El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha esgrimido este lunes la decisión del BBVA de no desistir de la oferta de compra (opa) del Sabadell pese a la condición que le impuso el Gobierno -en la práctica, que las dos entidades no puedan fusionarse durante tres años, ampliables en otros dos- como un aval a la actuación del propio Ejecutivo. «Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con esta operación es que efectivamente puede generarse valor para los accionistas privados de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general», ha defendido en un pronunciamiento veladamente dirigido a la Comisión Europea, que la semana pasada abrió un procedimiento de infracción a España a raíz de la actuación del Gobierno en torno a esta operación.
Cuerpo, en este sentido, ha recordado que la ley de defensa de la competencia de 2007 permite al Consejo de Ministros imponer «condiciones adicionales» a una operación de integración que haya sido aprobada con condiciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en segunda fase de análisis, siempre que el Gobierno lo justifique en razones de interés general distintas a la propia defensa de la competencia. La Comisión Europea acaba de abrir el procedimiento de infracción a España por entender que esta normativa va en contra de la legislación comunitaria, pero el ministro lo ha vuelto a negar de forma tajante: la ley española está «perfectamente alineada» con la europea.
«Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la generación de un precedente según el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general. Es decir, que el valor que conlleve esta operación no venga única y exclusivamente de sinergias entre comillas mal entendidas, como pueden ser las asociadas a despidos o cierre de oficinas. No estamos hablando de una entidad que pueda estar en una situación problemática, como puede haber sucedido en el pasado. Las dos entidades tienen una situación perfectamente saneada.», ha sostenido el ministro durante su comparecencia en la comisión de economía del Congreso de los Diputados.
Competencia amenazada
Como ha adelantado EL Periódico, Cuerpo también ha confirmado que una directiva europea (CRD6) amenaza la competencia que una ley de 2014 confiere a su ministerio de prohibir la fusión entre las dos entidades con posterioridad a que la opa tuviese éxito y a que la condición de gestión independiente venciese, dentro de tres o cinco años. «La ley de solvencia (de 2014) está metida en un proceso de trasposición de la CRD6; en este proceso, como hemos hecho en todo momento, seguiremos garantizando que nuestra normativa doméstica está alineada con la europea», ha apuntado.
Dicha directiva, que España y el resto de Estados miembro de la UE deben incorporar a su legislación antes del próximo 11 de enero, refuerza el papel de los organismos supervisores para decidir sobre fusiones: «Los supervisores de las entidades de crédito han de poseer todas las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados». La interpretación generalizada es que el espíritu de la norma pasa por que desaparezcan los poderes de veto gubernamentales en favor de los organismos supervisores. Está por ver por qué interpretación se decanta el ministerio, que tiene previsto sacar a audiencia pública después del verano un proyecto legal para trasponer la directiva.
Independencia en la gestión
A finales de junio, el Consejo de Ministros determinó que, caso de triunfar la opa, BBVA y Sabadell deberán mantener «personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión» durante tres años, ampliables en otros dos. Aunque no constituye una prohibición explícita pues no era el momento procesal para ello, en la práctica supone impedir la fusión de los dos bancos durante el plazo fijado, lo que reduce las sinergias de costes esgrimidas por el BBVA para justificar el sentido económico de la transacción. La entidad, en este sentido, había dejado ya antes la puerta abierta a llevar la decisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Después de unos días de análisis con sus asesores y de tantear a grandes inversores accionistas, el consejo de administración del banco de origen vasco decidió seguir adelante con la operación, a pesar de reconocer que la condición del Gobierno «retrasará la materialización de parte de las sinergias estimadas» (850 millones de euros al año). Está por ver, con todo, cómo responden los accionistas del Sabadell a ello, máxime cuando el banco catalán les ha prometido un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros gracias a la venta de su filial británica TSB.
