La instrucción de la causa contra el exministro Cristóbal Montoro, varios miembros de su equipo en Hacienda y responsables del despacho que fundó, Equipo Económico, por presuntos amaños en leyes para beneficiar a empresas gasísticas «mediando pago», causó un cisma en el seno de la Fiscalía Anticorrupción por el veto impuesto por el jefe de este departamento, Alejandro Luzón, a la fiscal del caso, Carmen García Cerdá.
La funcionaria quería profundizar en varios correos electrónicos que parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la instrucción del caso Gürtel, personajes políticos de la talla de Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre o Juan Carlos Monedero e incluso aludían a periodistas como Javier Chicote, de ABC.
Ante esta situación, García Cerdá recurrió a un mecanismo de uso poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a cualquier miembro del Ministerio Público mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior. Luzón no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a estos los correos que habían aparecido en la causa, pero la actuación de la fiscal del caso le obligó a reunir en Junta a todos los fiscales Anticorrupción para tratar de sumar apoyos a su posición.
En la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2023, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que solo cuatro apostaron por García Cerdá, lo que significó que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción quedaron vetadas, al menos desde la Fiscalía. Esta fiscal no fue apartada, pero se determinó que a partir de entonces actuaría junto a Antonio Romeral.
Posteriormente, y tras conocerse que García Cerdá había realizado alguna consulta a la policía judicial sobre dichos correos, se abrió contra ella un expediente sancionador que concluyó con una sanción de multa de 1.000 euros, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo, por una falta muy grave de desobediencia.
Esta no era la primera vez que la fiscal García Cerdá había visto limitada su actuación en el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, número dos de Alejandro Luzón, y al que ahora tiene que reportar todos sus movimientos, ya la había sustituido temporalmente cuando el ministerio público logró tumbar con un recurso la decisión del magistrado de grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.
Una causa sin grabaciones
En dicha ocasión, el fiscal Romeral consideró que el instructor no había valorado «de forma correcta los diferentes indicios» descubiertos por los agentes, por lo que no estaba justificada «la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales» como es controlar el contenido de las llamadas. La Audiencia de Tarragona acabó dándole la razón, al considerar que la decisión del instructor se sustentaba en una denuncia anónima, por lo que los sospechosos no fueron grabados por la policía judicial.
La decisión de Luzón de apartar de forma parcial a García Cerdá en esta causa obligó también a convocar un Consejo Fiscal, ya que las órdenes que se le dieron implicaban renunciar a investigar un posible delito de revelación de secretos en los correos incautados, la mayoría de los cuales habían sido enviados a Montoro por su entonces jefe de gabinete –también imputado por los amaños con las gasísticas– e incluían información confidencial sobre elaboración de informes o datos tributarios de personajes públicos.
No obstante, el Consejo Fiscal respaldó de forma casi unánime al jefe Anticorrupción con respecto a la investigación judicial, que se mantenía en secreto desde 2018 . Todos los vocales, con excepción de Salvador Viada -representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– votaron a favor de su decisión de apartar a Carmen García Cerdá de parte de las pesquisas. La decisión contó con el apoyo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que votó con la mayoría.
Cristobal Montoro, en una fotografía de archivo. / José Luis Roca
En el curso de la reunión, según informó en su día esta redacción, se analizó la solicitud de García Cerdá de discutir la decisión de su jefe por los «profundos y dilatados desencuentros» surgidos entre ambos. Pero salvo Viada, la mayoría consideró que la decisión de Luzón se enmarcó en el «legítimo control de la jefatura bajo los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación».
Confirmación por el Supremo
En su reciente decisión sobre todo este asunto, el pasado 3 de julio, los magistrados del Supremo confirmaron que la sanción era procedente porque García Cerdá desoyó a sus jefes cuando le ordenaron no seguir investigando los correos electrónicos aportados a la causa contra Equipo Económico . Una de las diligencias que pretendía solicitar la fiscal era el vaciado de un correo vinculado al dos veces ministro de Hacienda con el PP en el que utilizaba su segundo apellido: Romero.
La sentencia, tras recordar la dependencia jerárquica por la que se rige la fiscalía, subraya que el vaciado de la cuenta de correo del exministro fue denegado «por tres veces por el teniente fiscal anticorrupción y antes por el fiscal jefe Alejandro Luzón, debatiendo su procedencia también en la junta de fiscales de este, celebrada en septiembre de 2023, votando la mayoría de sus miembros en contra. Según Carmen García, sin embargo, lo realmente desautorizado solo fue ampliar la investigación a un segundo grupo de delitos y que se hiciera en pieza separada.
Ahora, en el auto en el que notifica su imputación a Montero y al resto de personas y empresas imputadas, que alcanzan casi la treintena, el juez ordena «el expurgo de los correos de interés para la causa» y antes de ello pide a la Fiscalía «que informe lo que estime conveniente al respecto». Será en este momento cuando se decida lo que pasa finalmente con esos correos.
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