Con la remodelación del Govern da inicio a la campaña electoral.
Quería un gobierno donde los problemas individuales, aunque parezcan pequeños, tengan su reconocimiento dentro del Govern. También un gobierno con más acento social y que refuerce la planificación y gestión del plan de inversiones.
¿Catalina Cabrer era una consellera en la sombra?
No, era una secretaria autonómica que comenzó como directora general y luego, porque el diálogo social y la conflictividad laboral te ocupan mucho tiempo, decidimos hacerla secretaria autonómica. Siempre he dicho que las negociaciones del Govern deben ser eficientes, efectivas, pero discretas. Sin querer el protagonismo que hubo con el Pacto. Cabrer entendió bien su papel y tenía gran reconocimiento entre los agentes sociales.
¿Cuáles han sido los motivos reales de la destitución de Catalina Cirer? Ella estaba en contra de los acercamientos y acuerdos con Vox en inmigración o igualdad.
Lo puedo decir más fuerte pero no más claro: ni ha sido una petición de Vox ni he hablado de ese tema con ningún otro partido. No consulto mis movimientos. Lidero un gobierno en minoría para poder hacer lo que considere en mi equipo. No tiene nada que ver con la inmigración porque nuestro discurso ha sido el mismo desde el inicio: queremos que sea regulada, legal y ordenada. La necesita nuestro sector económico, y desde el Govern tenemos la competencia de integración de esta inmigración regulada. Ahora bien: tenemos un discurso contundente como el que requiere la situación actual de Balears. Veremos cambios de opinión en la izquierda porque si salen a la calle y escuchan a la gente, entenderán la preocupación que hay por una llegada masiva de inmigración irregular como nunca la habíamos visto. Las declaraciones de Cirer en el Parlament eran compartidas por el Govern y por mí personalmente. No ha habido ningún tipo de fricción ni conflicto.
¿Consultó con el expresident Cañellas la remodelación del Govern y la salida de Cirer?
No. No he hablado con él. Es una responsabilidad de la presidencia y estoy segura de que él también lo entiende así.
¿Por qué ha puesto a un subinspector de policía al frente de inmigración? ¿Es un mensaje político a los votantes de Vox?
Es un mensaje a los ciudadanos. Apostamos por perfiles técnicos y por las personas que más conocen la materia. Manuel Pavón conoce de primera mano los flujos migratorios y la realidad de la falta de profesionales. Sabe que hay gente en situación irregular porque no se puede conseguir una cita en Extranjería. Son personas que podrían tener una situación regular, que podrían trabajar y estar integradas con total normalidad dentro de nuestra Comunidad. La izquierda está desconectada cuando dicen que es un radical. ¿Qué pasa que por ser Policía Nacional eres un radical? ¿Es una falta de confianza hacia ellos? Me parece irresponsable.
En declaraciones públicas ha vinculado la inmigración con la delincuencia.
Cuando ha hecho declaraciones obviamente ha sido en una condición que no es de director general, pero siempre con datos. Seguro que Pavón conoce los datos de delincuencia que hay en la calle, dónde se producen o por qué ocurren. No me gusta hablar ni de filias ni de fobias. Cuando hablamos de inmigración necesitamos datos, y estoy convencida de que Pavón los tiene, o al menos sabe dónde encontrarlos.
Sobre los incidentes de violencia en Torre Pacheco (Murcia), ¿teme que algo así pueda pasar aquí?
En primer lugar condenar esta situación terrible. La violencia injustificada contra una persona mayor no puede responderse con más violencia. Tiene que haber confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que hagan su trabajo. Que descubran a estas personas, aunque para mí no son personas, que cometieron este acto de terror y los detengan. Pero no se puede responder a esta violencia de la calle con estas organizaciones, o incluso gente de fuera del municipio que van allí para seguir con la ola de violencia y persecución solo por el hecho de ser de otra nacionalidad o tener otro color de piel. No me puedo imaginar que esto suceda aquí.
Existe una importante resignación ciudadana con respecto al problema de la vivienda.
Hay cansancio y preocupación. También en mi entorno. No somos extraterrestres. Soy muy consciente de que el problema existe. Cuando el mercado de la vivienda empezó a dar los avisos de esta emergencia habitacional se hubiera comenzado a actuar, dando incentivos al alquiler de larga duración y mirando qué zonas se podían dedicar a construir viviendas o se hubieran agilizado los trámites. Pero no se puede esperar resultados en dos años. Ojalá pudiera dar otro mensaje, pero estaría engañando a la gente. Los procesos administrativos y de construcción llevan tiempo. Trabajamos para acortar el tiempo de los proyectos. Lo que me da esperanza es que los expertos coinciden en que las políticas que hemos comenzado van en la dirección adecuada. Ya está reactivando la construcción en Baleares de plurifamiliares y viviendas para rentas medias. Hemos dejado atrás la fiebre de construcción de viviendas de lujo. Ahora el paradigma es vivienda asequible para gente de aquí.
