El exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro recibió de sus altos cargos información detallada de 36 contribuyentes y entidades relevantes y datos relativos a 13 procedimientos judiciales en curso, entre ellos el relativo a la financiación de las obras de la sede de Génova con la ‘caja B’ del Partido Popular.
En algunos casos, Montoro tuvo antes que los jueces información sobre los dictámenes encargados a la Agencia Tributaria (AEAT) en funciones de auxilio judicial.
Así se desprende del sumario que tramita desde 2018 el juez de instrucción de Tarragona Rubén Rus, que en una resolución conocida el pasado miércoles acordó dirigir el procedimiento contra Montoro, ocho excargos del Ministerio, seis personas jurídicas, 14 empresarios y los responsables de Equipo Económico.
Las diligencias -que se han tramitado en secreto durante ocho años, sin ni siquiera permitir la personación de los investigados de Equipo Económico- se centran en esta consultora fundada por el propio Cristóbal Montoro.
La tesis del juez es que Equipo Económico recibió pagos de empresa gasistas y de otros sectores a cambio conseguir reformas legislativas que les beneficiaron.
No obstante, el juez no tiene el apoyo de los responsables de la Fiscalía Anticorrupción, que han recurrido el prolongado secreto de las diligencias y no ven claros los indicios de los numerosos delitos (cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad) que aprecia el instructor.
Cuenta con su segundo apellido
Según los correos intervenidos por el Juzgado, Montoro recibía la información de investigaciones judiciales (ANC, Gowex, HSBC, Noos, Bárcenas, Pokemon, Pretoria, Pujol, entre ellas) y de determinados contribuyentes (Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero, Esperanza Aguirre, Carmen Thyssen, Mauricio Casals o Rafael Nadal) en una dirección de correo electrónico del Ministerio de Hacienda en la que no aparecía su nombre: [email protected].
Los investigadores no tienen duda de que el receptor era Montoro porque en numerosas ocasiones el emisor de los ‘mails’ era su jefe de gabinete (y luego subsecretario del Ministerio) Felipe Martínez Rico, que encabeza los mensajes con la referencia «ministro». Romero es, además, su segundo apellido.
Así, Martínez Rico avisó a Montoro de que la juez del caso Pokémon, Pilar de Lara, había ordenado al Servicio de Vigilancia Aduanera registros en la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo.
Correo electrónico dirigido a Montoro sobre un registro judicial./
Numerosos correos se refirieron a la investigación del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el pago con la caja B del PP de la reforma de la sede del partido en la calle Génova.
En un ‘email’ enviado por Martínez Rico el 9 de febrero de 2015 se informa al entonces ministro de Hacienda de las reuniones que Ruz iba a mantener con los integrantes del auxilio judicial de la Agencia Tributaria y de la Intervención General el Estado y adelantaba: «El juez solicitará a la AEAT que recalcule el impuesto de sociedades del partido en la hipótesis de qué ocurriría [con el delito fiscal] si se incorpora sin exención la parte de la financiación que incumple lo previsto en la ley de financiación de partidos políticos».
«El juez o las partes buscarán posiblemente que este tema tenga repercusión mediática«, advertía el jefe de gabinete de Montoro.
Correo sobre Rodrigo Rato y sobre el caso de la caja B del PP./
Martínez Rico aprovechaba el mismo correo para dar datos al ministro sobre Rodrigo Rato, otro de los personajes recurrentes en los mensajes que recibía Montoro. En éste es informado de que «Confirmado que RR presentó 720 [declaración de bienes en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado (…)».
El 29 de enero de 2015, Martínez Rico envía un largo mensaje a Montoro sobre la «causa de financiación del PP» que creía necesaria para «la reunión de las 9,30h».
Correo relativo a «la causa de financiación del PP».
Le indica que el informe de la Agencia Tributaria al juez «va a considerar la existencia de delito fiscal en Unifica», la empresa que realizó las obras de reforma de la sede de Génova.
Le advertía de que «el delito fiscal (y la posibilidad de colaboración necesaria del PP) es más cuantioso de lo que inicialmente estimó la AEAT».
En el último párrafo, le anunciaba que el juez Ruz había pedido a los funcionarios de la Agencia Tributaria que se pronunciasen sobre si «habría delito en el partido».
Pero le adelantaba que «la AEAT considera que el incumplimiento de la ley de financiación de partidos políticos debe sancionarse administrativamente y no tiene consecuencias tributarias de ningún tipo», así que «la AEAT no va a cuantificar el impacto».
Correo sobre las diligencias de la Audiencia Nacional relativas a la sede de Génova.
Otras informaciones afectaban a contrincantes políticos. Es el caso de Juan Carlos Monedero, de Podemos.
Correo sobre Juan Carlos Monedero.
En el procedimiento constan numerosos correos dirigidos al jefe de gabinete de Montoro en los que el entonces jefe de la AEAT, Santiago Menéndez, informó de datos tributarios de contribuyentes concretos.
El 7 de junio de 2017, Menéndez comunicó a Felipe Martínez Rico la situación tributaria de Carmen Thyssen.
Correo sobre Carmen Thyssen
Otros correos aludían al tenista Rafa Nadal.
También fue objeto de traslado de información la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre.
Correo sobre Esperanza Aguirre.
