Izquierda Unida y Movimiento Sumar, fuerzas del ala minoritaria del Gobierno, han acordado impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Montoro, por el que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro habría diseñado leyes a medida de empresas gasísticas a cambio de favorecer a su despacho, Equipo Económico. Una presunta trama durante la etapa de Mariano Rajoy que el actual Ejecutivo quiere escrutar ahora en el Parlamento.
La dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar acordó este lunes registrar en el Congreso la solicitud para la creación de una comisión de investigación a partir de un texto redactado y propuesto por Izquierda Unida, que ahora deberá negociarse con otras formaciones en el Congreso para conseguir su apoyo, ya que el reglamento establece que estas solicitudes deben estar firmadas por 70 diputados o por dos grupos parlamentarios.
Este fin de semana, Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz, ya anunció que iniciaban los contactos con otras fuerzas políticas para lanzar esta iniciativa, ya que las comisiones de investigación requieren de la firma al menos de dos grupos parlamentarios.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, cargó contra el «gravísimo caso de corrupción del PP», destacando el contexto en el que se produjo, cuando España afrontaba una importante crisis económicas. «Dolor para todos, beneficios para unos pocos», resumió el dirigente en rueda de prensa de Movimiento Sumar, antes de defender que «es imprescindible que el Congreso tome en el asunto». En este punto, reclamó la investigación de todos los cargos implicados, pero también pidió «que terminen devolviendo hasta el último euro de corrupción».
Después de la declaración de intenciones de Sumar, Izquierda Unida ha ido más allá este lunes, y ha lanzado directamente el texto para registrar dicha comisión, según explicó su coordinador federal, Antonio Maíllo, en declaraciones a peroidistas en el Congreso. Allí acusó al PP de haber creado una «Hacienda patriótica», y de generar una «corrupción legislativa» consistente en «corromper las leyes para beneficiar presuntamente a tanto a particulares como a empresas». Además, criticó el «silencio» del PP, cuyos principales cargos han estado semanas protagonizando intervenciones contra el caso de corrupción del exnúmero tres socialista Santos Cerdán.
Amnistía fiscal y Equipo Económico
Entre los argumentos que IU ha incluido en su propuesta está el de identificar las empresas participantes de la trama; investigar la coincidencia temporal entre las nuevas leyes presuntamente elaboradas a medida para las empresas y los pagos realizados por estas compañías al despacho de Montoro. También identificar las normas en las que habría participado la oficina Equipo Económico.
Uno de los puntos más interesantes que pide IU es cruzar los datos sobre los implicados en la trama y los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, con el objetivo de determinar si esta amnistía fiscal (Real Decreto Ley 12 de 2012 de 30 de marzo) se elaboró «con la finalidad de beneficiar a clientes de Equipo Económico también a cambio del pago de determinadas cantidades económicas».
En la comisión de investigación, IU también quiere examinar los documentos remitidos por el departamento de Montoro dentro de la causa de los papeles de Bárcenas, y reclama comprobar si los informes periciales elaborados por el Ministerio de Hacienda y las contestaciones a requerimientos judiciales remitidas al juez instructor habrían «ocultado o manipulado información para beneficiar al Partido Popular».
Además, pide conocer las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda sobre infracciones o liquidaciones (emitidos por Tribunales Económicos Administrativos Regionales (TEAR) o por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que afecten a empresas beneficiarias de la trama.
En este punto, IU también apunta a la posible relación de otros ministros del Gobierno del PP con la «‘venta’ de leyes o elaboración de estas por encargo» de empresas a cambio de pagos económicos, nombrando directamente al exministro de Justicia entre 2014 y 2018 Rafael Catalá, y sus vínculos con la empresa de juego CODERE, que habría pagado casi 700.000 euros a Equipo Económico.
Entre los argumentos del partido de Antonio Maíllo, también destaca que Equipo Económico habría intervenido en el nombramiento de altos cargos, criticando la finalidad de «extender la presunta organización criminal». Además, apunta a la «Hacienda patriótica», con indicios del uso ilícito de datos fiscales o sobre procedimientos sancionadores con fines políticos.
