Moncloa, el Ministerio del Interior y otras entidades de la Administración General del Estado llevan años comprando cámaras de videovigilancia para distintos organismos gubernamentales a una compañía china también señalada, al igual que Huawei, por algunas de las primeras potencias del mundo como una amenaza para la seguridad nacional.
Según numerosos documentos del Portal de Contratación del Sector Público a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, distintas entidades han adjudicado contratos durante años para adquirir cámaras de la empresa de seguridad Hikvision, fundada en 2001 y con sede en Hangzhou.
Esta compañía vende sus productos en España a través de distintas empresas distribuidoras de tecnología. La cifra real del valor total de cámaras de Hikvision que se utilizan para la vigilancia en entidades públicas es difícil de cuantificar, dado el elevado número de contratos que la Administración española ha adjudicado a esta compañía.
Uno de esos contratos fue formalizado en 2022 por el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno abría. Se trata de un procedimiento para el «suministro de componentes para el sistema Hikcentral del circuito cerrado de televisión» de Moncloa, tal como figura en el acta de la mesa de contratación.
El Departamento de Seguridad de Presidencia justificó que «las necesidades para la actualización del sistema de CCTV pasan por sustituir las cámaras de tecnología analógica, sustituir las que tienen visión deficiente y ampliar la red comunicaciones IP, para poder migrar las citadas cámaras».
El presupuesto de la licitación ascendió a 118.580,57 euros. La licitación pública especificaba que los precios de esas cámaras de seguridad oscilan entre los 670 euros, en el caso de las más baratas, hasta los 4.765 euros, para las más caras.
En España, esas cámaras son también utilizadas, según los distintos pliegos analizados por EL ESPAÑOL, por entidades como el Ministerio del Interior, Renfe, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Hacienda y Correos, entre otros organismos y entidades a nivel estatal, autonómico, provincial y local que disponen de esta tecnología.
Vetadas en EEUU y Reino Unido
Esta compañía es uno de los fabricantes y proveedores que lideran a nivel mundial la producción de equipos de videovigilancia, tanto para fines civiles como militares. Sin embargo, en los últimos años algunas de las principales potencias occidentales han roto lazos con esta firma.
La misiva dirigida a la jefa de Inteligencia de la Casa Blanca.
Uno de esos países es Canadá, cuyo gobierno ha ordenado este mismo año al proveedor chino que cese sus operaciones locales. Hace apenas unas semanas, su ministra de Industria señaló que, tras diversos análisis internos, las operaciones con esta compañía «serían perjudiciales para la seguridad nacional» del país.
A grandes rasgos, las cámaras de Hikvision tienen una tecnología tan avanzada que pueden captar imágenes de las personas en los lugares públicos y procesar los rasgos digitalizados del rostro para identificar a cada ciudadano.
En repetidas ocasiones, tanto el Gobierno chino como la empresa en cuestión han argumentado que se trata de «acusaciones infundadas y sin sentido» sobre sus productos de videovigilancia.
Ya en el año 2019, la Casa Blanca incluyó a esta firma en su lista negra de empresas vetadas y bloqueadas en EEUU.
Tres años después, en noviembre de 2022, Washington vetó la importación de equipo de vigilancia de Hikvision y Dahua por presentar «un riesgo inaceptable de seguridad nacional».
En 2021, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar las cámaras de Hikvision un año después de instalarlas. Así se decidió debido a «los abusos contra los derechos humanos».
Esto se logró a través de una enmienda aprobada con el voto a favor del 89,4% de los 701 eurodiputados.
Al año siguiente, el gobierno del Reino Unido ordenó a los distintos departamentos ministeriales que dejasen de instalar cámaras de vigilancia fabricadas por esta y otras empresas chinas en lugares «sensibles» por motivos de seguridad, por temor a que estas firmas se vieran obligadas a compartir información con los servicios de inteligencia de Pekín. Lo mismo anunció Australia en febrero de 2023.
Amenaza a la Seguridad Nacional
La polémica por los centenares de contratos de entidades gubernamentales españolas con empresas chinas como Hikvision se ha acentuado esta semana después de que el Senado de los Estados Unidos pidiese a la directora de Inteligencia del Gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca la revisión de los acuerdos suscritos con España en este terreno, tras conocer los contratos que el Gobierno mantiene con Huawei.
«La adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China», reza la carta.
Esta petición a la máxima dirigente de la Inteligencia de Donald Trump llegaba tres días después de la rotunda advertencia del Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos, tras llegar al otro lado del océano la noticia de los contratos con la multinacional.
«España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos», señalaba ese órgano.
La preocupación se propaga también entre los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de seguridad del Estado.
Distintas fuentes en los servicios de inteligencia han manifestado este sábado a EL ESPAÑOL el malestar y «profunda desconfianza» hacia la empresa tecnológica china, señalada por sus vínculos con el Partido Comunista Chino.
«Se antepone el negocio a la seguridad del Estado«, señala este miembro del Centro. «La lejanía y el desconocimiento hace que nos olvidemos de China como enemigo de los intereses occidentales».
