Las grandes eléctricas propietarias han emprendido una batalla legal para tumbar la fuerte subida aprobada el año pasado por el Gobierno de la tasa que pagan sus centrales nucleares para financiar la gestión de los residuos radiactivos que general y el desmantelamiento de las propias plantas. Un choque entre energéticas y Ejecutivo en pleno debate sobre el aplazamiento de las clausuras de todos los reactores, que ha entrado en punto muerto por el encontronazo entre ambas partes sobre la rebaja de impuestos a las nucleares (que las eléctricas exigen y el Gobierno rechaza de plano).
Iberdrola y Endesa, los mayores operadores nucleares, reclaman al Estado compensaciones por un total de 778 millones de euros por la subida del 30% de la tasa y también tratan de frenar en el Tribunal Supremo el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) del Ejecutivo y el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca, que son los detonantes que han derivado en el alza del gravamen.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el año pasado fuerte subida del 30% de la tasa que pagan las nucleares para ajustar los ingresos previstos a los gastos recogidos en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y que se sumaba a la subida aplicada de casi el 20% aplicada desde 2019. Las compañías consideran que el último incremento es ilegal porque incumple precisamente el protocolo acordado con el Ejecutivo en 2019 para no subir el gravamen más del 20%.
El nuevo PGRR contempla la construcción de siete almacenes temporales para guardar los desechos nucleares durante unas décadas y un enorme cementerio nuclear definitivo para depositar los residuos para siempre, con un sobrecoste de unos 2.000 millones de euros (hasta los 20.200 millones hasta final del actual siglo) en relación a la anterior hoja de ruta.
320 millones más en seis meses
Las subidas de la tasa han acelerado en los últimos años el llenado del fondo público donde se guarda la tasa que abonan las centrales nucleares. España cuenta con un fondo milmillonario que se utilizará para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares según vayan cerrando y para construir los almacenes donde se guardarán todos los residuos radiactivos. La ‘hucha’ ha ido engordando durante años con las tasas que pagan las propias centrales nucleares en función de la electricidad que producen y también con los ingresos extra que se consiguen con las inversiones financieras realizadas con el propio dinero acumulado.
El llenado de la ‘hucha’ es cada vez más rápido en los últimos años tanto por las dos subidas de las tasas aplicadas por el Gobierno en 2019 y en 2024 como también por los cada vez mayores ingresos financieros por la rentabilidad de las inversiones en deuda pública y deuda corporativa. El importe del que dispone ahora el fondo se ha disparado hasta niveles récord, superando por primera vez en la historia los 9.000 millones de euros al cierre del pasado junio, según los datos provisionales de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), la sociedad pública encargada de gestionar el fondo milmillonario, y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Con estos más de 9.000 de existencias disponibles el importe ha registrado un incremento de más de 320 millones en solo seis meses, desde los 8.677 millones con que cerró 2024. El fondo ha disparado la cuantía guardada casi un 60% desde 2018, con una inyección extra de 3.300 millones en los siete años desde la llegada del presidente Pedro Sánchez a Moncloa. Los aumentos anuales del importe del fondo son cada vez mayores, según demuestran los registros de Enresa, por la combinación de subidas de la tasa que pagan las centrales y porque aún no ha comenzado el serial de cierres escalonados de todas las plantas.
Las cuentas de la subida
Tras la última subida, el gravamen que abonan las centrales nucleares a Enresa ha subido hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas. Las cinco centrales nucleares españolas abonaron el año pasado por este concepto casi 504 millones de euros, frente a los 454 millones de 2023. La estimación del sector es que durante 2025, el primer año completo en que se aplicará la subida, los pagos pueden acercarse a 600 millones.
En realidad, la denominada ‘tasa Enresa’ no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores. Una aportación que deben asumir por ley porque forma parte de sus propios costes de operación.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas.
En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025, por encima de los 1.426 millones abonados el año pasado (en el que la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la denominada ‘tasa Enresa’ se aplicó solo en la segunda mitad del ejercicio). Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.
Inversiones financieras por 8.000 millones
Cada una de las centrales nucleares hace una aportación al fondo en función de la electricidad que producen cada año hasta que se produzcan los cierres de las plantas, programados para que vayan ejecutándose de manera progresiva entre 2027 y 2035. El grueso del dinero acumulado en esa hucha no tendrá que gastarse hasta la clausura de las centrales nucleares y la construcción de todos esos almacenes para guardar (aunque ya se asumen gastos de almacenes ahora operativos o de los desmantelamientos de las antiguas centrales de Zorita y de Garoña).
Hasta entonces, el Estado español va invirtiendo gran parte de las cantidades acumuladas para conseguir rentabilidades que engorden el denominado Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Enresa cuenta con una cartera de inversiones financieras valoradas en 7.944 millones al cierre de 2024, un 7,5% más en un año y casi el doble que en 2018, según las memorias anuales del grupo estatal. Los objetivos que se ha marcado la empresa pública pasan por que el valor de esas inversiones se incremente de media entre 450 y 500 millones de euros cada año.
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