El juez Juan Carlos Peinado habría llevado a cabo mala praxis con una situación presuntamente desfavorable para la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente. En concreto, según denuncian en declaraciones a ElPlural.com, en un supuesto que conllevaría, siempre atendiendo a las voces denunciantes, un presunto caso de “prevaricación y malversación de caudales públicos”.
Los hechos se refieren a las ayudas otorgadas a la cuestiones cuya actividad no resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de las administraciones. Esto no quiere decir que no sean importantes -un ejemplo de ello es que pueden ir destinadas a museos, el Palacio Real, comedores escolares u otras cuestiones sociales-, pero no se encuentran en el funcionamiento ordinario de la administración. En este sentido, el denunciante se refiere a subvenciones que tengan que ver con la luz o el transporte público, sin ir más lejos (Metro, por ejemplo).
El documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, hace alusión a ayudas otorgadas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023. Cabe destacar que en este periodo las Cuentas de la región estaban prorrogadas después de que Vox tumbara el dictamen de la presidenta en diciembre de 2022. “Esto tiene consecuencias”, espeta la fuente señalada en conversaciones con este periódico.
“Una subvención es un gasto presupuestario y el Presupuesto tiene que estar fiscalizado previamente, pero al prorrogarse no se fiscalizó”, expone en las mismas declaraciones. “No se puede mover dinero que no esté fiscalizado en un Presupuesto”, insiste.
Recayó en el juez Peinado
En el texto que ha podido leer este medio de comunicación, quien pone pie en pared estima que en el momento de redacción del escrito se habían convocado 2.739 subvenciones y concedida ayudas económicas a un total de 136.940 beneficiarios.
La denuncia a la que ha tenido acceso este periódico -se emitieron dos; una a la Audiencia Provincial de Madrid y otra al Tribunal Superior de Justicia de Madrid- recayó sobre el magistrado que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No tenía competencia para interesarse por una denuncia en la cual aparecen aforados”, expresa en primera instancia.
Y para seguir, considera que el magistrado actuó mal: “Se limitó a leerme la denuncia, sin hacerme ninguna pregunta ni abrir diligencia alguna, lo cual es obligado porque yo podría haber presentado una denuncia falsa”.
El documento al que ha accedido este periódico refleja: “(…) No dice nada expresamente de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, pero sí las menciona tácitamente, entre ellas las subvenciones muy importantes a nivel social, lo que implicaría dejar de atender a unas 35.000 niños y a otras 17.000 personas en riesgo de exclusión social”.
“En definitiva, la no aprobación de los Presupuestos para 2023 implica la desatención social a docenas de miles o de cientos de miles de madrileños, situación que la CAM sabía que no podía resolver saltándose la ley en los términos que se exponen en el presente escrito, pero la evidencia es, presuntamente, que sí que se han rebasado los umbrales prohibitivos y a sabiendas de ello, disponiendo, de modo presunto, con arbitrariedad de fondos públicos”, sigue.
Por desglose, las líneas se refieren a 52 convocatorias en enero, 41 en febrero, 72 en marzo, 73 en abril y 44 en mayo. En términos monetarios, en la denuncia se citan 42.030.000 euros concedidos a los colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, cerca de 50.000.000 euros para paliar los efectos de Filomena.
Ayuntamiento de Madrid
La misma situación, indica la parte denunciante, se dio en el Consistorio de Cibeles. De hecho, el propio Ayuntamiento habría reconocido en su página web que no podía otorgar determinadas subvenciones por lo ya expuesto, pero hizo caso omiso.
El denunciante elevó asimismo una denuncia contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida, pero de aquello “no volvió a tener noticia”.
Conexiones de los familiares de Peinado con el PP
La semana pasada, ElPlural.com publicaba en exclusiva que la pareja del magistrado se encuentra trabajando en el Ayuntamiento madrileño, concretamente como jefa de Servicio en el Área de Economía (Servicio Económico de Empresas Públicas, en el área de Gobierno de Economía, Innovación o Hacienda). Si bien es cierto que accedió al consistorio mediante oposición, el puesto que ocupa ahora es destacado.
En otro orden de cosas, su hija, Patricia Peinado, es consejera de Pozuelo de Alarcón; uno de los ayuntamientos más importantes de los ‘populares’ en la capital. Allí, ha pasado por cuatro puestos de trabajo distintos en algo más de un año: Zona Norte, Fiestas, Deportes y, actualmente, Zona Sur. Cabe destacar que no tiene experiencia previa en política más allá de la militancia, pues procede del gremio de la docencia.
La Comunidad de Madrid remite, en declaraciones a ElPlural.com, que no puede remitir postura con los datos de los que dispone este periódico.
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