La idea es no hacer olas hasta septiembre. Mantener el mar tranquilo y llegar a las vacaciones de agosto y luego al inicio del curso político con una cierta calma política después de unos meses más que agitados.
Pedro Sánchez ha llegado vivo políticamente contra todo pronóstico y la intención estas semanas es aplazar las decisiones conflictivas, superar sin sobresaltos el pleno extraordinario del Congreso del 22 de julio, celebrar el Consejo de Ministros del 29 y bajar la persiana del Gobierno y el Parlamento.
Cada semana de la legislatura se ha augurado su fin y ahora ya se ha superado el ecuador, con rumbo hacia la segunda mitad.
Para septiembre, el presidente del Gobierno puede poner en marcha una cierta reacción política que incluirá necesariamente la celebración del Debate sobre el estado de la Nación, pendiente desde la legislatura anterior, iniciativas legislativas atascadas, las medidas del plan contra corrupción y quizás cambios en el Gobierno, según algunas fuentes del Ejecutivo.
Por eso, el Gobierno ha decidido dejar para septiembre algunas iniciativas legislativas que podrían provocar polémica. También la votación de la reducción de la jornada laboral, que iba a celebrarse el 22 de julio, rectificando la decisión inicial de debatir y votar ese día, aunque se perdiera para intentar ganar el debate político.
Se trata de mantener el impulso de lo que Moncloa quiso mostrar como una especie de cuestión de confianza en el Pleno del Congreso, aunque no hubiera votación, para evitar imagen de debilidad o enfrentamiento con lo socios.
Para eso se ha buscado acortar distancias con los gobiernos de País Vasco y Cataluña.
Con Imanol Pradales
Este martes, el presidente del Gobierno se reunió en la Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales para desatascar transferencias pendientes al País Vasco, algunas desde que en 1979 se aprobó el Estatuto de Gernika.
De la reunión salieron acuerdos como transferencias de competencia de salvamento marítimo, un «acuerdo político sobre el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva» y la asunción por el País Vasco «de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto a la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar», entre otras.
En el último Pleno del Congreso, el que debatió sobre la corrupción, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, advirtió a Sánchez de que la relación entre ambos estaba «en la UCI».
Con esta reunión y este acuerdo, la relación como mínimo «está ya en planta y estabilizada». La ventaja para Sánchez es que el PNV depende en el País Vasco de los socialistas con los que gobierna en coalición.
Y el lunes se precipitó un acuerdo con la Generalitat de Cataluña sobre financiación que casi no presenta ningún avance sobre lo acordado hace un año con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa.
El texto presentado ahora no tiene concreción de fechas o cifras, es improbable que se pueda aprobar en el Congreso y no parece viable que pueda asumirse su implantación en todas las comunidades. Al menos a medio plazo, pero se logra dar imagen de fortaleza y acuerdos.
Esta semana, el Gobierno hará un nuevo intento para que las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) sean lenguas de uso en las instituciones de la Unión Europea, también como nuevo gesto hacia Junts.
La jornada laboral
Respecto a la reducción de jornada, hubo dudas en el Gobierno sobre si era mejor perder ahora la votación, antes que iniciar septiembre con una sonora derrota en el proyecto principal de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Finalmente, Junts, según el comunicado emitido este martes por Trabajo, ha pedido tiempo para mantener la negociación hasta septiembre.
Eso supondrá, por cierto, retrasar en todo caso la entrada en vigor de la reducción de jornada, aunque el Gobierno mantiene una cierta esperanza en que pueda haber acuerdo para que se apruebe y se aplique antes de final de año.
En ese pleno del Congreso están previstas votaciones a priori tranquilas, como la convalidación de dos decretos y leyes como la de Movilidad Sostenible o la de protección de menores en entornos digitales a la que sólo ha presentado enmienda de totalidad Vox.
Para uno de los dos Consejo de Ministros que quedan en julio está previsto que se apruebe la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución de 4 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que cumpla los 8 años. Salvo que también se decida aplazarlo para el inicio del curso político.
No hay asomo tampoco de la aprobación en Consejo de Ministros del llamado techo de gasto, que es un paso previo a la elaboración y posterior de los Presupuestos y que debe ser votado en el Congreso. Sencillamente, porque no hay indicios de que el Gobierno vaya a intentar siquiera presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, porque sabe que es muy difícil que, por ejemplo, Podemos lo apoye.
Para medir el retraso que lleva esa gestión, basta recordar que justo hace un año, el 16 de julio de 2024 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el techo de gasto para 2025.
Sin Presupuestos
La nota que figura en la web de la Moncloa sobre la rueda de prensa de ese día señala: «La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que este paso es decisivo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que se presentarán «en tiempo y forma» con el fin de que sean aprobados antes del 31 de diciembre”.
Obviamente, los Presupuestos de 2025 no se presentaron nunca. Ni «en tiempo y forma», como se comprometió Montero, ni de ninguna otra manera, en contra de lo que dice la Constitución.
Aquel techo de gasto fue votado en el Congreso el 23 de julio y fue rechazado por los votos de Junts, PP y Vox. En septiembre se llevó de nuevo al Congreso, pero el Gobierno lo retiró antes de que se votara para no volver a perderlo
Este año no hay indicio de que se cumpla este trámite antes del mes de agosto, porque es posible que volviera a ser rechazado. Ahora, a las dudas de Junts se suma el rechazo de Podemos a dar el visto bueno a unos Presupuestos que suban un sólo euro de gasto militar.
Para septiembre, Sánchez habrá designado un interlocutor para negociar con Carles Puigdemont, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, tras la imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán.
