La Generalitat defiende su política de rebajas de impuestos frente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en su informe sobre el Plan Económico Financiero (PEF) del Consell para 2025-2026 alerta de que las últimas rebajas del gobierno de Carlos Mazón «impactarán negativamente en los ingresos y en la regla de gasto» al reducir la recaudación en 312 millones en los próximos dos ejercicios, lo que dificultará el cumplimiento de los objetivos de estabilidad este año y, sobre todo, el próximo.
El organismo que dirige Cristina Herrero es crítico con las medidas que propone el Consell en el PEF, al considerarlas «insuficientes» para cumplir con las reglas fiscales. De hecho, destaca que «no recoge medidas correctivas en ningún sentido». Este plan deben elaborarlo todas las autonomías que han incumplido los objetivos de estabilidad y deben incorporar en él propuestas para encaminarse a la consolidación fiscal.
El Consell trata de quitarle hierro al tirón de orejas de la Airef. Fuentes de la Conselleria de Hacienda remarcan que la propia autoridad fiscal incide en el «contexto de importante indefinición que condiciona la elaboración y el análisis» del PEF, dado que «a la fecha del informe no hay objetivos aprobados de estabilidad y deuda» para el período 2025-26.
Asimismo, subrayan estas fuentes que el documento «mejora la previsión de cierre del déficit para este año» al situarlo en el 1,6 % del PIB exceptuando la dana. Si se incluye, el diferencial entre ingresos y gastos escala hasta el 2,5 %. En 2024 fue del 1,68 % sin dana y del 1,88 % en global.
Incumplimientos generalizados
También ponen el foco en que los incumplimientos de la regla de gasto son tanto generalizados entre autonomías (13 comunidades se desviarían, según Airef) como habituales en la C. Valenciana (que sólo la ha cumplido en dos de los últimos ocho años en las que ha estado en vigor). Y recuerdan que los territorios «soportan cada vez una mayor presión en el gasto por la prestación de servicios sociales» y que, pese a todo, la Generalitat «mejora en 0,6 puntos» la previsión de gasto anterior de la Airef.
Carlos Mazón y Ruth Merino, en el Palau en una imagen de archivo. / Jorge Gil/EP
Con todo, el Consell se compromete a implementar medidas de contención del gasto, por lo que asegura que la previsión de Airef «puede cambiar» cuando «analice las medidas de ahorro que la C. Valenciana va a detallar para que sean incluidas en el PEF» siguiendo estas recomendaciones de la autoridad fiscal.
Rebaja fiscal «responsable»
Las fuentes de la conselleria se detienen también a defender la política fiscal del Consell, ante los recelos expuestos por el organismo independiente por su impacto en la recaudación. Así, señalan que la reforma fiscal aplicada «es limitada, prudente y enfocada a las rentas medias y bajas», pese a que los últimos beneficios aprobados en impuestos como el de Patrimonio triplican los de IRPF, pese a afectar a muchas menos personas.
Con todo, inciden en que el esfuerzo fiscal de los valencianos «sigue siendo de los más altos de España» y que la carga impositiva «sigue muy por encima de la media nacional, tanto en IRPF como en tributos propios», por lo que concluyen que «lo que está haciendo este Consell es converger con la media con medidas responsables sin poner en riesgo la sostenibilidad de los ingresos«.
Hacienda se apoya también en el dato de cierre de 2024, en el que la recaudación creció un 7,8 % respecto al año previo pese a que Mazón ya redujo en casi 500 millones la presión impositiva durante ese ejercicio, para tratar de demostrar esa teoría liberal que mantiene que bajar impuestos eleva ingresos al reactivar la economía. Ese aumento de los ingresos tributarios estuvo sin embargo fuertemente ligado al tirón de la vivienda, un indicador muy vinculado a su vez al ciclo económico más que a la política fiscal y que lleva varios años marcando máximos.
La infrafinanciación crónica que sufre la Comunidad Valenciana no falta en el argumentario del Consell, que achaca a ese hecho el «déficit estructural» que sufre la autonomía y que, recuerda, «no es por exceso de gasto sino por unos ingresos insuficientes» del sistema de financiación. Un maltrato que cifra en unos 1.700 millones al año, un «contexto de partida en el que cualquier ajuste fiscal tiene un margen de actuación extremadamente limitado», zanjan las fuentes.
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