El Tribunal Supremo (TS) ha archivado una querella presentada por Vox contra la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por los contratos de compra de mascarillas cuando era la presidenta de Baleares, indicando que no procede investigarla en base a los datos aportados por el partido político, al tiempo que recuerda que, en todo caso, la Audiencia Nacional (AN) y la Fiscalía Europea ya investigan la adquisición de material sanitario en pandemia.
Según explica el Supremo, en un auto recogido por Europa Press, Vox se querelló el 21 de octubre de 2024 contra Armengol, el ex asesor ministerial Koldo García y empresarios de Soluciones de Gestión, compañía vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que consiguió dichos contratos, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio en sede parlamentaria.
Vox alegaba que «se celebró, entre el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y Soluciones de Gestión, un contrato público realizado de forma irregular no justificada, ni siquiera por la premura y urgencia de la situación, dando lugar a una contratación deficiente, irregular e injustificada, separada por completo de los principios de idoneidad de la parte contratante, transparencia y seguridad en la contratación que exige la vigente ley de contratación del sector público».
De acuerdo con el Supremo, Vox detallaba que el contrato se refería a la adquisición de 1.480.600 mascarillas FPP-2 por 3.701.5000 euros. Las mascarillas contratadas se entregaron en abril de 2020 pero posteriormente se certificó que no cumplían con los estándares de ese modelo concreto.
Pese a ello, señalaba Vox, «el IBSALUD emitió un certificado de conformidad relativo a la empresa suministradora del producto en fecha posterior a tener conocimiento de que el producto servido no se correspondía con el realmente pactado, lo que permitió a la empresa acceder a importantes contratos» públicos.
En ese sentido, el partido de Santiago Abascal precisó que Soluciones de Gestión contrató con el Estado y con otras comunidades autónomas, entre ellas Canarias, «con la sospecha de que pudieron existir otras irregularidades».
Actuación paralela sin sentido
El Supremo, en un auto ponencia del magistrado Manuel Marchena, dice que la apertura de una investigación contra Armengol no está «en absoluto justificada con los datos que se aportan en la querella», a lo que suma que, de hacerlo, «podría dar lugar a una actuación en paralelo que carecería de todo sentido», puesto que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europa ya investigan los contratos de mascarillas en pandemia.
«Se trata, como apunta el fiscal en su dictamen, de la existencia de otras investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Europea y que representan el marco adecuado para acopiar aquellos elementos indiciarios que permitan esclarecer los hechos relacionados con la adquisición de mascarillas y que ahora se presentan por la parte querellante como constitutivos de delito», dice.
Al hilo, indica que «lo que procede, por consiguiente, es el examen penal de las responsabilidades por el Juzgado Central (AN), pues su investigación se refiere al contrato de autos y a todos los celebrados con Baleares y Canarias e incluso a los contratos de suministro de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado, Adif y Secretaría de Estado de Interior por un importe total de 39.979.355 euros a la empresa Soluciones de Gestión».
El alto tribunal recuerda que «solo para el caso en el que, en el marco de esas investigaciones en marcha, fuera advertida la existencia de elementos indiciarios que incriminen al aforado, debería elevarse a esta Sala la exposición razonada».
