«Sobre Koldo. ¿Te suena? Escucha, ésto es delicadísimo». De este modo se dirigía en abril de 2021 el empresario hoy implicado en el caso hidrocarburos José Luis Caramés al capitán de la Unidad Central Operativa (UCO ) Juan Vicente Bonilla, que actualmente es responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. El agente le respondió entonces: «¿Dónde lo busco, Koldp (sic) del PSOE?».
Este intercambio de mensajes es reproducido por la abogada Leticia de la Hoz en un escrito que este lunes remitió al juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, solicitando una investigación interna en la Guardia Civil que aclare si su cliente sufrió una investigación prospectiva años antes de que en febrero de 2024 estallara la Operación Delorme que ha dado origen a esta causa.
Solicita concretamente que se libre oficio a la Dirección General de la Guardia Civil para que su departamento de asuntos internos emita un informe de auditoría detallado en el que se consignen las fechas precisas «en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho Cuerpo». Añade que en dicho análisis debería incluirse el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila), en relación con los datos concernientes a Koldo García, su hermano Joseba y su esposa Patricia Uriz.
Según la defensa, la información deberá extenderse, asimismo, a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones.
«Muy estimulante»
Días después de la conversación antes referida, Bonilla comentaba a su confidente: «Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería muy gozoso un achuchón de ese tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo».
Al hilo de todos estos mensajes, la defensa de Koldo recuerda que la prohibición de las investigaciones prospectivas en el derecho penal español «es un pilar fundamental para la protección de los derechos y libertades individuales frente a posibles abusos del poder estatal, garantizando que la investigación criminal se desarrolle dentro de los cauces de la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales». Agrega que cualquier prueba obtenida a través de una investigación prospectiva podría ser declarada nula, al haber vulnerado derechos fundamentales de su cliente.
Agrega la letrada en su escrito que «las actuaciones de investigación, especialmente las que implican injerencias en derechos fundamentales, deben estar asentadas en indicios sólidos y no en meras sospechas genéricas o difusas. «La policía y el Ministerio Fiscal no pueden iniciar investigaciones sin la noticia de un hecho concreto que presente caracteres de infracción penal», y por ello «si el contenido de un oficio policial o una diligencia de investigación se basa en hipótesis vagas, sin datos concretos y exactos, se considera que tiene un carácter prospectivo y, por tanto, nulo».
Todo ello lo pone la abogada en relación con el Derecho a la Intimidad y la Protección de Datos de carácter personal, ya que las investigaciones prospectivas suponen una injerencia desproporcionada y no justificada en la esfera privada de las personas, contrarias a la Constitución, «la cual garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y la protección de datos personales». «No se puede salir a investigar «en modo a ver lo que pesco», incide.
No se devolverán teléfonos
Por otro lado, este mismo martes el juez Moreno ha vuelto ha rechazar la petición de Koldo, su hermano y su esposa para que le sean devueltos los dispositivos electrónicos que les fueron incautados cuando fueron detenidos. «Toda vez que el copiado o clonado de los dispositivos electrónicos tiene como finalidad garantizar la integridad de la prueba, es decir, el mantenimiento de los dispositivos electrónicos tiene con objetivo principal mantener su integridad y evitar que en su examen se pueda producir alguna alteración o deterioro de los mismos», señala en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
El juez Ismael Moreno también deniega «la realización del expurgo de los documentos obrantes en dichos dispositivos digitales que contengan información irrelevante para la investigación en este momento procesal, todo ello sin perjuicio de su adopción en una fase más avanzada de la investigación», aclara.
Koldo García llega a la Audeincia Nacional entre policías el 22 de febrero de 2024. / Sergio Pérez EFE
Por otra parte,lass acusaciones populares personadas en este procedimiento, cuya dirección letrada ostenta el PP, se oponen a anular el registro efectuado el 20 de febrero de 2024 en el domicilio del ex asesor ministerial y recuerdan que Koldo García tenía «armas en su domicilio». En el escrito en el que exponen estos argumentos, al que ha tenido acceso este periódico, las acusaciones impugnan el recurso presentado por Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, que apuntó a supuestos abusos de los agentes en el registro al considerar que el mismo tuvo un «carácter desproporcionado» al haber utilizado «armas automáticas».
Según las acusaciones, y ante las alegaciones de la defensa de Uriz por la presencia de su hija pequeña en el domicilio cuando se produjo la entrada de los agentes de la Guardia Civil, señalan que no se puede «negar que se ha podido producir una perturbación del normal desarrollo de la vida de la menor«, pero dicho malestar «no conlleva consecuente y necesariamente una mala actuación policial y, mucho menos, la nulidad de la diligencia de entrada y registro», agregan.
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