“El PP es víctima de su propia trampa. Ha logrado colocar el marco de la corrupción, ha logrado que la corrupción fuera el tema del foco y que ese foco estuviera en el Gobierno. Ahora que ha saltado el caso Montoro no puede no hablar de esto. No puede no hablar de la corrupción”.
En la Moncloa, en el PSOE, se relamen con un punto de venganza después del giro imprevisto que la actualidad política experimentó en la tarde del miércoles. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el secreto de un sumario en el que llevaba trabajando durante siete años, e imputó de una tacada a 28 personas, entre ellas al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro —titular de la cartera primero con José María Aznar (2000-2004) y después con Mariano Rajoy (2011-2018)— y a altos cargos de su departamento, por haber beneficiado presuntamente a empresas gasistas a través de modificaciones legislativas. El vehículo para conseguir esas leyes a demanda era el bufete Equipo Económico, la consultora que Montoro fundó en 2006 y de la que fue presidente hasta 2008. Una operativa que los Mossos estiman que se repetía con mercantiles de otros sectores, como energéticas y renovables. La investigación apunta que el exresponsable de Hacienda se benefició del reparto de «comisiones» y también que su jefe de Gabinete recibía información reservada de la Agencia Tributaria sobre inspecciones fiscales relevantes para disponer de jugosa munición contra rivales políticos —como Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato, de su propio partido; Juan Carlos Monedero, de Podemos, o la familia Pujol, de la extinta Convergència—, empresarios, artistas o personalidades como la baronesa Thyssen o el tenista Rafa Nadal. También queda salpicado otro exministro, Rafael Catalá, por su relación con la compañía de juegos de azar Codere.
No tenían ninguna estrategia en el PP y la que se habían inventado, intentando hacer ver que todo lo que rodea a Sánchez es corrupción, ya no les vale”, aseguran en el círculo de confianza de Sánchez
El desnudo de una presunta trama organizada en uno de los motores más sensibles del Estado, Hacienda, con un exministro a la cabeza, imputado por siete delitos, no solo ha ofrecido a los socialistas un pequeño respiro dentro de la marejada del caso Cerdán, sino que también les ha convencido de que el PP sufrirá para remontar. Porque su estrategia de oposición dura para intentar derribar a Pedro Sánchez y su Gobierno, creen, se ha venido abajo. El auto del juez y los 18 tomos del sumario prueban, para el PSOE, la existencia de una presunta «corrupción sistémica» que anidaba en el corazón del Ejecutivo de Rajoy, con la otra pata en Interior, donde campó a sus anchas la policía patriótica y donde germinó la Kitchen, la causa que sentará en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez. El contexto en el que se pudieron diseñar esas leyes a la carta también importa, porque mientras Montoro hacía apología de los durísimos recortes al Estado del bienestar y a las políticas de austeridad, el despacho que él creó engordaba y las empresas que lo contrataban veían reducida su factura fiscal. «La corrupción sistémica, la derecha española», glosaba este sábado el ministro Óscar López en X.
—Se acabó la estrategia de oposición del PP. Tendrán que inventar otra.
La reflexión la pronuncia un dirigente socialista que tiene contacto muy habitual con el presidente y con su Ejecutivo. Un análisis que comparten en la Moncloa y en la dirección socialista. «En realidad, no tenían ninguna estrategia y la que se habían inventado, intentando hacer ver que todo lo que rodea a Sánchez es corrupción, ya no les vale«, abundan en el núcleo duro del líder socialista. «Se le acaba su estrategia, sí —converge un ministro—. El problema es que no tiene otra«. A lo que buscará agarrarse el PP, creen en el PSOE, es a la crítica a los pactos con los socios.
La “corrupción prémium”
Lo dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el pasado 18 de junio en el pleno del Congreso, en la última sesión de control antes del verano: hay «corruptos cutres» —el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Santos Cerdán— y «corruptos prémium«, los de cuello blanco del PP. La presunta organización que operaba en Hacienda con Montoro al frente casa mejor con la segunda categoría, por las cantidades tan altas que se manejan, por el supuesto desvío de fondos a otros países, por la sofisticación de la operativa. «Es lo más grave que ha sucedido en democracia —observa un miembro del Gabinete—. Cualitativa y cuantitativamente. La Kitchen no movía pasta, y esto sí».
