En medio de los recientes escándalos
de presunta corrupción que han sacudido la esfera política
española, el término lobby ha resurgido con fuerza en el
debate público, cargado de connotaciones negativas y malentendidos.
Sin embargo, como explicó Carlos Parry, presidente de la Asociación
de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), en una
entrevista en La Linterna de COPE, el lobby es una práctica
legítima y necesaria en cualquier democracia avanzada.
La clave, subraya, radica en la
transparencia y la regulación, algo que España sigue sin aplicar, a
diferencia de países como Alemania, Francia o la propia Unión
Europea, donde los registros públicos y las normas éticas delimitan
claramente esta actividad.
Lobby ético vs. opacidad: la frontera del Código Penal
Parry definió el lobby como «una
organización, empresa o asociación que defiende un interés
legítimo ante la administración pública«, ya sea una ONG de
pacientes, una patronal industrial o un colectivo social. Su
objetivo, insistió, es «informar y aportar datos para que las
decisiones políticas sean las más adecuadas». Sin embargo,
admitió que la línea entre influencia legítima e ilegítima es
delgada: «La marca el Código Penal. Si usas contactos para
sacar rédito económico, es cohecho o tráfico de influencias. Pero
si defiendes intereses con rigor y transparencia, es correcto».
El presidente de la Asociación Profesional de las Relaciones Internacionales (APRI), Carlos Parry
Precisamente, la falta de regulación
en España favorece la opacidad. Mientras en Bruselas es público
quién se reúne con quién y con qué fin (como revelan los 12.900
grupos registrados, desde Iberdrola hasta sindicatos), en España los
lobistas acceden al Congreso como «visitas personales»,
según fuentes parlamentarias. Un ejemplo ilustrativo: aunque se sabe
que la consultora Llorente & Cuenca defiende en la UE los
intereses del biodiésel, esa información es inaccesible en el
ámbito nacional.
17 años de promesas incumplidas
Parry denunció que los profesionales
del sector llevan 17 años exigiendo una regulación «simple,
como la de Bruselas», pero los sucesivos gobiernos han pospuesto
la iniciativa. De hecho, el anteproyecto de ley aprobado en 2022 —que
incluía un registro y prohibía las «puertas giratorias»
durante dos años— ni siquiera llegó al Congreso. Las razones,
según analistas, son la «falta de voluntad política» y
las resistencias de sindicatos, patronales y colegios profesionales,
que temen perder su estatus constitucional al ser etiquetados como
lobbies.
Más sobre el caso Montoro
Esta negligencia contrasta con las
advertencias de organismos internacionales. El Grupo de Estados
contra la Corrupción del Consejo de Europa ya alertó en 2022 de la
«gran opacidad» del lobby español, mientras la OCDE
criticó en 2024 la ausencia de controles sobre los cargos públicos
que migran al sector privado.
Lobby vs. comisionista: la confusión que perjudica al sector
Uno de los problemas, señaló Parry,
es la confusión entre lobistas y «comisionistas», figuras
vinculadas a casos de corrupción, algo que daña la imagen de
profesionales que trabajan «de forma ética». Puso ejemplos
de lobby positivo: la ONCE logrando derechos para discapacitados o la
Asociación Española Contra el Cáncer impulsando el «derecho
al olvido» financiero para pacientes oncológicos. «El
lobby no son moquetas ni reuniones escondidas», aclara.
Mientras Francia y Alemania han
integrado el lobby en sus sistemas con reglas claras, España sigue
anclada en un debate moralizador. Como concluyó Parry: «Urge
una regulación que ponga a cada uno en su sitio: a los corruptos, en
los juzgados; y a los profesionales, trabajando con transparencia».
La pregunta es cuántos escándalos más harán falta para que el
legislativo actúe.
