La incapacidad del actual Consejo General del Poder Judicial, fuertemente dividido en bloques, para alcanzar el consenso necesario para los nombramientos clave en el Tribunal Supremo –las presidencias de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo– ha motivado finalmente la renuncia de las candidatas del sector progresista, Ana Ferrer y Pilar Teso. Su decisión deja el camino libre para que el Pleno del próximo 23 de julio designe a los candidatos conservadores Andrés Martínez Arrieta ( Penal) y Pablo Lucas (Contencioso), para una labor que ya ejercen en funciones.
Fuentes del entorno de ambas candidatas manifiestan a EL PERIÓDICO que la razón para desistir se encuentra en el cansancio por el tiempo transcurrido sir atisbar el acuerdo, la situación de interinidad que lastra el funcionamiento de ambas salas y también la constatación de que el bloqueo haría imposible que ninguno de los cuatro candidatos, que habían sido vueltos a proponer el pasado lunes por la Comisión de Calificación, puedan alcanzar los 13 votos necesarios para ser nombrados.
Las decisiones de estas Salas tienen especial trascendencia política y mediática al ser las encargadas de investigar a los aforados y revisar decisiones del Gobierno, y ello venía dificultando la designación de sus presidentes desde que comenzó a andar el actual Consejo, renovado tras un bloqueo político que duró más de cinco años. El último intento a principios del pasado mes de mayo, terminó en un rotundo fracaso debido a los vetos que cada sector planteó respecto a los candidatos de la parte contraria.
En el CGPJ hay diez vocales designados a propuesta del PSOE y otros 10 cuyo nombramiento fue avalado por el PP, a los que hay que sumar la presidenta Isabel Perelló. El sector progresista apostaba para la Sala de lo Penal por Ferrer y para la de lo Contencioso por Pilar Teso, una elección que veían además obligada para cumplir la Ley de paridad, pero eran vistas como candidatas impuestas por el Gobierno por los conservadores.
En cuanto a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, se cuestiona lo cercano de la hora de su jubilación a los 72 años, que en el caso del primero ocurrirá en julio de 2026 y en el de Lucas en 2027, por lo que ninguno de ellos podrá concluir el mandato para el que serán designados.
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