Y de nuevo le floreció. Cuando parecía que Pedro Sánchez iba a irse de vacaciones intentando remontar del peor momento de su mandato, la actualidad política dio un giro -esta vez no por una decisión audaz suya- que le da una nueva oportunidad. Vayamos por partes.
La imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro -tras una investigación de la que EL PERIODICO ha ido dando cuenta en los últimos dos años- por supuestas prácticas corruptas, ha dado argumentos al PSOE para responder al PP ante su ofensiva contra el presidente del Gobierno. En el nuevo capítulo del y “tu más premium”, como lo llamó el ministro Óscar López, en el PSOE han pasado una semana en la no se ha recordado que su exsecretario de Organización sigue en prisión porque el foco corruptor ha pesado sobre Génova. Lo que explica el silencio de Alberto Núñez Feijóo de los últimos días. Solo una mención a la corrupción sin citar nombres.
Esta vez, la reacción popular dista de lo ocurrido con otros cargos imputados – el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, o la vicepresidenta de la Asamblea regional y número 3 del PP de Madrid, Ana Millán- y el exministro ha dejado la militancia. Ha sido por decisión propia, sin que mediara procedimiento alguno.
Desde la dirección del PP defienden que, en el momento de los hechos investigados a Montoro, Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta de la Galicia -puesto que dejó en 2022- y no se le puede responsabilizar de lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda hasta 2018. Si bien, la semana pasada, el PP registró preguntas en las Cortes- Congreso y Senado- para exigir en 2025 explicaciones al presidente del Gobierno sobre el uso de inmuebles públicos utilizados como prostíbulos por el suegro de Pedro Sánchez, fallecido en 2024 y quien dejó toda actividad empresarial en 2006. “Consejos vendo que para mí no tengo”, refranero de ida y vuelta.
Lo que esta semana ha traído de vuelta es a Cataluña al centro de la política. La reunión bilateral del lunes y el acuerdo entre el Ejecutivo central y el Govern catalán sobre financiación ha revitalizado viejos mantras. Por ahora solo hay -y no es poco- una declaración de intenciones para una financiación “singular para Cataluña”. Pero el frente independentista coincide en criticar que se queda corta y es “insuficiente”, y desde las formaciones nacionales se arremete contra un “privilegio” que “rompe España” y divide el país entre “comunidades de primera y comunidades de segunda”.
Quién no ha conseguido dividir bien sus funciones es la ministra de Hacienda y líder del PSOE en Andalucía. María Jesús Montero ha querido estar desaparecida de esta cuestión de la financiación autonómica, ¿ha primado su posición como candidata a la Junta de Andalucía? Lo que sí ha intentado la vicepresidenta es explicar que esa «financiación singular» de Cataluña sería trasladable a cualquier autonomía que la pidiera. Por cierto, que Canarias y Baleares -en ambas está el PP en el Gobierno- ya disponen de sus «singularidades financieras» dentro del mismo régimen común. Cosa a parte son País Vasco y Navarra.
Y siguiendo con la ‘cuestión catalana’, esta semana también ha vuelto a traer el empeño del Gobierno en oficializar el uso de las lenguas cooficiales en España en la Unión Europea. No es solo el catalán, sino también el euskera y el galego, que interesadamente algunos dejan fuera de la confrontación política.
El ministro de Exteriores aclaró en Bruselas que el Gobierno no “vuelve” a impulsar el debate sino que “nunca han salido de la mesa”. El Ejecutivo tiene claro que este asunto es “prioritario” y lo usará en las negociaciones comunitarias que mantenga España con otros países porque “el tema estará encima de la mesa permanentemente». Y también le afeará al PP y, especialmente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid el “desprecio” que, consideran, mantienen hacia las demás lenguas cooficiales, especialmente el catalán.
Pero sí algo ha acaparado la semana son los incidentes en Torre Pacheco. Esta localidad murciana se ha dado a conocer en toda España por los enfrentamientos impulsados desde grupos ultras que iban “a la caza del moro” y que han despertado una violenta respuesta de defensa por parte de colectivos de magrebíes.
Ante ese escenario pierde la sociedad y ganan, políticamente, formaciones como Vox. O Aliança Catalana, que tras años poniendo el foco en su lucha contra la inmigración, la realidad les ha brindado la oportunidad de seguir con sus mensajes -bulos en muchos casos- hasta el punto de que, como desvela el último barómetro del año del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, hay un 24% de los encuestados que cree que los partidos de extrema derecha no amenazan los «consensos básicos de nuestra sociedad en valores, igualdad y derechos sociales». Incluso hay un 23% de los catalanes que manifiestan que la extrema derecha «aporta renovación». Es más -como decía José Rico en estas páginas- cerca del 20% de los catalanes se plantean cambiar su voto a una formación ultra por «decepción» con el resto de partidos, algo que rechaza el 72%. Cifras que se suman al impacto de la corrupción en el último CIS, catapultando la intención de voto a Vox, y situando al partido de Santiago Abascal en el 18,9% de los votos, 5,7 puntos más que en junio. ¿España se suma a la ola ultra internacional?
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