Nuevo choque en el Gobierno de coalición, esta vez a cuenta del «giro social» que reclama Sumar. Los socios de coalición vuelven a escenificar sus diferencias después de que Yolanda Díaz aprovechara la crisis de Santos Cerdán para exigir a Pedro Sánchez aprobar ya la retribución de los permisos parentales para familias con hijos de hasta 8 años y la ampliación de las bajas por nacimiento de 16 a 20 semanas. Un órdago que Moncloa ha frenado en seco, posponiendo el debate hasta después de verano y cortando el paso a Díaz.
La líder de Sumar presionó por esta medida este martes desde el mismo Palacio de La Moncloa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunció a bombo y platillo que había iniciado los trámites para dar luz verde al decreto a final de julio, argumentando que las medidas están ya incluidas en el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE. Detalló que el Ministerio de Trabajo había remitido el texto del real decreto, «listo desde la anterior legislatura», para debatirlo en la reunión del lunes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), requisito para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. El compromiso que verbalizó la vicepresidenta es que estas medidas estarían en vigor a la vuelta del verano, una vez que el Congreso convalidara el real decreto del Gobierno.
Pero el ala socialista no comparte el calendario de Díaz, y fuentes del Ministerio de Economía confirman a EL PERIÓDICO que este asunto ha quedado fuera de la reunión clave del lunes, donde Sumar pidió su inclusión. El decreto social que exige Trabajo ha quedado fuera del orden del día, en un movimiento que retrasa su debate hasta el mes de septiembre, cuando se retomarán los Consejos de Ministros tras el parón veraniego. La siguiente reunión de este órgano -donde se cuece las grandes decisiones económicas del Ejecutivo-, señalan estas fuentes, será a final de agosto para ordenar los asuntos que el Gobierno abordará ya el próximo curso.
El ala socialista desoye así la exigencia de la vicepresidenta segunda, que lleva semanas en un pulso con el ala socialista. Después de estallar la crisis de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE actualmente en prisión preventiva, Díaz reclamó al PSOE aprobar medidas en dos sentidos: contra la corrupción y propuestas sociales. En la comparecencia de Sánchez en el Congreso la semana pasada, el presidente confirmó la primera de sus peticiones, pero ignoró la segunda.
Los planes de Sánchez, como avanzó este medio, pasan por reservar un segundo paquete de medidas sociales para otoño, y Díaz viene presionando por adelantar los planes y avanzar al menos en una de las medidas abanderadas por Sumar, como son las cuatro semanas de permisos retribuidos que afectarán a 7 millones de personas, según cifra Trabajo. Esta medida, creen en Sumar, es también un examen al PSOE en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno.
Díaz eleva el órdago
En los últimos días, la líder de Sumar ha elevado el pulso y este mismo jueves Díaz advirtió al ala socialista de que está dispuesta a ir al choque público por este asunto. «Nosotros vamos a actuar en consecuencia«, advirtió la vicepresidenta segunda, que señaló que «el PSOE tendrá que responder» de sus actos. «Gobernar no es resistir. Es transformar», insistió, antes de dar por hecho que las medidas estarán en vigor «cuando empecemos el curso escolar de nuestros hijos». Un plazo ya imposible de cumplir.
Además, la vicepresidenta segunda advirtió que iba a «salir» a comparecer «después de la reunión» clave del próximo lunes a las 17.30 horas, cuando preveía incluir sus propuestas en ese órgano. Un extremo que no llegará a suceder, tras el aplazamiento del debate. Díaz avanzaba además que en caso de encontrarse con un bloqueo de los socialistas «lo vamos a denunciar. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer». En este sentido, aseguraba tener «confianza de que el PSOE actúe», aseguraba, apelando al acuerdo de Gobierno firmado con Sumar, que incluía estas medidas. «Confío en que la cordura se instale en el seno del Gobierno».
No es la primera vez que Yolanda Díaz se enfrenta al Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo. Ya en enero hubo un sonoro desencuentro entre ambos departamentos, entonces a cuenta del decreto de reducción de jornada a 37,5 horas. Mientras el socialista apostaba por negociar con los socios antes de dar luz verde al texto en el Consejo de Ministros, Trabajo se mantuvo firme en su plan de aprobar el texto original firmado con los sindicatos, del que se había descolgado la patronal de empresarios. Después de que el choque retrasara la aprobación por el Gobierno, la propia Yolanda Díaz ha tenido ahora que retrasar su primer trámite en el Congreso ante la falta de apoyos a la medida por el bloqueo de Junts.
En esta ocasión, se trata de un decreto de permisos que consta en el acuerdo de Gobierno y que, además de ampliar a 20 semanas la baja por nacimiento o adopción, también contempla la retribución de cuatro de las ocho semanas de permisos por cuidados para familias de menos de ocho años. Unos permisos que están aprobados e incluidos en la ley de familias, aunque quedó pendiente regular su retribución, obligatoria al menos para la mitad del permiso (cuatro semanas) según establece la normativa europea. Desde el 1 de agosto del año pasado, España incumple esta directiva, y paga 9.760 euros al día en concepto de sanción por este incumplimiento. Una cifra que a partir de este agosto aumentará a 43.000 euros al día.
