En una entrevista en el programa El Cascabel, José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda, ha lanzado una seria advertencia sobre el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Según ha asegurado, se trata de una medida que “no tiene ningún respaldo legal, quiebra los principios constitucionales” y que, de materializarse, supondrá “la desaparición de la Agencia Tributaria tal como la conocemos”.
Peláez ha rechazado con contundencia las declaraciones de la ministra María Jesús Montero, quien calificó las críticas como “bulos”. “No es cierto que no haya nada. Hay documentos, pactos y acuerdos firmados. Basta con revisar lo que han pactado entre partidos catalanes primero y ahora entre gobiernos”, ha afirmado. El portavoz de los inspectores ha recordado que hace un año ya se acordó entre Esquerra y Junts que Cataluña gestionaría, inspeccionaría, recaudaría y se quedaría con todos los impuestos del territorio. “Eso ya supuso una alerta, pero ahora es aún más grave porque lo ha avalado el Gobierno central”.
“Esto no tiene amparo en la Constitución ni en ninguna ley de desarrollo”
Peláez ha señalado que lo que se está construyendo es un sistema nuevo, que no aparece en la Constitución, ni está amparado por ninguna norma, y que es prácticamente idéntico al concierto vasco y navarro. “El sistema de financiación común se está rompiendo. Lo que se ha firmado no es un paso más, es una voladura del sistema tributario actual”, ha insistido.
Según ha explicado, la idea de transferir la gestión del IRPF a Cataluña a partir de 2026 es el primer paso de un plan mucho más amplio que afecta a toda la estructura fiscal del Estado. Desde su punto de vista, si se permite este modelo, el sistema quedará completamente fragmentado, provocando una pérdida de eficacia, un aumento del fraude fiscal y un grave perjuicio para los servicios públicos.
José María Peláez ilustró los graves problemas que generaría el nuevo sistema con un ejemplo práctico relacionado con la campaña de la renta. Explicó que, si a partir de 2026 Cataluña comienza a gestionar el IRPF, las declaraciones de los trabajadores y las retenciones de las empresas catalanas pasarán a estar en una base de datos distinta, controlada por la Agencia Tributaria catalana. En ese escenario, un trabajador de una empresa catalana que resida en otra comunidad —como Córdoba— presentaría su declaración de la renta al Estado, pero sería prácticamente imposible tramitar su devolución con la misma eficacia, ya que las bases de datos estarían fragmentadas y no se podrían cruzar los datos de forma automática, como ocurre ahora. Según Peláez, esto ralentizaría los procesos, afectaría a millones de contribuyentes y deterioraría seriamente la calidad del servicio tributario.
“No se puede imponer un traspaso forzoso a los funcionarios”
Peláez también ha denunciado que la Agencia Tributaria de Cataluña no tiene ni los medios humanos ni tecnológicos para asumir la gestión tributaria del territorio. “Cuentan con solo 850 funcionarios, frente a los más de 4.400 que hay ahora en la Agencia Estatal en Cataluña. Pero no es solo una cuestión de personal, sino de formación, experiencia y sistemas tecnológicos”, ha detallado.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda
El portavoz ha sido tajante al afirmar que no se puede obligar a los funcionarios del Estado a integrarse en una agencia autonómica. “Nosotros hemos accedido por oposición a la Agencia Tributaria del Estado. No pueden forzarnos a cambiar. Eso vulneraría nuestros derechos”.
Por todo ello, ha pedido un debate serio y público con el Gobierno. “La ministra dice que nosotros bebemos de bulos. Le invitamos a que se siente con nosotros y debatamos qué interés público justifica este sistema y qué perjuicios conlleva. Nosotros no tenemos ningún interés político, hablamos desde el punto de vista técnico”, ha zanjado.
Peláez concluye que este sistema no beneficiará ni a Cataluña ni al conjunto de España. “Solo generará ineficiencia, desigualdad y caos administrativo. Y eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos”.