Ahora son los socialistas los que llaman “mafia” al PP: “No llevan bien lo de pagar entre todos para que todos podamos estar un poquito mejor”. Hablan de un caso “grave” que describe una “corrupción sistémica” en el Ejecutivo de Mariano Rajoy
—Se parece mucho a la mafia. Imagino que se manifestarán ahora contra sí mismos. Los del PP y Hacienda, y no olvidemos al novio de [Isabel Díaz] Ayuso [procesado por fraude fiscal y falsedad documental], parece que tienen sus cosillas. No llevan bien lo de pagar entre todos para que todos podamos estar un poquito mejor —señalan en la Moncloa.
Al Ejecutivo le molestó mucho que Alberto Núñez Feijóo convocara una manifestación en Madrid el pasado 8 de junio al grito de «mafia o democracia» después de que explotara el caso de Leire Díez, la llamada fontanera de Cerdán que maniobró supuestamente para desprestigiar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una marcha que acabó en «pinchazo», con entre 45.000 y 50.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno (y 100.000 para el PP). «Es que hay que ser gilipollas ir con ese eslogan con el currículum que tienen. Ellos sí que son una mafia. El PP nacional lleva siete años sin poder influir, de ahí las prisas y los nervios por llegar al Gobierno… Pues nada, hay Sánchez para rato», concluye, optimista, un alto cargo de la dirección socialista.
Los socialistas seguirán apretando. Y no se conformarán con el «lo que haya que investigar, que se investigue» que escribió en X Feijóo el viernes, sin mentar siquiera al exministro de Aznar y Rajoy. Este sábado, la sucesora de Cerdán al frente de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, acusó al líder de los conservadores de esconderse para no decir «ni mu» sobre la imputación del extitular de Hacienda. La número tres de los socialistas, durante su intervención en el comité nacional del PSPV-PSOE, cargó contra un Feijóo que continúa sin agenda pública desde el estallido del caso y que sigue «sumido en el silencio» ante el «escándalo» que se produjo en la etapa de Rajoy en el poder. «Es que esto era robar a lo bestia. Guante blanco y muy lujoso», resume una integrante de peso de la dirección del partido.
Gobierno y PSOE continuarán apretando a Feijóo para que salga de su “silencio” sobre Montoro. Y adelantan que utilizarán el caso para atizar a su rival: “No es ‘y tú más’, es legítima medición”. Y defienden que la corrupción no es estructural en el Ejecutivo
«¿Por qué no sale Feijóo a desmarcarse claramente? Si no lo ha hecho es porque tiene miedo o algo que esconder —apuntan en la Moncloa—. La sensación es que está atrapado. Les han pillado en el PP con el carrito del helado». En el Ejecutivo piensan utilizar esta nueva arma que les ha brindado la Justicia para atacar a su rival: «Todos jugamos el partido. No compartimos el y tú más, es legítima medición porque no todos los partidos respondemos igual a un caso de presunta corrupción. Ellos quieren que estemos en el barro, así que si quieren que estemos ahí, utilizaremos el caso. Si desean hablar de política internacional o de economía, perfecto, pero si no es así, le lanzaremos también barro. El caso Koldo / Ábalos / Cerdán es cierto que no sabemos dónde llega, pero no es estructural ni está instalada la corrupción en el Gobierno. Nosotros no tenemos tolerancia con la corrupción. Aquí hay ya de una tacada 28 personas investigadas, nueve de ellas de la etapa Rajoy y cuatro de la época de Aznar. Y hay piezas aún secretas. Había una cultura que normalizaba las influencias y las presiones para conseguir cambios legislativos, en un contexto de recortes. Es que les ha saltado un caso que puede ser peor con Gürtel«.
En el círculo de confianza de Sánchez recuerdan que la corrupción ha vuelto a escalar a lo más alto de las inquietudes de los españoles —es citado como el segundo problema (25,3%), tras la vivienda (30%), en el barómetro de julio del CIS, realizado justo después de la entrada en prisión de Cerdán—, y se debe en buena medida a que el PP ha insistido en ubicar el foco ahí.
