecho automáticamente.
Esto, en la práctica, son 17.000 millones más para todo el sistema de los que casi 1.700 tendrán como destino la Comunitat Valenciana. De ellos, 366 millones irán a los ayuntamientos valencianos mientras que la parte más jugosa del pastel (1.323 millones) irá a las cuentas de la Generalitat. «Es la cuantía más alta que se ha dado a las comunidades», ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, datos que el PSPV ha refrendado para la Comunitat Valenciana, presumiendo de la acción del Ejecutivo central y cargando contra el Consell.
«A Mazón se le han acabado todas las excusas con las que ha intentado tapar su clamorosa incompetencia en la gestión», ha señalado la diputada Patricia Blanquer apuntando a los «impagos generalizados» como «en la época de Alberto Fabra«. Así, los socialistas han destacado que la Comunitat Valenciana tendrá un 10,4 % más de recursos que en 2024, y hasta un 61,1% más, esto es, 5.317 millones más, que en el último año de Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, cuando las entregas a cuenta fueron de 8.696 millone
Aunque su aprobación este martes no significa que su pago sea inmediato, el año pasado, por ejemplo, se retrasó hasta septiembre. Es uno de los puntos que ha recordado el PP, cuyo voto ha sido determinante para que saliera adelante. Pese al choque constante con el Gobierno, los ‘populares’ están al frente de 12 autonomías y haber rechazado la medida habría significado un tiro en el pie de sus cuentas. Especialmente para las que tienen asfixias económicas como el Consell. Ya rechazaron esta medida en enero, cuando iba dentro de un decreto ómnibus con más materias, motivo por el que justificaron la negativa. Ahora, esta actualización iba en solitario, dificultando su ‘no’.
La diputada de Compromís, Àgueda Micó, interviene en el pleno del Congreso, este martes. / EFE/Chema Moya
«Lo hemos dicho por activa y por pasiva, nos hubiera encantado aprobarlo antes», ha señalado el diputado del PP, Pedro Puy Fraga. Su anuncio de apoyo a la medida, algo que el PSPV había reclamado en los últimos días, no ha estado exento de críticas, reprochando a Hacienda el retraso para aprobar esta medida, con siete meses de retraso en las entregas mensuales, y se ha preguntado si fruto de ello Hacienda pagará «intereses» por la demora o los créditos que hayan tenido que solicitar las comunidades para hacer frente a sus pagos, entre ellas, la valenciana.
El voto de los ‘populares’ ha permitido al Gobierno central sobreponerse a la negativa de algunos de sus socios como Compromís. O una parte de Compromís. Los valencianistas tienen dos diputados en el Congreso y están divididos en dos grupos parlamentarios distintos, una separación que en esta ocasión ha tenido su traslación en el voto por primera vez. Así, mientras Alberto Ibáñez, que continúa en el Grupo Plurinacional de Sumar, apoyará el real decreto, no lo hará Àgueda Micó, quien hace un mes se pasó al Grupo Mixto.
La dirigente de Més ha ahondado en su perfil crítico frente al Ejecutivo central en un tema sensible para la coalición y se ha negado a dar su respaldo a la medida. En su intervención, ha justificado que el real decreto «nos vuelve a castigar» y ha reclamado un fondo de nivelación y la reforma del sistema recordando el pacto de investidura. Por su parte, fuentes próximas a Ibáñez han señalado que el decreto, pese a continuar la situación de «maltrato e infrafinanciación» valenciana, tiene «aspectos positivos», quedan con las entregas a cuenta «un punto por encima de la media» del resto de autonomías o la posibilidad de que se puedan introducir enmiendas al tramitarse como Proyecto de ley.
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