La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, María Pilar Martínez Gamo ha incoado diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias contra Leire Díez, la hoy ex militante socialista que se reunió con un grupo de abogados y el empresario procesado en el caso hidrocarburos Alejandro Hamlyn en lo que parece ser un complot contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las principales investigaciones judiciales abiertas contra el Gobierno.
Se trata del primer juzgado madrileño en hacer un movimiento contra Díez, a raíz de una querella presentada por la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, si bien otros tres órganos de instrucción de la capital acumulan otras querellas presentadas contra ella por la Asociación Unificada de la Guardia Civil y organizaciones que vienen sustentando las principales causas por corrupción que implican a exdirigentes del PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, como son Hazte Oír y Iustitia Europa. También están pendientes de comenzar a andar otros dos asuntos procedentes de los juzgados de Badajoz contra Díez por los presuntos los manejos de la exmilitante para influir en la causa abierta allí contra el hermano de Pedro Sánchez.
Así, fuentes fiscales han confirmado a EL PERIÓDICO que el juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha pedido informe a la Fiscalía antes de decidir si abre causa contra Leire Díez a resultas de la querella presentada contra ella por la organización Hazte Oír, a la que se ha acumulado otro procedimiento con origen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz que se presentó allí contra ella y el empresario Javier Pérez Dolset por un delito de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.
Los hechos que se le atribuyen a Díez en Extremadura se refieren a un intento de maniobrar en la causa contra el hermano del presidente mediante la presentación como acusación popular de un exmagistrado, Luis José Sáenz de Tejada, para sabotear el procedimiento. De hecho, esta persona trató sin éxito de personarse e instar la recusación de la jueza que ha sentado en el banquillo a David Sánchez, alegando la existencia de una «enemistad manifiesta». Los hechos también fueron denunciados por Manos Limpias en Badajoz, y el juez al que correspondió la denuncia, el número 4 de Instrucción en dicha ciudad, ha remitido igualmente el asunto a Madrid.
Querellas a unificar
Por otra parte, a la jueza de Instrucción número 44 de la capital, María Luisa Lázaro, le ha correspondido la querella que presentó contra Leire Díez y el resto de personas implicadas en el supuesto complot a la Guardia Civil el partido Iuistitia Europa; mientras que Concepción Jerez, titular del número 26, tiene pendiente decidir sobre otra querella presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Lo más probable, señalan las mismas fuentes, es que todos estos procedimientos acaben acumulándose en un único juzgado.
Leire Díez, exmilitante del PSOE contra la que se ha querellado Hazte Oír. / LA CRÓNICA
Leire Díez, una militante del PSOE que fue concejal en su pequeño pueblo cántabro (Vega de Pas) y logró la confianza suficiente del partido para ocupar un cargo directivo en Correos, salto a los titulares el pasado mes detrás difundirsendiese el vídeo de una reunión en el que esta mujer aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción.
Díez se defiende señalando que es una simple periodista buscando información para hacer un libro un caso concreto de fraude de hidrocarburos, pero el abogado en cuyo despacho se acogió una reunión , Jacobo Teijelo, ha acabado liderando el equipo de defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El que fuera número 3 de PSOE se encuentra en prisión preventiva por su implicación en el caso Koldo a raíz de un informe en el que la UCO que expone importantes indicios contra él, por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública por parte del ministerio que lideraba José Luis Ábalos, igualmente investigado por el Tribunal Supremo.