Carles Puigdemont no hizo nada inesperado este jueves, pero sí alzó la presión claramente sobre Pedro Sánchez, en un momento de su legislatura en el que la debilidad del presidente añade credibilidad al órdago. El expresident catalán, fugado de la Justicia desde 2017, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique ya la Ley de Amnistía, que el propio tribunal avaló hace menos de un mes.
El escrito, presentado por su abogado Gonzalo Boye, reclama, además, que se suspenda de inmediato y sin escuchar a las partes la orden de busca y captura nacional que aún pesa sobre él.
El objetivo de la defensa al reclamar esta medida cautelarísima es garantizar la inmediatez de los efectos de la medida, y añadir presión política, dados los riesgos políticos y jurídicos que enfrenta Puigdemont en plena negociación con el PSOE.
«La adopción de una medida cautelarísima, subsidiariamente cautelar, no busca», según el escrito remitido al TC, «anticipar la estimación del fondo del recurso, sino evitar la consumación de un daño constitucional irreparable«.
Golpe en la mesa de Moncloa
Fuentes de Junts reconocen la presentación del recurso de amparo como una presión máxima. En su entorno subrayan que el Constitucional, encabezado por una mayoría progresista cercana al PSOE, ya se ha mostrado dispuesto a cruzar límites en los últimos meses.
Como señalan desde el entorno independentista, si este mismo TC fue capaz de revisar y anular la sentencia del caso ERE —y con ello las condenas a históricos dirigentes socialistas— a gusto del PSOE, debe ahora «sostener viva la legislatura» y facilitar la supervivencia política de Sánchez.
Argumentan que la Ley de Amnistía «es perfectamente democrática y legal, fruto de meses de negociación y de la participación directa de diputados y abogados de Junts en su redacción«.
El texto de Boye desafía al Supremo y pone el acento en la dimensión política de la causa:»La voluntad popular expresada en las urnas es anulada de facto por una orden judicial dictada por un tribunal sin competencia, lo que supone una interferencia intolerable en el principio de representación parlamentaria».
El recurso insiste en el perfil de Puigdemont como «figura emblemática de la negociación política y jurídica» mantenida entre Junts y el PSOE en la mesa de Suiza, cuyo objetivo es hallar una «resolución» al llamado «conflicto político entre Cataluña y el Estado».
Y advierte del grave perjuicio para los derechos fundamentales de Puigdemont, incluido el de participación política mientras «sigue vigente una orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión«, que le impide regresar a España.
Por eso, reclama la medida más contundente: que el TC acuerde la suspensión de la orden de detención nacional por ser «imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo interpuesto».
Junts advierte
Hasta aquí los argumentos jurídicos. Pero la batalla del líder de Junts es política, dado el profundo malestar de Puigdemont con Sánchez por el acumulado de compromisos incumplidos desde el inicio de la legislatura.
Todo comenzó con el acuerdo que hizo presidenta del Congreso a Francina Armengol. Entonces, el pago fue conseguir que José Manuel Albares llevase ante el primer Consejo de Asuntos Generales de la UE una propuesta para la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, clave para los independentistas.
Desde entonces, «van siete intentos y, una vez más, todos fracasados». La cuestión del catalán en la UE, tras repetidos debates sin avances, se ha convertido en una penitencia para el Gobierno y una fuente constante de frustración en Junts con el presidente, al que exigen que «se implique personalmente».
Otro gran agravio, según Junts es el traspaso de las «competencias integrales» en inmigración.
Pactado en enero de 2024, la falta de avances provocó incluso una moción que amenazó con forzar una cuestión de confianza a Sánchez. Cuando el PSOE apaciguó el gesto presentando una proposición de ley conjunta con Junts en marzo, el desánimo volvió a instalarse.
«Desde entonces, la ley duerme en un cajón y ni siquiera se ha llevado a toma en consideración«, protestan las fuentes consultadas.
Junts también enumera como incumplimientos, la falta de «una amnistía completa y efectiva», a pesar de haberla pactado con Santos Cerdán en Bruselas. La negativa del Tribunal Supremo a aplicarla al delito de malversación, del que sigue acusado Puigdemont en su causa pendiente, se apunta en el debe del PSOE.
También la llamada «financiación singular» acordada con ERC, que esta semana ha resultado ser, según los dirigentes de Junts, «una tomadura de pelo de Sánchez».
Semana negra
La frustración ha alcanzado cotas máximas esta semana. En materia de financiación autonómica, Junts denuncia que lo pactado se ha traducido en «un café para todos que no se parece en nada a un concierto económico«.
El martes, la Comisión Europea dejó claro en las vistas del TJUE que ve muy complejo validar la amnistía española, al menos según el análisis de los juristas enviados a Luxemburgo.
Este viernes, el Gobierno volverá a celebrar en Bruselas otra sesión sin resultados sobre la oficialidad del catalán, acumulando el séptimo fracaso en menos de dos años. Cada uno de estos intentos se ve ya en Junts como parte de un «ritual» repetido cuyo desenlace siempre es la frustración.
Todo ello refuerza la sensación en el entorno del expresident de que la legislatura depende más que nunca de lo que ocurra en el Tribunal Constitucional.
Porque el futuro político y personal de Puigdemont está en juego. Su defensa advierte en el recurso que «el riesgo de detención inmediata», unido a la falta de una condena firme y a la gravedad de los derechos en juego, «justifica que se decrete sin dilación la suspensión de la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión«.
Si esto no ocurre antes de que la Justicia europea pueda tumbar la amnistía, es cierto que cualquier gracia aplicada será irreversible… pero no será así para quien no la haya obtenido. Si Puigdemont no ha sido amnistiado, la anulación de la norma los dejará fuera para siempre, al no haber sido nunca compatible con el derecho europeo.
