Las eléctricas confían en la influencia del Gobierno sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lograr más dinero por sus redes eléctricas y poner en marcha, así, la ansiada electrificación de la economía. Las compañías consideran que la propuesta de retribución del regulador para las redes eléctricas desalienta la reindustrialización del país, mientras que el organismo que preside Cani Fernández defiende que trata de “incentivar la inversión sin comprometer la sostenibilidad económica del sistema, ni la asequibilidad para los consumidores”.
Las grandes eléctricas son las encargadas de desplegar las redes de distribución, que son los cables eléctricos que van desde las subestaciones de transporte hasta los hogares. El Gobierno decide la cuantía máxima de estas inversiones y la CNMC establece su rentabilidad por periodos de seis años, a partir de unas orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto es así porque son los consumidores quienes pagan estas infraestructuras a través de la factura de la luz.
El próximo sexenio regulatorio (2026-2031) coincide con el de un enorme interés por parte de grandes consumidores de conectarse a la red. A finales de 2024, había 67 gigavatios interesados en conseguir un enchufe, casi el 40% de toda la potencia contratada existente, de los cuales casi la mitad eran industrias, viviendas e infraestructura de recarga, según datos de la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, Aeléc. Estos nuevos consumidores son fundamentales para impulsar la demanda eléctrica, actualmente en mínimos de hace 20 años, y cumplir con la hoja de ruta climática del Gobierno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En este contexto, el departamento que dirige Sara Aagesen ha abierto la puerta a ampliar el límite a la inversión en redes y ha pedido a la CNMC una tasa de retribución financiera que de “señales claras” para “incentivar” las actividades de transporte y distribución con el objetivo de “atender la creciente demanda eléctrica vinculada a la movilidad libre de emisiones, la electrificación de la industria y el despliegue de los nuevos vectores energéticos”.
Pero las compañías consideran que nada de eso ha ocurrido. Las empresas creen que la tasa de retribución -que ha aumentado del 5,58% al 6,46%– es insuficiente y a esto añaden que el regulador ha cambiado radicalmente la metodología con la que se calcula la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, lo que a su juicio frenará las inversiones. ¿Qué queremos como país, electrificar el consumo o seguir poniendo trabas a la industria para conectarse a la red?, se preguntan fuentes de las empresas.
La tabla de salvación la dejan en manos del Ejecutivo, que tiene capacidad de maniobra, pues además de establecer las orientaciones de política energética, puede convocar lo que se denomina Comisión de Cooperación –formada por tres personas de la CNMC y tres de la Secretaría de Estado de Energía– si cree que la propuesta del regulador no se adecúa a sus sugerencias. En el caso de que se logre un consenso en el seno de ese grupo, la CNMC indicará que aprueba su propuesta regulatoria «de acuerdo con las orientaciones de política energética del MITECO», en caso contrario deberá indicar que se adopta «oído el MITECO».
Propuestas de la CNMC
Por un lado, la propuesta de la CNMC fija una tasa de retribución para las redes eléctricas del 6,46%, lo que supone un incremento desde el 5,58% actual. Pero si se compara con la tasa de inversión sin riesgo (el bono español a 10 años), en 2019 el diferencial era de 435 puntos básicos, mientras que el nuevo se reduce a 320 puntos básicos.
El planteamiento del organismo regulador se queda, por tanto, muy lejos de las pretensiones de las empresas, que aspiraban a obtener el 7,5%, que implicaría un diferencial de 420 puntos básicos, en línea con la retribución de otras actividades reguladas, como los aeropuertos (8,03% y un diferencial de 425 puntos básicos) o las telecos (6,98% y un diferencial de 440 puntos básicos).
Por otro, el ‘superregulador’ ha dado un vuelco a la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. En el caso de las inversiones en modernización de las redes actuales (porque se rompen o quedan obsoletas), el modelo sigue igual. Pero para el despliegue de nuevas redes, la tasa de retorno no se calcula sobre el coste de la inversión (gasto operativo y de capital) como hasta ahora, sino sobre los kilovatios conectados.
Y el precio del kilovatio conectado se calcula en función de la potencia conectada en los últimos años por parte de las empresas y de la inversión realizada, lo que deriva en cantidades muy bajas si se tiene en cuenta que en la última década apenas se realizaron inversiones en la extensión de redes eléctricas, si no que la mayoría se destinaron al mantenimiento de las existentes.
