El Gobierno canario está «armándose de argumentos jurídicos» para que la oficina de la Comunidad Autónoma en Bruselas pueda lograr una de las máximas pretensiones del Ejecutivo de Fernando Clavijo en esta legislatura: limitar la venta de casas a extranjeros no residentes.
Unos razonamientos que, según el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, van desde exigir un tiempo mínimo de estancia en el país para poder adquirir una vivienda hasta pedir una autorización previa a la hora de comprar, pasando por la posibilidad de incrementar figuras fiscales y tributarias en las transacciones inmobiliarias a los extranjeros no residentes.
Tres premisas que se basan en otros tantos hechos objetivos, tales como que en los últimos veinte años la población del Archipiélago ha crecido en más de medio millón de personas y, desde la gran crisis financiera de 2007, existe una evidente paralización de la construcción de viviendas para dar un hogar a este incremento poblacional: se ha pasado de levantar 30.000 nuevas casas al año a las apenas 1.500 actuales.
Tensión en el mercado
A ello se suma, como explicó el consejero a una pregunta del diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que en Canarias alrededor de un tercio de las casas que se venden las adquieren no residentes, sobre todo ciudadanos de países de la Unión Europea (UE), situándose entre las tres comunidades autónomas con mayor proporción de venta de inmuebles por parte de foráneos junto a Baleares y la Comunidad Valenciana.
«Todo ello ha provocado una tensión evidente entre oferta y demanda y unos grandes aumentos del precio, tanto de la venta como del alquiler, en los destinos más turísticos», insistió. Rodríguez en su convencimiento de poder convencer a la UE.
Fue Bermúdez el encargado de afear que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya contestado a la propuesta canaria que presentó Clavijo en la última Conferencia de Presidentes celebrada hace unos meses en Barcelona y que estaba basada en reformar la Ley de Bases de Régimen Local«para que los ayuntamientos puedan intervenir en el acceso a la vivienda» a través de ordenanzas municipales.
«Derecho a no ser expulsados»
«Una de cada cuatro viviendas acaba en manos extranjeras y se trata de un asunto de interés general que puede solucionarse en base a nuestras especificidades como región ultraperiférica», afirmó el también alcalde de la capital tinerfeña.
«Lo que está en juego es el derecho de los canarios de hoy y del futuro a no ser expulsados de su tierra, a no sentirse extranjeros en ella y a poder construir un proyecto de vida en las islas, si así lo quieren», concluyó Bermúdez.
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