El exministro Cristóbal Montoro jugó un «rol nuclear» en la trama acusada de reformar leyes en beneficio de empresas de «una pluralidad de sectores», a cambio de dinero, puesto que era la «autoridad» que aseguraba una «ganancia cierta» a su despacho, Equipo Económico.
Y lo hizo «abusando» de su poder como máximo responsable de Hacienda, según el juez de instrucción de Tarragona Rubén Rus.
En su auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez remarca que Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, fue ministro de Hacienda en los años en que se tramitaron las normas que supuestamente se modificaron a cambio de dinero, «ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación».
Rus atribuye a Montoro y a otros ocho altos cargos de ese departamento en la época de Gobierno de Mariano Rajoy los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con presuntos pagos que empresas del sector gasista habrían hecho a la consultora Equipo Económico.
Según el juez, abusó de su potestad como ministro de Hacienda, un cargo desde el que «le correspondía la iniciativa legislativa de su ministerio».
Siempre según el auto judicial, ese rol convertía a Montoro en una figura clave, puesto que era la «autoridad» que presuntamente «aseguraría una ganancia cierta al despacho Equipo Económico».
«Estas potestades habrían garantizado a la trama poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público», afirma el juez.
Nombramientos en duda
Para lograr este objetivo, Montoro habría nombrado entre los altos cargos del Ministerio de Hacienda «a personas estrechamente vinculadas al despacho Equipo Económico, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen ‘a demanda'» de las empresas que acudían al bufete, «tras aceptar aquellas pagar por ello», según el juez.
Siempre según el juez instructor, los nombramientos de Montoro para su ministerio asegurarían que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas en las que querían influir «quedase vinculado al despacho».
El magistrado apunta a la existencia de una «trama u organización» en la que muchos de sus miembros desempeñaban «cargos al más alto nivel en el Gobierno, Administración Central y Autonómica», desde donde fueron creando una «red de influencias» cuyo último fin era el «enriquecimiento personal a costa de la función pública».
«A cambio de cuantiosos pagos, con abuso del ejercicio de la función pública, intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor, generando para sus clientes ventajas fiscales a cargo del erario público», remarca.
Pese a que la investigación se centró inicialmente en el pago a Equipo Económico de 779.705 euros entre 2011 y 2019 por parte de las gasistas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el juez sospecha que la trama podría haber actuado igual con empresas de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego.
En concreto, según apuntan los Mossos en un informe al que también ha tenido acceso EFE, la investigación ha permitido identificar una «pluralidad de sectores de la actividad económica y empresarial» que habría recurrido a la «artimaña» de contratar a Equipo Económico «para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados».
Más que un lobby
La actividad que realizaba Equipo Económico, según los Mossos, «excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá», ya que se «aprovecharon» de la «estrecha colaboración» con miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Ministros y participaban en la iniciativa legislativa y la aprobación de normas con rango de ley.
El informe de la policía catalana considera que el despacho se servía «de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del Estado».
«Así, el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios», sostienen los Mossos.
Los Mossos han acreditado pagos a Equipo Económico por parte de Red Eléctrica Española, entre 2010 y 2015, por valor de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.
Siempre según los Mossos, en el Gobierno de Rajoy se enfrentaron las tesis de Montoro, que abogó por limitar la eliminación de primas a las renovables y decantar la carga impositiva a las eléctricas tradicionales, y la del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, partidario de eliminar las primas a las renovables y aplicar un impuesto «progresivo» al sector eléctrico.
En este contexto, los Mossos detectaron la existencia de «numerosos y cuantiosos pagos» de las principales renovables a Equipo Económico, coincidentes en el tiempo con las sucesivas modificaciones legislativas que las afectaban, en 2012, 2013 y 2014, así como de algunas de las principales eléctricas tradicionales y de las dedicadas a la distribución de electricidad.
