Los amantes de las películas y series de abogados de Estados Unidos o Reino Unido a buen seguro están habituados a escuchar a sus protagonistas hablar de casos pro bono. Los abogados de series como ‘Suits’, ‘The Good Wife’ o ‘The Good Fight’ llevan de forma habitual casos pro bono; aquellos por los defienden gratuitamente a personas vulnerables y sin recursos económicos. Esta fórmula de acción social tan arraigada en la cultura jurídica anglosajona la han empezado a adoptar con ganas los despachos de abogados españoles. Es un método solidario y gratuito que permite ayudar a organizaciones o entidades sociales, y en algunos supuestos a personas individuales, a acceder a la justicia sin contraprestación económica. Los casos más recientes, el de Fátima Ofkir, la joven de L’Hospitalet de Llobregat encarcelada durante años en Omán por presunto tráfico de droga, o el de los vecinos de la fábrica Tenneco de Badalona que responsabilizan a la empresa del cáncer que sufren.
En España los precursores fueron las grandes firmas de abogados, como Cuatrecasas, Sagardoy, RocaJunyent, Garrigues, Pérez-Ayala o Pérez Llorca, pero ahora la práctica se ha empezado a extender a bufetes medianos y pequeños e incluso la han adoptado profesionales del Derecho a título personal. El estallido de esta práctica solidaria en el mundo de la abogacía es tal que ha propiciado la creación de la Fundación Pro Bono España, que engloba a 49 despachos de abogados punteros y a asesorías jurídicas de empresas influyentes, como Iberdrola, Enagas, Repsol, Sacyr o la aseguradora Zúrich. Esta organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo «coordinar y promover el trabajo y cultura pro bono con el fin de fortalecer» a entidades del tercer sector «a través del Derecho», como «herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social», según reza su postulado. La fundación actúa como intermediaria entre entidades sociales que necesitan asistencia legal y abogados con capacidad de colaborar desinteresadamente con ellas.
«La abogacía no es solo una profesión liberal, sino que es esencial para garantizar el acceso a la justicia que, al final, es un derecho fundamental de los ciudadanos»
«El pro bono no es más que ofrecer y garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos sin obtener una retribución económica, labor que los abogados hemos hecho toda la vida a nivel individual. Con la entrada en España de los grandes despachos estadounidenses y británicos en los 90, esta práctica se ha ido trasladando años después a los bufetes españoles», explica Natàlia Martí, diputada de la junta de gobierno del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona. Las grandes firmas españolas del sector se reestructuraron como empresas, con diferentes departamentos, para optimizar recursos y ser más competitivos, y ahí aprovecharon para crear divisiones o áreas de acción social desde las que aplicar el pro bono para los colectivos más vulnerables.
Cuando llega una petición pro bono a un despacho, un equipo se reúne para valorar y decidir si asumen el caso
«La abogacía no es solo una profesión liberal, sino que también es esencial para garantizar el acceso a la justicia que, al final, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por lo tanto, el abogado tiene, o debería tener, un deber ético y legal de defender los derechos, incluso cuando no comporten una retribución económica. Evidentemente, es una función voluntaria, a su vez muy intrínseca con el deber ético del abogado, que contribuye al Estado de Derecho», asegura Martí. «El pro bono se pone al servicio de los que más lo necesitan y ayuda a conseguir la justicia social, equilibrar desigualdades y asegurar derechos; y comporta empatía y humanidad, que al final fomenta el acercamiento a las realidades más vulnerables», añade esta abogada.
«El objetivo es facilitar el apoyo jurídico para que cumplan sus proyectos, desarrollando con ello la dimensión social de la abogacía»
Cuatrecasas es uno de los despachos españoles que más ha potenciado el pro bono, con la colaboración de la Federación Pro Bono España, poniendo el foco en entidades como la Confederación Autismo España. El abogado socio de este bufete Valentín García González sostiene que la práctica pro bono en su despacho (se creó una unidad específica en 2008) «es multidisciplinar y promueve la participación de todos nuestros abogados y abogadas para atender las necesidades jurídicas de las entidades del tercer sector social». Su objetivo principal, precisa, es facilitar apoyo jurídico para que cumplan sus proyectos, «desarrollando con ello la dimensión social de la abogacía». En su caso, esta labor tiene una dimensión internacional, pues también la desarrolla en Portugal, México, Colombia, Perú y Chile.
Tanto este despacho como los otros consultados por este diario analizan y valoran caso a caso cuando les llega una petición. «Se trabaja igual que en otros casos y con la misma calidad», subraya. En Cuatrecasas, cuando llega una petición pro bono un equipo de seis personas se reúnen para valorarlo y decidir si participan en el proyecto.
«Es una forma de colaboración con la Administración de Justicia, que ve siempre con buenos ojos que podamos ayudar de forma altruista en asuntos complicados»
La firma Molins Defensa Penal asume casos pro bono a través de la Universitat Pompeu Fabra y de entidades del tercer sector que ayudan a personas sin hogar a salir de su situación. «Estas personas suelen arrastrar procedimientos penales vinculados a drogas, peleas o en algunos casos malos tratos en el ámbito familiar», afirma Paz Vallés, abogada de este despacho. Aquí, ante una petición pro bono, se valora si «la situación exige o merece una asistencia jurídica que implique un compromiso con la sociedad» por parte del bufete. Los letrados asumen esta labor de forma absolutamente desinteresada. Según Vallés, también es «una forma de colaboración con la Administración de Justicia, que siempre ve con buenos ojos que podamos brindar nuestra ayuda de forma altruista en asuntos complicados».
«Conseguimos llegar a quienes realmente necesitan una representación jurídica de alto nivel pero no disponen de recursos»
El abogado penalista barcelonés Andrés Maluenda también desarrolla esta práctica en el despacho. «En enero de 2023 fundamos Maluenda Social con un equipo especializado y colaboramos con distintas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. De esta forma, conseguimos llegar a quienes realmente necesitan una representación jurídica de alto nivel pero no disponen de recursos», asegura en letrado. Entre los beneficiarios está la Fundación Adecco, PDA Bulling y Grup Som Via.
«La empatía hacia los colectivos más vulnerables hacen que nuestra profesión vaya más allá del compromiso jurídico para generar un impacto social»
Uno de los casos pro bono más mediáticos lo ha llevado el despacho Vosseler Abogados, y en concreto su directora ejecutiva Mónica Santiago: se trata de la liberación de Fátima Ofkir, la joven de L’Hospitalet de Llobregat encarcelada durante años en Omán por presunto tráfico de droga. Pero este bufete ha llevado muchos otros vinculados con accidentes de tráfico, bullying o agresiones sexuales. De nuevo, el compromiso social está detrás de esta práctica. «Es la necesidad de los profesionales del despacho de contribuir desinteresadamente a nuestra sociedad, contribuyendo a fomentar el compromiso social y huir del individualismo ególatra que se impone».
El fundador de este despacho, Daniel Vosseler, ha sido el que ha trasmitido a su equipo esa filosofía que él mismo ha cultivado. Como resume Santiago, «la empatía hacia los colectivos o personas más vulnerables hacen que nuestra profesión cobre sentido y vaya más allá del compromiso estrictamente jurídico para generar un impacto que llegue a transformarse en valores sociales como humanidad, compasión y generosidad».
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