Este 16 de julio se cumplen 20 años del incendio de Guadalajara, tragedia que costó la vida a 11 personas y marcó un punto de inflexión en la conciencia social sobre los incendios forestales en España. Este suceso evidenció que las llamas no son solo una amenaza ambiental, sino un riesgo civil.
Dos décadas después, un informe de WWF España ha analizado la evolución del problema y ha lanzado una alerta: pese a avances en extinción y reducción de siniestros, la emergencia ha escalado hacia incendios ‘explosivos’ e incontrolables, capaces de quemar miles de hectáreas en horas.
España registra un 35% menos de incendios entre 2015-2024 comparado con la década anterior, gracias a mayor persecución del delito y concienciación ciudadana. Pero esta cifra esconde una tendencia alarmante: la proporción de Grandes Incendios Forestales (GIF) –los que superan las 500 hectáreas– aumentó un 31% en el mismo periodo de tiempo.
La crisis climática, el abandono rural y un paisaje inflamable conforman un cóctel que desborda la capacidad de respuesta. WWF subraya que estos ‘megaincendios’, aunque solo sean el 0.26% de los siniestros, concentran el mayor impacto ambiental y social.
Consecuencias de un incendio forestal en la comarca cacereña de Las Hurdes, en Extremadura. / EFE / Carlos García
«Los dispositivos de extinción apagaron el 68% de los incendios en fase de conato (antes de quemar una hectárea), pero esto confirma el escaso margen de mejora y el riesgo de colapso del sistema», recoge el estudio. La superficie quemada anual ronda las 100,000 hectáreas, y proyecciones climáticas advierten que podría duplicarse para 2050.
Propagaciones explosivas
Desde 2017, la península ibérica enfrenta incendios de «sexta generación», un fenómeno descrito por los Bombers de la Generalitat de Catalunya. Estos fuegos, influidos por condiciones meteorológicas extremas, liberan energía descomunal que altera la atmósfera, generando pirocúmulos (nubes de fuego) que derivan en tormentas eléctricas y propagaciones explosivas.
«Son inapagables por más medios terrestres y aéreos que se sumen», afirma el informe. Ejemplos como el de Sierra Bermeja (Málaga, 2021) o Tenerife (2023) ilustran esta nueva era, donde la simultaneidad de incendios extremos satura los operativos.
Tres factores clave alimentan esta peligrosidad:
–Transformación del paisaje: el abandono de usos agrarios y ganaderos ha creado un territorio homogéneo y continuo. Desde 2004, la superficie forestal creció un 7% (28,4 millones de hectáreas), pero el 89% de los bosques está en estado ‘desfavorable’, según datos de la Red Natura 2000. La biomasa acumulada, unos 30 millones de metros cúbicos no aprovechados anuales, actúa como combustible.
–Crisis climática: los últimos diez años (2015-2024) son los más cálidos registrados. En 2024, el calentamiento global superó por primera vez 1,5°C respecto a niveles preindustriales. Además, el Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media global, ampliando los periodos de riesgo de incendio.
–Desconexión social: la despoblación rural (caída del 4,4% entre 2014-2023) reduce la vigilancia natural, mientras la expansión de la interfaz urbano-forestal (zonas donde el bosque contacta con áreas habitadas) expone a más población. En 2010, se estimaban 1,1 millones de hectáreas en esta categoría; hoy, todas las provincias están en ‘situación crítica’.
Un helicóptero trabaja sobre un incendio en la Sierra de Malagón (Ciudad Real). / EFE /Jesús Monroy
‘Parchear’ con prohibiciones
WWF critica que el marco regulatorio español, desde la Ley de Montes (2003) hasta la reciente Ley de Bomberos Forestales (2024), ha priorizado la extinción sobre la prevención estructural. «Las modificaciones normativas han venido a ‘parchear’ los años negros de incendios con prohibiciones concretas (barbacoas, maquinaria), pero no abordan el problema de fondo», indica el documento.
Persisten fallos como una inversión desequilibrada (solo el 19% del presupuesto forestal se destina a prevención), falta de coherencia en planes autonómicos y ausencia de priorización en zonas de alto riesgo (ZARI), apunta.
El Tribunal de Cuentas Europeo confirma en su Informe Especial 16/2025 que los fondos UE para prevención «no se gastan sistemáticamente donde los riesgos son más elevados», y su eficacia a largo plazo «no está garantizada».
La ONG propone un giro radical en la estrategia: «La extinción no va a salvarnos. España es uno de los países que más presupuesto invierte en extinción por hectárea, pero las recetas del pasado ya no son válidas«.
Plantea como alternativas aprobar el Real Decreto en trámite que exige a las autonomías planes anuales basados en Zonas de Alto Riesgo (ZARI), con cartografía de interfaz urbano-forestal y criterios unificados. Y crear paisajes ‘cortafuegos’ mediante gestión forestal, recuperación de usos agrarios y ganadería extensiva.
Política fiscal verde
«La máxima consiste en crear paisajes para reducir las emergencias, en vez de defender el paisaje de las emergencias. En lugar de combatir las llamas, hay que combatir el abandono rural«, expone WWF. Reclama asimismo una política fiscal verde con deducciones del 20-40% para silvicultores que realicen gestión sostenible.
Otra propuesta es la ‘autoprotección ciudadana’: «Menos del 80% de los municipios en interfaz tienen planes obligatorios. Urge generar ‘cultura de riesgo’ y programas educativos», indica.
Los incendios extremos son «el claro síntoma de una crisis ecológica, territorial y climática», sentencia WWF, que explica que su evolución futura depende de cómo España aborde colectivamente el uso del territorio y la emergencia climática.
Sin medidas estructurales, los ‘megaincendios’ serán «cada vez más frecuentes, intensos e incontrolables». El informe cierra con una advertencia: «No estamos preparados, pero hay solución. Estamos a tiempo de reducir los impactos si reconducimos el modelo hacia la prevención».