Final de curso con los socios amarrados
La imputación de Montoro y de las cúpulas de Hacienda de los gobiernos de Aznar y Rajoy ha permitido al Gobierno rematar una semana que calculaba más de impasse. En el equipo de Sánchez se sentían satisfechos con el resultado del pleno sobre corrupción del 9 de julio y el plan para esta semana era amarrar a los socios antes del parón del verano. El lunes 14, con ERC, gracias al acuerdo de la comisión bilateral Generalitat-Estado sobre financiación singular, un pacto inconcreto y sin plazos que acabó creando tensiones internas en la formación de Oriol Junqueras. El martes 15, con el PNV, con la reunión del presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, y de la comisión bilateral Estado-Euskadi, que se cerró con un avance en los traspasos de competencias (pero descafeinado). El viernes 18, con Junts, al volver a debatirse de nuevo —fue la séptima vez— la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, pero la falta de la requerida unanimidad obligó a aplazar el tema.
El Gobierno cerró con la Generalitat el acuerdo de la financiación singular para sosegar a ERC y firmó traspasos con el Ejecutivo vasco para recuperar al PNV. Insistió con el catalán en la UE, pero no logró la unanimidad requerida, como se esperaba
La Moncloa cree que ha cumplido con sus aliados parlamentarios. Incluidos los posconvergentes, pese al fracaso, porque ya eran conscientes de antemano que el cambio de estatus del catalán no reuniría el apoyo de los Veintisiete. La promesa del Ejecutivo es que mantendrá vivo el compromiso y creen que, antes o después, prosperará, porque en la UE opera «un cierto fair play«, y puede que en el futuro esta cuestión se desbloquee a cambio del apoyo de España a algo que sea capital para otro Estado miembro. «Los países que están en el no [Alemania, Luxemburgo, Austria, Francia, Italia, Polonia o Finlandia] forman parte de un posicionamiento global, arrastrados por el PP alemán. Pero creemos que si gira Alemania, puede girar el resto», aseguran desde el círculo de confianza de Sánchez.
Y se sumó también el varapalo del Supremo al juez Juan Carlos Peinado, al rechazar la imputación del ministro Félix Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, ya que no existe el «más mínimo respaldo indiciario» para investigarlo. En el Gobierno, igual que en el PSOE, reconocen que viven día a día con el «miedo» en el cuerpo, por si el caso Cerdán escala, y podría hacerlo, porque realmente la investigación no ha hecho más que empezar. Pero la semana se cerró con el foco en el PP y esta próxima el Ejecutivo confía en poder rematarla con aprobado. El presidente arranca este domingo una gira por Latinoamérica que concluirá el jueves 24 de julio y que tendrá tres paradas: Chile —donde asistirá a un foro en defensa de la democracia en el que coincidirá con otros líderes del subcontinente—, Uruguay —país en el que rendirá homenaje al expresidente Pepe Mujica, fallecido el pasado 13 de mayo— y Paraguay.
Una votación en riesgo en el ‘pleno escoba’ del Congreso
Sánchez, por tanto, no presidirá ni la reunión de la ejecutiva del PSOE del lunes ni el Consejo de Ministros del martes, en el que se baraja aprobar, para remitir al Congreso, el proyecto de reforma de la ley de secretos oficiales, otro guiño a los socios y especialmente al PNV. El jefe del Ejecutivo tampoco acudirá al pleno escoba del martes 22 en la Cámara baja, el último antes del paréntesis vacacional. Pero ya el Gobierno se ha cuidado de levantar del orden del día dos de los temas que se habrían estrellado —en ambos casos, por la cerrazón de Junts— y que por tanto habrían agravado la sensación de debilidad parlamentaria de la coalición: la reducción de la jornada laboral y la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal. Al proyecto estrella de Yolanda Díaz los posconvergentes siguen poniendo pegas y ese bloqueo ha propiciado que la vicepresidenta segunda haya decidido posponer el debate de totalidad a la vuelta del verano.
El Ejecutivo confía en que Junts recule en sus enmiendas a la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal: los de Puigdemont piden un Consell de Justícia catalán y la supresión de la Audiencia Nacional. La Moncloa ultima la reforma de la ley de secretos oficiales
Para la ley del ministro Bolaños, los de Carles Puigdemont continúan defendiendo dos enmiendas que son inasumibles para el Ejecutivo: la creación del Consell de Justícia autonómico —un órgano que el Tribunal Constitucional cepilló mucho en su sentencia del Estatut de 2010— y la desaparición de la Audiencia Nacional. «Estamos trabajando el texto con todos los grupos», señalan fuentes próximas al titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «confiamos en que Junts se baje de sus pretensiones. Que puedan coincidir con los jueces y fiscales conservadores para hacer que la ley se estrelle no lo vemos». «Nosotros no retiramos nada», advierten desde la cúpula posconvergente.
