Interior acelera la tramitación de expedientes y rechaza a uno de cada tres menores migrantes que han solicitado protección internacional. El Gobierno de Canarias ha expresado su «preocupación extrema» por la rapidez con la que la Policía Nacional está resolviendo las solicitudes de asilo de los niños acogidos en las Islas. En apenas veinte días, los agentes han tramitado 141 expedientes, con 53 resoluciones desfavorables, una dinámica que, según el Ejecutivo autonómico, deja a decenas de menores fuera de la protección que exige el Tribunal Supremo. Estos datos se expusieron hoy en el Comité Interadministrativo entre los gobiernos de España y Canarias, que se reúne semanalmente para dar cumplimiento a los autos del alto tribunal, que obligan al Estado a integrar en la red de protección internacional a más de 1.300 menores solicitantes de asilo hacinados en centros de acogida del Archipiélago.
Mientras aumenta la tensión en Canarias, el Gobierno de España insiste en que está cumpliendo los plazos comunicados al Tribunal Supremo y sostiene que los primeros traslados al centro Canarias 50 —ubicado en el barrio de La Isleta, en Gran Canaria— se realizarán antes de que finalice julio. Sin embargo, la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, lamentó que, desde el 27 de junio, 946 menores han sido incorporados administrativamente a la red estatal —827 ese día y 119 más el 4 de julio—, pero ninguno ha sido trasladado. «Estos menores no tienen de hecho protección internacional mientras no accedan a una plaza específica para este fin», advirtió Rodríguez, quien calificó de «decepcionante» la última reunión del comité bilateral por la falta de avances reales.
Fuentes del Gobierno central adelantan que, en la próxima reunión del Consejo de Ministros, se aprobará una partida de 40 millones de euros destinada a la derivación de menores solicitantes de asilo y a la creación de 1.200 plazas en distintos puntos del territorio nacional. Sin embargo, según el Ejecutivo canario, en la reunión celebrada hoy, el Estado propuso destinar recursos económicos y humanos a reforzar los centros de acogida en las Islas, con el objetivo de mantener en el Archipiélago a los menores con protección internacional en lugar de trasladarlos a la Península. El Gobierno autonómico ha «rechazado de plano» esa opción, al considerar que vulnera el objetivo del auto del Supremo, que obliga a aliviar la presión sobre Canarias y su red de servicios públicos. Además, Rodríguez exigió al Gobierno central que aclare «cuándo y dónde» estarán operativas las 1.200 nuevas plazas comprometidas, y preguntó también por las 400 anunciadas en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El Ejecutivo español recibió el pasado día 9 una carta oficial de la Comunidad de Madrid en la que se advierte que «la sentencia del Supremo no habilita al Estado para trasladar su responsabilidad ni para imponer decisiones al margen de la legalidad. Su decisión es apoyar a Canarias con medios materiales y humanos, no derivar el problema a otros». Así, ante el «continuo rechazo por parte de algunas comunidades» a acoger a los menores migrantes, el Gobierno ha solicitado al Supremo una autorización judicial que respalde las derivaciones «con todas las garantías jurídicas y protegiendo el interés superior del menor«.
Conferencia Sectorial
El jueves se celebra una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Ministerio de Infancia abordará con las comunidades autónomas la última propuesta del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes. Según el plan trasladado por el Ejecutivo, se prevé la derivación de unos 3.000 jóvenes, la mayoría con destino a Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
La cita llega marcada por la reciente admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de los recursos presentados contra la reforma de la Ley de Extranjería. Seis comunidades autónomas —Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, bajo mandato socialista— han impugnado la norma al considerar que invade competencias autonómicas. El PP sigue mostrando sus dos almas ante la gestión de la emergencia humanitaria: mientras los gobiernos autonómicos del partido ponen trabas al reparto de menores, el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, insiste en que el Estado debe hacer cumplir la ley «le guste a quien le guste» y reprocha al Gobierno central una falta de «contundencia«.
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