El pasado lunes el Gobierno y la Generalidad de Cataluña acordaron un traspaso de competencias del Estado, así como crear un nuevo sistema que afecta al nivel y calidad de vida de los españoles.
Como todo está muy debatido, no vamos a entrar a comentar sobre los motivos que pudieran derivarse de:
–Ser el fruto de una compra permanente de votos para que gobierne don Pedro Sánchez, quizá consecuencia de una estrategia que se está desarrollando más precipitadamente a medida que su debilidad incentiva a sus depredadores a acelerar sus exigencias.
–Tampoco vamos a entrar en porqué, como complemento necesario, tras eliminar el debate y la estructura orgánica interna, él organizó un PSOE a su medida, para que todo se convierta en una conexión directa entre el presidente y los militantes que es el método más viejo del mundo para crear un sistema autoritario.
–No vamos a discernir sobre la estrategia de los independentistas catalanes que, una vez fracasado su golpe de Estado (modelo siglo XXI) por la acción del Gobierno de España, vieron en la ambición de don Pedro un camino hacia la Independencia tras desbaratar poco a poco a España.
–No vamos a extendernos en si este proceso va a culminar pues, tras ser cierto que implantarlo requiere una mayoría parlamentaria y manipular algunos órganos, tales como el Tribunal Constitucional, que permitan hacer determinadas cosas, es cierto también que en el momento en que surja una mayoría alternativa se volverá a una España igual para todos: eso si tras pagar un coste altísimo.
–Tampoco vamos a entrar en el camino futuro del propio PSOE tras asumir las consecuencias de su actual política. Todos tendremos que ayudarlo pues es indispensable para realizar la reforma sensata que hay que abordar, con el consenso de todos y con una política centrada, para recuperar a las gentes que están siendo perjudicadas por una economía demagógica que crece en plan globo pero sin crear fundamentos sólidos, para así alcanzar el fin de tener un país equilibrado y sin extremismos.
–No entraremos tampoco es en explicar este cambio y en cómo desequilibrará al actual sistema porque muchos ya han explicado un proceso que altera a una España diversa y con autonomías que gestionaban el gasto sobre la base del principio de igualdad: la que establece la Constitución es entre todos los españoles y no entre los territorios. Con el nuevo sistema las comunidades que más dinero generen van a, pasado un tiempo, disponer de más medios. Ello será inevitable porque la primera ley del universo dice que la energía ni se crea ni se destruye, por lo que, en un sistema cerrado, para que alguien salga beneficiado otro sale perjudicado. Que nadie lo sea a corto, solo significa que temporalmente, se esta metiendo dinero (quizá manipulado de los fondos europeos) pero eso tiene un límite pues España no puede vivir eternamente de los demás. Cuando se termine el periodo transitorio, los que ahora mejoran, mejorarán más y los que empeoran, empeorarán. En ese contexto, un español que compre en su pueblo a una empresa catalana dará beneficios a Cataluña, lo que creará una especie de sistema colonial en el cual ella extraerá dinero del resto del territorio. Dinero que tendrá una fiscalidad que va a gestionar también ella. Tampoco vamos a entrar en si eso es constitucional, aunque en nuestra opinión no lo es.
Sí vamos a tratar un asunto elemental y con profundas connotaciones éticas, el de la tramitación del acuerdo hasta convertirlo en ley.
Primero hay que llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que es intranscendente pues la propuesta saldrá adelante con el voto del Gobierno (que tiene el 50% del ponderado) y Cataluña. Por eso él puede permitir a sus autonomías que voten en contra. Incluso ello puede ser positivo para, aunque sea con mentiras, venderlo a los ciudadanos que los apoyan, y así no perder a los indignados por el expolio.
Lo decisivo es el resultado en el Parlamento donde los votos de los diputados socialistas serán necesarios para, junto con sus compañeros de viaje, sacar adelante el cambio de modelo.
Ante el anuncio del pacto compareció el señor don Guillermo Peláez, que es el consejero portavoz del Gobierno del Principado de Asturias: persona eficaz. Hizo unas declaraciones prolijas y radicales para decir que Asturias rechazaba el acuerdo entre Sánchez y Cataluña y que se opondría no solo lo que perjudique a Asturias, sino también a lo que no nos beneficie. Ello es justo porque si se pasa al muevo sistema de gestión y determinación de impuestos, a la ordinalidad y a suprimir parte de los fondos de compensación, seremos unos de los más perjudicados: por lo que debemos oponernos no solo por motivos formales sino de fondo.
En su discurso olvidó decir que la decisión de Asturias no influía lo más mínimo en el resultado final. Después un periodista de LA NUEVA ESPAÑA, le preguntó acerca de la posibilidad de que desde la FSA animasen a los diputados asturianos del Congreso a votar en contra del acuerdo. La farisaica respuesta fue: «los diputados del PSOE en Madrid dependen de la dirección federal del partido y es a ellos a quien deben la dependencia jerárquica».
Ello quiere decir que votarán sí, porque para ellos los sagrados intereses de Asturias solo son pronunciar unas palabras vanas para que los votantes les permitan seguir gobernando. Además nos dice que sus afirmaciones anteriores son un tartufesco brindis al sol, o dicho en términos vulgares un relato para votantes ingenuos: o decirnos a todos que nos consideran cretinos.
Lo sostenemos porque el artículo 67.2 de la Constitución Española dice: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».
Y mandato imperativo es tanto el de los grupos de presión como el de los líderes de los propios partidos, vueltos aquellos, cuanto defienden su propio interés frente al de los ciudadanos que ellos han plasmado, con sus especificidades para Asturias, en las ofertas del programa electoral del partido.
En vez de milongas deberían contarnos su verdad que sintetizamos al decir que el paradigma actual consiste en que los ciudadanos, gratuitamente y sin compromiso alguno, ceden a unos profesionales de la política la capacidad legal de hacer lo que quieran, incluido, si fuera necesario, el perjudicar a quien les ha elegido como representantes suyos.
En nuestra opinión todo es consecuencia de poner en práctica su única ideología que dice: «Ser tu representante no me obliga a velar por tus intereses si se contraponen a los míos».
A nuestro juicio habrá que modificar un poco el sistema para lo cual hay que seguir a Jovellanos cuando afirmó: «Yo no sigo un partido; sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria, que unánimemente adoptamos los que recibimos de su mano el augusto encargo de defenderla y regirla, y que todos habemos jurado seguir y sostener a costa de nuestras vidas».
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