El pleno debatirá y votará, para su aprobación definitiva, tres leyes que llegan del Senado: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la modificación del régimen económico y fiscal (REF) canario para incentivar la construcción o compra de vivienda para dedicarla al alquiler habitual y el cambio de la ley sobre responsabilidad civil y seguro de los vehículos a motor. También aprobará, previsiblemente, una doble reforma del reglamento del Congreso —para introducir el lenguaje inclusivo y para regular el trabajo de los periodistas en la Cámara, sancionando a los agitadores ultras—. Y tendrá que convalidar tres reales decretos leyes del Gobierno: la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas —que iban incluidas en el decreto ómnibus que decayó en enero—, los beneficios fiscales para acontecimientos de excepcional interés público (como la conmemoración del Año Tàpies, la celebración del Primavera Sound de Barcelona o del Xacobeo 2027 en Galicia o el centenario de la Generación del 27) y el de medidas de refuerzo del sistema eléctrico para que no se repita un cero energético como el que dejó sin luz a toda la Península el pasado 28 de abril.
El texto que corre más peligro ahora mismo es el último. El decreto antiapagones, cuyo eje es la inclusión de una mayor supervisión a los operadores obligados a controlar la tensión de la red, precisamente para que no suceda lo mismo que hace casi tres meses. El Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha contactado ya con todos los grupos, pero por ahora no tiene los votos asegurados. Junts no ha aclarado el sentido de su voto, aunque en el Ejecutivo creen que no rechazará el decreto porque la industria energética catalana resultaría dañada.
Los posconvergentes no anticipan qué harán con el ‘decreto antiapagones’. Podemos, tampoco, pero traslada su “franca preocupación”, porque cree que no previene futuras caídas de la luz ni “toca el oligopolio energético”. Ninguno se ha sentado con Aagesen
Ni el PP ni Podemos quisieron sentarse con el Gobierno. Este sábado, Pablo Fernández, portavoz de la formación morada, trasladó su «franca preocupación» por un decreto «que no sirve para prevenir futuros apagones, que no toca el oligopolio energético», que «no implementa multas a las empresas» del sector y que «tampoco establece sistemas de compensación para evitar caídas de tensión como las que provocó el apagón». «Vamos a ver si votamos a favor, en contra o nos abstenemos», remachó. Podemos se mantiene en que rechaza negociar nada con el Ejecutivo «por la corrupción». «Nos traen cosas, lo analizamos y si consideramos que es un avance en derechos lo votamos», precisan desde el partido de Ione Belarra.
En Transición Ecológica no comprenden la actitud de Podemos, porque el texto contiene medidas «necesarias» y que están pensadas para fortalecer el despliegue de las renovables y robustecer el sistema. Y también porque sí se mete en cintura al «oligopolio energético«: recuerdan en el equipo de Aagesen que Ibredrola ha llevado al Gobierno al Supremo por el comité que investigó el apagón. «Este es el primer decreto que aprieta las tuercas a las eléctricas. Si Podemos vota en contra es que está en contra de embridarlas», avisan.
Transición insiste en que su texto sí “aprieta las tuercas” a las eléctricas. La votación en el Congreso pillará a Sánchez de gira por Latinoamérica. La última semana de julio tendrá rueda de prensa, último Consejo de Ministros antes del parón y Marivent
El Ejecutivo puede cerrar el curso parlamentario anotándose la victoria en los ocho puntos del orden del día o bien emborronarlo con una sonora derrota. En todo caso, Sánchez enfila la recta final del año político. A su vuelta de la gira latinoamericana, ofrecerá su rueda de prensa de balance el lunes 28 de julio en la Moncloa. El martes 29, presidirá el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y viajará hasta Palma para el despacho estival con el Rey en Marivent. El Gobierno ya empieza a dar vueltas a cómo retomar la iniciativa política a partir del 26 de agosto, cuando se reúna otra vez el Gabinete. No hay decisiones tomadas pero el presidente y su equipo son conscientes de que necesitan un nuevo impulso para la segunda parte de la legislatura, todavía envuelta en muchas sombras por la evolución que siga el caso Cerdán. Pero ahora, indudablemente, la imputación de Montoro y de otras 27 personas facilita el relato y la maltrecha supervivencia del Ejecutivo.
