Las investigaciones desarrolladas por el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, que han supuesto la imputación del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y cerca de una treintena de personas más, se concentran en cuatro empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Se trata de Air Liquide, Abello, Messer, Praxari y Carburos Metálicos, cuyos responsables figuran entre los investigados porque «hasta en dos ocasiones […] contrataron a Equipo Económico a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones».
En su resolución, el magistrado explica que «la AFGIM y las empresas que lo conforman tratan de conseguir que se legisle en base a sus intereses, acudiendo a diferentes consultoras, todo ello sin obtener resultados satisfactorios, encontrándose con la negativa de la Administración para introducir las reformas pretendidas». Los resultados solo llegan cuando su interlocutor es el despacho fundado por Montoro, Equipo Económico (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli).
Entonces «en poco tiempo y sin causa aparente consiguen que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo» a sus peticiones. El magistrado destaca que la AFGIM llega incluso a redactar los textos legales, a cambio «de importantes desembolsos». La primera vez es para obtener una modificación legislativa con la finalidad de ver rebajado el Impuesto Especial sobre la Electricidad. La segunda se traduce en una rebaja fiscal a las gasistas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a través de la modificación en 2018 del real decreto ley de 1990.
Según la resolución, entre 2011 y 2019 Equipo Económico recibió de las gasistas imputadas 779.705 euros, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que «los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias», en concreto por la auditora Ernst & Young. El juez señala que «en el mejor de los casos» son «retocados por Equipo Económico», a pesar de que «las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por 10 lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes«. A cambio estas empresas colaboraron «activamente» en la ley de 2014 y de 2018 que les beneficiaban, según se desprende de los correos intervenidos en la causa.
Decidir el contrato
El magistrado justifica la imputación de las empresas y de sus responsables en que «habrían aceptado abonar a Equipo Económico/ Global Afteli el precio solicitado por la organización investigada para obtener las reformas» en el IEE y el IAE «que perseguían movidos por un interés económico«.
Por Air Liquide cita como investigados a Patrick Emmanuel Marcel Jozon, director General de Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012; Teresa Rasero Guerrero, presidenta del Consejo de Air Liquide España desde mayo de 2016 y antes secretaria general desde 2012, y Jorge Pedrazuela Prieto, director de Contabilidad e Impuestos de la compañía. En la resolución identifica su presencia en la reunión en la que se decidió contratar a Equipo Económico y en los mantenidos en la Dirección General de Tributos con los también imputados Diego Martín Abril y Óscar del Amo.
De Praxair los responsables imputados son: Eduardo Gil Elojoste, presidente de Nippon Gases Europe desde 2018 y antes presidente de Praxair Europa desde 2016 (antes había sido director general de esta compañía para España y Portugal desde 2008); Carlos Romero Moreno, director de Personal y Servicios Legales para España y Portugal y secretario general de la AFGIM, y Jacobina Escámez Esteve, responsable fiscal de la compañía para España y Portugal.
En el caso de Gil Elojoste, el magistrado señala que participó «en la teleconferencia programada» para el 25 de octubre de 2013 «en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y los términos en que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda». Por su parte, Romero «contactó con el subdirector de Impuestos Locales para aclarar unas dudas en relación a la propuesta de redacción de la modificación del IAE».
También figura como investigado Rubén Folgado Girón, director técnico de Messer Ibérica desde febrero de 2003, así como a Karl Andrea Hauck, director general. El auto explica que «uno de los correos intervenidos y que dio origen a las presentes actuaciones, fue intervenido» a Folgado. En él se «urgía a contactar con un gabinete económico que tuviese acceso al ministerio, en concreto a contactar con Equipo Económico».
De Carburos Metálicos los imputados son: Francesco Maione, su director general; Ahmed Harabou, vicepresidente y director general de las actividades de Gases Industriales de Air Products para el Sur de Europa y el Magreb, y José Luis Méndez López, director de Operaciones para el Sur de Europa. Maione es uno de los receptores del correo electrónico de fecha 24 de febrero de 2014, enviado por Carlos Romero, en la que se informaba que la reunión con el ministro de Hacienda estaba prevista para el 4 de marzo y habrían de asistir con la documentación que habían preparado junto con Equipo Económico y Ernst & Young».
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