El juez de Instrucción de Tarragona Rubén Rus ha dado la condición de investigado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y a otros ocho altos cargos de ese departamento en la época de Gobierno de Mariano Rajoy.
Les atribuye presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con presuntos pagos que empresas del sector gasista habrían hecho a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.
Las diligencias se iniciaron en agosto de 2018 y han permanecido bajo secreto hasta ahora, cuando el instructor lo ha levantado y ha dirigido el procedimiento contra la cúpula de Hacienda del PP, contra las empresas gasistas y contra 14 de sus directivos.
De acuerdo con la resolución judicial, Equipo Económico (EE) habría obtenido pagos por importe de 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y AFGIM (que engloba a las anteriores).
Según el juez, hay indicios de la existencia de una «organización», en la que «muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico».
A cambio de «importantes pagos», y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, los investigados intervinieron «de forma decisiva» en reformas legislativas que se adecuaron a los intereses de las empresas gasistas mencionadas.
Estas mercantiles, «a pesar de haberlo intentado», no pudieron obtener esas modificaciones legislativas hasta que acudieron a Equipo Económico.
Esta mercantil fundada por Montoro «en poco tiempo y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM». Ésta incluso «llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos».
La primera gestión investigada está relacionada con la rebaja en el Impuesto Especial sobre Electricidad.
Inicialmente, las empresas englobadas en AFGIM vehicularon su pretensión a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a través de una carta remitida a la Secretaría de Estado de Hacienda. En ella interesaron que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal.
Sus pretensiones no fueron atendidas.
«Como se desprende de los correos electrónicos intervenidos», relata el juez, AFGIM «decidió cambiar su estrategia y decide contratar a Equipo Económico a sabiendas de que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva».
«Incluso se dice que la vía más directa, como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro», añade la resolución.
El instructor señala que «todo cambia» tras la intervención de EE, que en un escaso período de tiempo y mediando precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían a través de la Ley 28/2014 y el Real Decreto 1074/2014″.
Con estas reformas, se modifica el criterio que hasta entonces utilizaba el secretario de
Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasistas.
«Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, período en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio», indica el juez.
La segunda vinculación contractual entre la AFGIM y EE «se traduce en una rebaja fiscal» a las gasistas».
Tras previas gestiones infructuosas, «solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasistas mediante la modificación del IAE a través de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado, que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990″.
Investigados
El juez atribuye un papel central a Cristóbal Montoro, que fue fundador, presidente y consejero de EE hasta abril de 2008.
Rus destaca que ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron los cambios legislativos de interés para las gasistas, «ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación».
Presuntamente, Montoro «hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE».
El uso de tales potestades «habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público».
Se ha constatado que Montoro ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, «lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos se redactase ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar pagar por ello», afirma el instructor.
También se otorga la condición de investigado a Miguel Ferré, secretario de Estado de Hacienda en el período 2011-2016; Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011-2016; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública en 2016; Diego Martín-Abril. director general de Tributos entre enero de 2012 y diciembre de 2016, y su sucesor en ese cargo, Jose Alberto García Valera; Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales; Rogelio Menéndez, asesor del Gabinete del ministro de Hacienda entre 2013 y 2015; José Maríá Buenaventura, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, y Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018.
También se dirige el procedimiento contra los responsables de Equipo Económico Ricardo Martinez Rizo, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras, asi como la trabajadora de esta empresa Covadonga Gómez.
Las personas jurídicas Air Liquide, Abellos, Messer, Praxair (Nipon Gases) y Carburos Metálicos, así como la asociación AFGIM, son también investigadas. Al igual que los directivos Patrick Jozon, Teresa Rasero, Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero, Jacobina Escámez, Rubén Folgado, Karl Hauck, Francesco Maione, Ahmed Hababou, José Luis Méndez, José Luis Cañedo, Juan Palanca e Isidro Abello.
