El reglamento del Congreso será modificado sustancialmente la próxima semana. Este jueves, la Cámara baja ha dejado listas dos reformas de sus normas internas que deberán ser refrendadas el martes que viene por el pleno del Congreso. Una de ellas establece una serie de normas básicas de comportamiento para evitar los insultos, amenazas e interrupciones por parte de agitadores ultras que están acreditados como periodistas en el Congreso. La otra, modifica por completo el reglamento para reescribirlo con lenguaje inclusivo, eliminando el plural masculino genérico e introduciendo, por primera vez, el término «diputadas».
Tras una tensa tramitación parlamentaria en la que PP y Vox han denunciado que los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han vetado sus propuestas, la comisión de reglamento ha dado el visto bueno a ambas modificaciones este jueves con el ‘sí’ del bloque de la investidura. No obstante, los dos asuntos que se abordan han generado un duro debate. Sobre todo, el régimen sancionador contra personas acreditadas como periodistas.
La reforma, reclamada por periodistas de todas las ideologías políticas y las principales asociaciones de prensa, establece una serie de normas básicas y recoge un listado de infracciones leves, graves y muy graves, que van desde colarse en espacios prohibidos, como despachos de diputados, a grabar en lugares en los que no está permitido, interrumpir ruedas de prensa o «proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad» de otras personas. Las sanciones van desde la retirada de la acreditación durante unos días a de manera permanentemente.
La diputada del PP Carmen Navarro ha obviado el objeto de esta reforma, denunciando que el Gobierno solo busca convertir el Congreso «en un laboratorio de cancelación, de censura y persecución política«. En nada han diferido las acusaciones lanzadas por Vox. Sin embargo, el resto de formaciones, recogiendo las peticiones del sector, se han posicionado a favor de impulsar esta reforma.
El uso de las palabras
La otra modificación, largamente exigida por Sumar, supone la reescritura del reglamento con lenguaje inclusivo, abandonando el masculino genérico, combinando el desdoble -‘diputados y diputadas’– con el uso de palabras como ‘miembros’ de la Cámara o emplear la palabra ‘presidencia’ en lugar del actual ‘el presidente’. «Niñerías«, ha dicho el diputado de Vox, Carlos Flores. Y Llanos de Luna, parlamentaria del PP, ha criticado la «ambigüedad», «imprecisión» e «inseguridad jurídica» que suponen estos cambios.
En frente, otra vez, han estado todas las formaciones del bloque de la investidura. «Con el lenguaje expresamos nuestros pensamientos, pero también el lenguaje influye en la forma en el que las personas percibimos y pensamos el mundo y la realidad», ha defendido el diputado del PNV Mikel Legarda. «Adaptar el reglamento al lenguaje inclusivo es adaptarlo a la sociedad actual, o al menos a la que aspiramos, una sociedad justa e igualitaria», ha recalcado el diputado de Junts, Josep María Cervera; y la portavoz de Sumar, Esther Gil, ha recordado que «lo que no se nombra no existe» y que eso pasa con las mujeres en el actual reglamento.
Enmiendas inadmitidas
Y otra de las polémicas que ha protagonizado la sesión de este jueves han sido unas enmiendas que ni siquiera se han debatido. PP y Vox registraron varios cambios al reglamento relativos a la obligación de celebrar el debate del estado de la nación anualmente o eliminar el uso de las lenguas cooficiales. Sin embargo, PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la comisión de reglamento, inadmitieron a trámite estas iniciativas, alegando que no hacían referencia al objeto de los cambios actuales. No obstante, esta incongruencia entre enmienda y texto suele ser habitual y el Gobierno ha caído en ello en varias ocasiones en los últimos años.
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