La cumbre bilateral de Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales de este martes ha ratificado la entrada de SEPI en la operación Talgo, con un crédito participativo de 75 millones de euros, que unidos a la misma cantidad del Gobierno Vasco, solventarán los problemas financieros que asfixian a la compañía.
La presión del PNV en Madrid ha dado resultados para que la SEPI flexibilizara su postura y accediera a poner el dinero que la empresa necesitaba, ante la sangría que para su caja suponen las penalizaciones millonarias de Renfe por los fallos en sus trenes recién comprados.
Talgo cerró el primer trimestre del año con unas pérdidas de 7 millones de euros, tras los 108 que se dejó en 2024 por la multa de Renfe. La compañía tiene previsto anunciar sus cuentas del primer semestre el próximo 1 de agosto, día en el que celebra su junta general de accionistas.
Una vez aplazada la sanción de 116 millones por los retrasos en la entrega de los trenes Avril y con el nuevo circulante vía crédito de 150 millones entre la SEPI y el Gobierno Vasco, la compañía puede seguir adelante con su plan industrial y una cartera de pedidos de más de 4.000 millones.
El alivio financiero que recibe abre la puerta a que el industrial vasco José Antonio Jainaga, junto con el fondo público autonómico Finkatuz y las fundaciones de BBK y Caja Vital pongan en marcha la operación de compra del 29,7% que el fondo Trilantic tiene en la compañía.
La oferta del consorcio, que se mantiene intacta desde febrero pese a la caída de la acción, asciende a 4,8 euros por acción, con una parte fija de 4,15 euros por título (valorando ese 29,7% en 153 millones) y una parte variable que dependerá de los resultados.
Con esta horquilla de precios (del 4,15 euros a casi 5 euros) y dado el bloqueo de la banca, el presidente de Sidenor optaría más por ofrecer el precio más bajo.
Fuentes cercanas al industrial vasco propietario de Sidenor aseguran que la decisión de arriesgar una inversión mínima de ese orden en la empresa estaba en el aire, dado que «por pura responsabilidad», no lo podía hacer con la situación financiera que arrastra.
Meses de espera
La colaboración del Ejecutivo central, vía SEPI, se ha hecho de rogar. Desde Renfe se ha insistido en que no se podían quitar las penalizaciones ni la multa porque la normativa no se lo permite y rozarían la prevaricación en la gestión de una empresa pública.
Con la situación política crítica por la que pasa el Gobierno de Sánchez en este momento, cualquier resquicio de irregularidad puede ser aprovechado para el rifo rafe parlamentario.
Tampoco estaban en el Gobierno por la labor de actualizar los precios de sus contratos con la inflación tras la crisis de la pandemia, como se hizo con sus competidores en Europa, con la idea de articular una solución a través de la SEPI.
La operación se había complicado ante la tardanza en alcanzar un compromiso en Madrid para el crédito participativo de la SEPI, hasta el punto de que la acción ha perdido más de un 25% desde febrero, la fecha en la que se conoció la oferta del consorcio vasco.