Uno de los grandes retos de las islas es el crecimiento demográfico.
Es el gran tema porque explica cómo están de saturados los servicios públicos, los problemas en las carreteras, en el transporte público o en los centros educativos. Nadie antes había hablado de este gran reto. Hemos crecido en más de 100.000 nuevos residentes en los últimos 10 años y solo se han hecho 30.000 viviendas.
Según el INE serán 235.000 nuevos residentes en 15 años.
Hay que priorizar a la gente de aquí. Por eso exigimos 5 años de residencia como mínimo para acceder a las nuevas viviendas. Los ayuntamientos también han establecido requisitos de hasta 18 años de residencia en el municipio. El problema es que el crecimiento ha sido enorme.
No tengo claro que los ayuntamientos estén preparados para recibir a tantos nuevos residentes.
Esta gente ya consume recursos públicos. No es gente nueva, sino jóvenes que no se pueden emancipar o personas que no tienen una vivienda en propiedad o que viven en condiciones que no deberían. Pero esta gente ya está aquí. Los que accederán a estas nuevas viviendas ya van a una escuela, a un centro de salud o circulan por las carreteras. Esto sería una preocupación si no hubiésemos puesto el criterio de que sea solo para residentes.
Sobre el decreto de vivienda. La oposición lo califica de «ley de pelotazos» y denuncia que ha sido elaborado únicamente por y para los promotores y constructores. Dan incluso nombres concretos de los beneficiados.
Deben conocerlos muy bien, porque en todo caso sería para pelotazos de la izquierda. Esta ley contempla suelos urbanos y urbanizables, además de áreas de transición. No es suelo rústico. Las áreas de transición, que para eso están así definidas, son suelos que ya están pensando desde el primer momento para ser convertidos en urbanos, en vivienda. Si no, sería todo rústico común. No permitimos que se construya en rústico, es mentira. Son las áreas de transición que pintó la izquierda en el Plan General aprobado en la pasada legislatura. Ni mi Govern ni el ayuntamiento de Palma hemos añadido ni un palmo más de tierra en estas áreas.
¿Era necesaria la amnistía en suelo rústico? ¿Se lo pedía tanta gente?
No tanto personalmente, pero sí que era una cuestión que cuando iba a los pueblos era una petición absolutamente transversal. Y puede que los que más me lo han pedido personalmente han sido alcaldes de izquierdas… [Hace una pausa larga]. Lo digo porque es una cuestión sin color político, de ahí la importancia de los alcaldes. Están conectados con los problemas y la realidad de la calle en lugar de estar en un despacho en la calle Palau Reial [ubicación del Parlament]. Esta es la diferencia.
Es un regalo para quienes lo hicieron mal.
Era una cuestión que se tenía que poner sobre la mesa. Cuando tienes miles de viviendas fuera de ordenación sin fosas sépticas, medidas de aislamiento energético o proyecto paisajístico tienes un problema. Primero por una cuestión de seguridad de estas viviendas, porque ya no se pueden derruir. El delito ha prescrito. Aunque yo decida mirar a otro lado, cuando me vaya esas viviendas seguirán allí en peores condiciones y sin pagar ningún tipo de sanción a la administración. No es un regalo porque se ha puesto una sanción y unas condiciones de sostenibilidad o de paisaje que se tienen que cumplir. Sin esto no se dará la licencia de legalización. Además no es ni un palmo más de construcción porque todo ya está hecho y ha prescrito. Prohibimos además que puedan tener un uso turístico. Y por lo que me cuentan los alcaldes, estos procesos no son ni de millonarios ni de grandes tenedores, sino que es gente normal y corriente que en un momento dado, por lo que sea, tiene una parte de la vivienda fuera de ordenación. Ahora se permite poner orden, previo pago de la sanción.
El anuncio de incluir las viviendas de la Serra de Tramuntana ha encendido las alarmas. ¿Se plantearon excluir esta zona?
En un primer momento no estaba, pero vino vía enmienda porque mucha gente, también alcaldes, nos decían: ¿Por qué yo no? ¿Por qué tenemos unas condiciones diferentes? Insisto en que no es construir en la Serra ni poner un palmo más de cemento. Tampoco pone en peligro la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Es simplemente el mismo condicionante que tenían dos kilómetros más lejos. Nos decían que era injusto y que había un agravio comparativo: vecinos con condiciones idénticas, pero distintos requisitos según si estaban o no en la Serra. Se trata de igualar condiciones, no de construir más ni poner en peligro su protección.
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